El gremio paralizará las actividades este martes y marchará a la sede central. Denuncia falta de prestaciones, una deuda con prestadores superior a $500.000 millones y salarios deteriorados, mientras se suceden las suspensiones de servicios en distintos puntos del país. El duro panorama arrincona al ministro de Salud, Mario Lugones, y al titular de la entidad, Esteban Leguízamo, que continúa muy cuestionado.
La crisis del PAMI suma un nuevo capítulo y escala en el frente gremial. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización este martes 8 de septiembre a las 13 hacia la sede central de la obra social, ubicada en avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por el deterioro de las prestaciones, la situación de los trabajadores y el funcionamiento general del organismo.
La medida alcanza a los trabajadores del PAMI en todo el país y representa una profundización de un conflicto que durante los últimos meses tuvo distintos focos: atrasos en los pagos a prestadores, suspensión de servicios, reclamos de profesionales y clínicas, dificultades para garantizar tratamientos y cuestionamientos sobre el financiamiento de la obra social.
“Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien además es trabajador del organismo.
El dirigente afirmó que la situación atraviesa un punto crítico y vinculó el deterioro de las prestaciones con la falta de medicamentos y las dificultades para acceder al sistema de salud. Según planteó, durante los últimos dos años se registraron 45 mil muertes de adultos mayores más de las esperadas, una afirmación que ATE utiliza para dimensionar el impacto que atribuye al deterioro de las condiciones de vida y del acceso a la atención sanitaria.
Un conflicto que viene acumulando capítulos
La protesta sindical llega después de una serie de episodios que expusieron las dificultades que atraviesa la obra social.
En marzo, Mundo Gremial había advertido sobre los atrasos en los pagos a distintos prestadores del PAMI, entre ellos odontólogos, ópticas, acompañantes terapéuticos y otros profesionales. La situación había provocado suspensiones de servicios en distintas provincias.
En mayo, el conflicto alcanzó nuevamente a la atención odontológica. La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) anunció la suspensión de prestaciones por incumplimientos en los pagos por capitación y retrasos vinculados a prótesis odontológicas.
Durante agosto, la tensión volvió a crecer. Más de 25 clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa anunciaron una suspensión de 24 horas en la atención a afiliados del PAMI, en reclamo por el atraso de los aranceles y las dificultades para sostener las prestaciones. La medida alcanzaba a unos 300 mil afiliados de la región.
En paralelo, más de 200 centros de diálisis advirtieron sobre el impacto de recortes y congelamientos en los pagos. Según la entidad que nuclea a esos prestadores, la situación ponía en riesgo la continuidad de los tratamientos de unos 4.700 afiliados del PAMI y existía una brecha cercana al 50% entre los costos de los centros y los valores reconocidos por la obra social.
El escenario configura así una crisis que no se limita a un único sector. El deterioro de los valores reconocidos a los prestadores y los atrasos en los pagos comenzaron a traducirse en restricciones concretas en el acceso a distintas prestaciones.
ATE apunta contra el vaciamiento
Para ATE, el problema excede las dificultades administrativas y forma parte de un proceso de vaciamiento del organismo. “Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable”, sostuvo Aguiar al anunciar la medida de fuerza.
El dirigente cuestionó además que mientras los funcionarios perciben salarios que calificó como millonarios, los trabajadores del organismo mantienen sus remuneraciones congeladas y por debajo de la canasta básica.
El reclamo gremial también tiene antecedentes recientes. En agosto, ATE consiguió la reincorporación de trabajadores del PAMI que habían sido despedidos durante abril, luego de una disputa judicial y de sucesivas protestas en la sede central de la obra social. Entre los trabajadores alcanzados se encontraba una representante gremial de la Junta Interna de Rosario.
Días después, ATE había convocado a un plenario nacional de delegados del organismo para analizar la situación. El encuentro reunió a representantes de distintas jurisdicciones y puso en agenda la continuidad del conflicto.
El financiamiento, otro de los puntos críticos
ATE también cuestionó el esquema de financiamiento del PAMI y puso el foco en la eliminación del Impuesto PAIS, que destinaba parte de su recaudación a la obra social.
Según la denuncia sindical, en 2024 el Gobierno había comprometido una compensación mediante recursos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los $2,8 billones que, de acuerdo con ATE, hubieran ingresado al PAMI a través de ese tributo, hasta julio de este año se habrían compensado $0,9 billones.
Ese desfasaje es presentado por el gremio como uno de los componentes del deterioro financiero que impacta sobre la capacidad de la obra social para sostener sus prestaciones.
Cambios en la conducción y más incertidumbre
La crisis también se desarrolla en medio de movimientos en la estructura de conducción del organismo.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva del PAMI, quien será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, vinculada políticamente a Santiago Caputo, según la denuncia difundida por ATE.
También se produjo la salida de Florencia Zicavo de la sindicatura del organismo, cargo que, de acuerdo con la información difundida por el sindicato, todavía no tenía reemplazante definido.
Los movimientos se producen después de meses de tensión alrededor de la conducción del PAMI. En agosto, Mundo Gremial había informado sobre versiones de cambios en la cúpula del organismo y en el Ministerio de Salud, en un contexto marcado por los conflictos con prestadores y los reclamos por el deterioro de las prestaciones.
Con ese escenario como telón de fondo, ATE decidió llevar el conflicto a un nuevo nivel.
Paro y movilización
El martes, los trabajadores del PAMI paralizarán sus actividades en todo el país y se movilizarán a la sede central de la obra social.
La protesta coloca en un mismo escenario los reclamos laborales y la situación de los millones de jubilados y pensionados que dependen del organismo para acceder a sus prestaciones. “Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación”, afirmó Aguiar, quien advirtió que, si no aparecen respuestas, las medidas de fuerza se profundizarán.
La movilización de ATE se suma así a una serie de conflictos que durante los últimos meses fueron exponiendo distintos puntos débiles del sistema. Prestadores que suspenden servicios, centros que advierten sobre la continuidad de tratamientos, profesionales que reclaman por pagos atrasados y trabajadores que denuncian deterioro salarial confluyen ahora en una misma disputa.
Mundo Gremial