Representantes de redes de salas de distintas provincias y organizaciones del sector teatral cuestionan la política cultural de la gestión del presidente Javier Milei. Denuncian que en 2025 el Instituto Nacional del Teatro dejó de recibir más de $5.000 millones que, según sostienen, deberían haber sido transferidos por el Ente Nacional de Comunicaciones y reclaman la restitución de los fondos.
El conflicto vuelve a poner al Instituto Nacional del Teatro (INT) en el centro de la discusión sobre los recortes aplicados por el Gobierno nacional a las políticas culturales. Redes de salas y organizaciones vinculadas con el teatro independiente difundieron una declaración en la que denuncian el desfinanciamiento del organismo, el debilitamiento de su estructura institucional y el incumplimiento de los mecanismos de financiamiento establecidos por la Ley Nacional del Teatro 24.800. El reclamo central está condensado en una consigna: “¡Devuelvan los fondos al INT!”.
Según el documento difundido por las organizaciones, durante 2025 el INT no recibió más de $5.000 millones que deberían haber sido transferidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). La Ley 24.800 establece que el 10% de lo recaudado por ese organismo en concepto de tasas y gravámenes a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual debe ser destinado al Instituto.
El sector teatral sostiene que el problema viene de antes. Los cambios tecnológicos y la transformación del mercado audiovisual redujeron en los últimos años el peso relativo de esa fuente de financiamiento. Por eso, las organizaciones habían reclamado ampliar la recaudación destinada al INT incorporando a plataformas y aplicaciones. Según denuncian ahora, el Gobierno de Milei no sólo no avanzó en esa ampliación sino que, además, incumplió con la transferencia de recursos que ya está contemplada por la legislación vigente.
“¿Dónde está todo ese dinero? ¿Para qué se usó? ¿Quién decidió ilegalmente el destino de esos fondos?”, cuestionan los firmantes, que reclaman explicaciones sobre los recursos que, según sostienen, correspondían al Instituto.
La consecuencia, advierten, es una fuerte reducción de la capacidad del organismo para sostener la actividad teatral en todo el país. Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a la eliminación de la histórica Línea de Funcionamiento de Sala, una herramienta destinada a acompañar económicamente a espacios teatrales. Para las organizaciones, la decisión pone en riesgo tanto a salas de larga trayectoria como a proyectos emergentes que dependen de esos aportes para continuar abiertos.
La declaración también cuestiona los montos disponibles para las líneas de subsidios que permanecen vigentes. Según el sector, los topes quedaron completamente desactualizados frente al aumento de los costos de producción y mantenimiento, mientras que los requisitos de presentación se volvieron más restrictivos y los plazos de ejecución resultan inciertos y excesivamente prolongados.
El resultado, según denuncian, es una “cuasi paralización” del INT y una reducción de sus políticas de fomento a una presencia “cosmética o simbólica”. El reclamo incluye además una dimensión institucional. Las organizaciones cuestionan al Gobierno por la falta de convocatoria a concursos públicos para cubrir los cargos de representantes provinciales del Instituto, un mecanismo previsto por la Ley Nacional del Teatro. La demora, sostienen, debilita la representación federal y afecta el funcionamiento administrativo y democrático del organismo.
El INT está actualmente conducido por Federico Brunetti, quien fue designado hace aproximadamente un año por Leonardo Cifelli, entonces secretario de Cultura de la Nación. Las organizaciones responsabilizan a la Dirección Ejecutiva del organismo por la falta de avances y cuestionan la ausencia de explicaciones claras sobre las demoras en la convocatoria a los concursos.
La declaración también pone en cuestión uno de los argumentos utilizados por el Gobierno de Milei para justificar sus políticas de ajuste: la necesidad de reducir el peso de las estructuras administrativas. Los firmantes recuerdan que durante años se cuestionó que una proporción demasiado elevada del presupuesto del INT estuviera destinada a su funcionamiento interno en relación con los recursos que llegaban a la comunidad teatral.
“Por el contrario resulta que entre este año y el anterior el porcentaje destinado a la estructura administrativa será récord absoluto como consecuencia de la disminución hasta el insulto de los aportes al sector”, sostienen.
Para las organizaciones teatrales, el conflicto forma parte de una política más amplia de la administración de Milei hacia la cultura. Recuerdan que, cuando comenzaron los recortes y el Gobierno argumentaba que existían otras prioridades económicas y sociales, el sector advertía que el abandono de las políticas culturales podía ser el anticipo de un deterioro más general de las políticas públicas.
Ahora sostienen que aquella advertencia se confirmó y cuestionan lo que consideran una combinación de “falta de gestión, desfinanciamiento y crueldad” que afecta a distintos sectores de la sociedad. La discusión, sin embargo, no se limita a una disputa presupuestaria. Las entidades teatrales sostienen que la cultura es un derecho y que el Estado tiene obligaciones concretas para garantizar tanto la producción artística como el acceso de la población a sus manifestaciones. En ese sentido, recuerdan que la propia Ley Nacional del Teatro establece entre sus objetivos la promoción de la actividad y el acceso de la comunidad al teatro.
“El Estado debe garantizar el acceso a las expresiones artísticas”, sostiene la declaración, que vincula la política cultural con la identidad nacional, la cohesión social, el desarrollo sostenible y la representación argentina en el exterior. El planteo tiene un peso particular en el teatro independiente, un circuito que combina ingresos de taquilla, trabajo autogestivo y políticas públicas de fomento. Para las organizaciones firmantes, la reducción de los recursos del INT no significa solamente menos subsidios: pone en riesgo la continuidad de salas, compañías y producciones que, especialmente fuera de los grandes centros urbanos, difícilmente puedan sostenerse exclusivamente con los ingresos de la actividad.
Por eso, el documento termina con una doble denuncia y un reclamo directo al Gobierno nacional: “¡Denunciamos el vaciamiento y la paralización del INT!”. Y, como síntesis de la disputa, insiste: “¡Devuelvan los fondos al INT! ¡La cultura es un derecho!”.
Tiempo Argentino