El Tribunal Oral Federal de Formosa extinguió la sanción de arresto domiciliario al agotarse el plazo legal fijado por la Justicia.
El Tribunal Oral Federal de Formosa ordenó el cese inmediato de los arrestos domiciliarios de Claudio Hugo Cisneros, Walter Hugo Ponce de León y Viterman Ponce de León, quienes habían sido condenados por cazar, carnear y comer un yaguareté.
La resolución fue dictada por el juez de ejecución Rubén Quiñones al declararse extinguida la pena de dos años de prisión por haberse agotado el plazo legal.
Condiciones del fallo y reparación ambiental
El magistrado fundamentó la decisión en la ausencia de informes negativos por parte de las autoridades de control y dispuso el retiro de los dispositivos de monitoreo electrónico. La fiscal general subrogante Laura Carolina Wolffradt no presentó objeciones ante la medida solicitada.
A pesar de recuperar la libertad, la Cámara Federal de Resistencia ratificó que Walter y Viterman Ponce de León deben cumplir con las obligaciones fijadas en la sentencia. Cada uno deberá abonar $5 millones en concepto de recomposición ambiental, fondos que serán destinados al Programa de Conservación del Yaguareté.
Los tres involucrados habían sido detenidos el 2 de septiembre de 2024 y permanecían bajo la modalidad de arresto domiciliario desde el 5 de noviembre de ese mismo año. Un cuarto imputado, Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el ilícito, había recibido dos años de prisión en ejecución en suspenso, según reportó el medio Infobae.
El origen de la causa judicial
El episodio ocurrió en julio de 2024 en un establecimiento de Estanislao del Campo. Los acusados difundieron en redes sociales fotografías y videos del ejemplar muerto y despellejado, lo que dio inicio a la causa penal.
Durante las audiencias, los imputados argumentaron haber actuado por miedo y en legítima defensa. Sin embargo, el proceso derivó en una sanción histórica dada la condición de la especie, declarada Monumento Natural Provincial en Formosa y catalogada en peligro crítico de extinción. En el expediente intervinieron como querellantes Parques Nacionales, el gobierno formoseño y la Fundación Red Yaguareté.
Infobae