La destrucción de 246.000 empleos formales privados en la era Milei encuentra un falso alivio estadístico en el auge del monotributo. Una radiografía de la mutación regresiva del trabajo.
La economía argentina transita la fase madura de su último experimento de estabilización macroeconómica, y el mercado laboral ofrece la métrica más nítida para auditar sus costos de fricción reales. Más allá del ordenamiento de los agregados monetarios y la convergencia fiscal, las cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) delinean un panorama ineludible: no estamos simplemente ante un ciclo transitorio de destrucción de empleo, sino frente a una mutación estructural y regresiva del mercado de trabajo.
Analizar esta dinámica en junio de 2026 resulta vital para comprender la viabilidad social y económica del actual esquema. Los datos oficiales exponen que el trabajo registrado total, excluyendo el Monotributo Social, pasó de 12.730.782 puestos en noviembre de 2023 a 12.546.139 en junio de este año.
Esto representa una caída neta de 184.643 puestos de trabajo, equivalente a una contracción del 1,5%. Sin embargo, detenerse en este agregado general es caer en una ilusión óptica que oculta el verdadero drama productivo: el modelo económico ha descargado su peso de manera asimétrica sobre el sector privado formal, empujando a miles de trabajadores hacia esquemas de supervivencia y precarización.
El desmantelamiento asimétrico del núcleo productivo
La premisa inicial de la actual administración apuntaba a una consolidación fiscal que, en la narrativa oficial, recaería sobre el exceso de burocracia estatal. La evidencia empírica, sin embargo, refuta esa tesis. El empleo asalariado registrado del sector privado se posicionó como la categoría con mayor nivel de contracción, pasando de 6.372.692 personas en noviembre de 2023 a 6.126.380 en junio de 2026.
Esta destrucción de 246.312 puestos de trabajo privados implica una caída del 3,9%, un impacto relativo muy superior a la reducción del 2,5% observada en el empleo público —que perdió 87.629 puestos en el mismo lapso—. El ajuste ortodoxo, canalizado a través del colapso de la demanda agregada y la parálisis de la inversión, operó como un cepo sobre el sector privado, desangrando al segmento que provee los mejores salarios y la mayor estabilidad del sistema.
Esta atrofia no se distribuyó al azar, sino que responde directamente a los incentivos de precios relativos forjados por el plan económico. Los sectores intensivos en mano de obra y orientados al mercado interno absorbieron el impacto pleno de la recesión. La industria manufacturera lideró el colapso absoluto, expulsando a 88.496 operarios y contrayendo su nómina un 7,4%. La construcción, altamente elástica al ciclo macroeconómico y diezmada por la parálisis de la obra pública, sufrió la mayor contracción relativa al perder el 14,2% de su dotación formal, equivalente a 62.700 empleos.
En la vereda opuesta, el rediseño macroeconómico favoreció casi con exclusividad a los rubros transables vinculados a la exportación primaria. La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue la principal ganadora del nuevo esquema, logrando crear 11.822 empleos, lo que representa un crecimiento del 3,8%. No obstante, la inelasticidad empleo-producto del agro es una barrera insalvable para la paz social: la alta densidad de capital y tecnología del campo le impide absorber a los miles de obreros metalúrgicos o albañiles desvinculados de las fábricas y las obras urbanas. El derrame, en términos laborales, es estadísticamente imperceptible frente a la masiva destrucción industrial.
La ilusión estadística: del salario de calidad al cuentapropismo precario
Aquí es donde el modelo revela su externalidad más severa, un fenómeno frecuentemente omitido por la narrativa oficial. La divergencia entre la pérdida neta de 184.643 puestos totales y el desplome mucho más pronunciado de 246.312 asalariados privados se explica por una masiva migración hacia formatos de trabajo independiente.
Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, la cantidad de contribuyentes inscriptos en el régimen de Monotributo saltó de 2.037.762 a 2.206.788. Esta incorporación neta de más de 169.000 trabajadores independientes actúa como un amortiguador estadístico que disimula la hemorragia del sistema, pero esconde una degradación sistémica en la calidad de vida de los argentinos.
El traslado forzoso de asalariados formales hacia el Monotributo no es, bajo ninguna métrica seria, un síntoma de “espíritu emprendedor”. Es, por el contrario, un refugio procíclico de supervivencia ante un modelo que no demanda trabajo de calidad. Económicamente, este efecto sustitución implica abandonar un ecosistema que garantiza paritarias, aguinaldo, indemnización por despido, vacaciones pagas y aportes jubilatorios robustos, para ingresar a un régimen de cuentapropismo altamente vulnerable, sin red de contención frente a accidentes o caídas en la demanda, y con una jubilación futura que, en la mayoría de los casos, rozará la línea de indigencia.
Esta precarización estructural trae aparejada, de forma casi invariable, una pérdida neta en los ingresos del trabajador. El mercado laboral argentino se está vaciando por el medio, reemplazando empleos de productividad media y alta en el sector privado por esquemas de autoempleo de bajísima productividad.
La divergencia salarial y el castigo al trabajador mediano
El castigo al mercado laboral formal se completa y agudiza por la vía de los precios. El ajuste no solo expulsó a casi un cuarto de millón de trabajadores privados, sino que deprimió los ingresos de aquellos que lograron conservar su posición, consolidando una matriz distributiva de carácter netamente regresivo.
Al deflactar los ingresos por el Índice de Precios al Consumidor (INDEC) a valores de junio de 2026, el sesgo del modelo queda al descubierto. La remuneración promedio del sector privado muestra una caída del 0,8% frente a la línea de base de noviembre de 2023. Desde una mirada superficial, se podría argumentar que el poder adquisitivo promedio logró empatar casi por completo la carrera contra la inflación tras la megadevaluación inicial.
Sin embargo, el rigor técnico exige analizar la remuneración mediana, el indicador que aísla las distorsiones de los sueldos gerenciales y de alta calificación para reflejar la verdadera capacidad de compra del trabajador “típico”. Esta remuneración mediana real llegó a desplomarse cerca de un 12% a inicios de 2024 y, a junio de 2026, todavía registra una contracción estructural del 2,6%.
El ensanchamiento de la brecha entre el promedio y la mediana corrobora un axioma doloroso: los estratos superiores del mercado formal han logrado indexar sus ingresos y blindarse frente a la nominalidad, mientras que la base y el medio de la pirámide asalariada han absorbido el costo residual del impuesto inflacionario.
Conclusión: el riesgo de una macroeconomía dual
La estabilización de los desequilibrios financieros era una condición sine qua non para evitar el colapso, pero la radiografía a mediados de 2026 exige interpelar el costo y la sostenibilidad del equilibrio alcanzado.
Una economía que se jacta de sus superávits mientras contrae su núcleo asalariado privado en casi un 4%, castiga a su entramado industrial y empuja a cientos de miles de ciudadanos a la precarización del monotributo, no está sentando las bases para el desarrollo a largo plazo. Está administrando, con encomiable prolijidad contable, un país estructuralmente más pequeño y desigual.
Si las políticas de incentivo productivo no logran revertir urgentemente esta atrofia y regenerar empleos privados de alta calidad, Argentina corre el riesgo definitivo de consolidar una economía dual: un sector exportador tecnificado y altamente rentable, conviviendo en paralelo con un vasto mar de cuentapropismo precario y salarios deprimidos. Y en economía, la destrucción del capital humano es un daño que ninguna planilla de Excel puede reparar a corto plazo.
Cristian Buteler, Economista