El presidente de la Cooperativa de Motomandados de Resistencia, Fabio Zerpa, reclamó en CIUDAD TV la aplicación efectiva de las normas que regulan la actividad y un mayor control estatal sobre quienes prestan el servicio de reparto. Advirtió que la falta de identificación y registro genera riesgos para trabajadores y usuarios. También cuestionó el enfoque basado exclusivamente en sanciones y pidió políticas de educación y reconocimiento a los buenos conductores.
Zerpa señaló que, ante la ausencia de controles adecuados, resulta difícil conocer quiénes prestan el servicio en las calles. “Al no tener una regulación, un control del Estado como corresponde, queda al libre albedrío de la delincuencia de camuflarse de cualquier tipo de trabajador, ya sea de plataforma o de una empresa local”, afirmó.
“El motomandado siempre generó confianza y, en ese sentido, venimos hace mucho tiempo denunciando que la delincuencia históricamente ha usado el camuflaje que representa este rubro”, sostuvo.
En ese sentido, recordó que la actividad cuenta con normativa vigente tanto a nivel municipal como provincial. Mencionó la ordenanza 9833, que regula la actividad en Resistencia desde 2010, y la Ley provincial 8003, sancionada en 2017 y ampliada en 2021 para incorporar a los trabajadores de plataformas digitales.
También destacó la existencia de un registro en la Dirección de Transporte, donde deberían figurar los trabajadores del sector para facilitar el control estatal.
“Ya venimos anunciando públicamente en los medios la falta de cumplimiento, la falta de ejecución plena de las normas”, manifestó.
Según Zerpa, históricamente se aplicaron controles y sanciones con mayor rigor sobre los motociclistas que cometen infracciones, mientras que no ocurrió lo mismo con las normas vinculadas específicamente a la actividad de los motomandados.
“Estas ordenanzas que están vigentes y que generan derecho al trabajador y también seguridad al usuario de saber quiénes son los que están en la calle, hasta la fecha no se han puesto en marcha”, cuestionó.
Seguridad para los trabajadores
El presidente de la cooperativa también describió las dificultades que atraviesan los trabajadores durante sus recorridos. Señaló que existen casos en los que los motomandados son citados en distintos barrios y terminan siendo víctimas de robos.
Frente a esta situación, sostuvo que la organización fue una de las principales herramientas que encontraron durante los 30 años de actividad del rubro en Resistencia y la provincia.
Zerpa recordó además que el sector comenzó a trabajar con mayor énfasis en seguridad luego del fallecimiento de un trabajador en 2009, quien fue atropellado por un colectivo de la línea 8.
“Desde ahí nos pusimos a trabajar, en conjunto con empresarios en aquel momento, en seguridad. Primero que todo, exigirle a cada trabajador que use el casco”, relató.
Sin embargo, explicó que la expansión de las plataformas digitales modificó la organización del sector y dificultó el contacto directo entre los trabajadores. “Ahora con esta plataforma digital, los chicos están dispersos, es muy difícil reunirlos y mucho más difícil hablarle de seguridad”, indicó.
Críticas al aumento de multas
Consultado por la ley nacional que aumenta las multas para motociclistas infractores, Zerpa cuestionó que las políticas de seguridad vial estén centradas principalmente en las sanciones.
“Ya es costumbre de los gobiernos buscar o camuflar la seguridad vial a través de sanciones. La sanción significa recaudación para el Estado”, sostuvo.
En contraposición, planteó la necesidad de implementar campañas de concientización, capacitación y reconocimiento a quienes cumplen las normas.
“No recuerdo algún gobierno que haya hecho una campaña de concienciación, de capacitación positiva. A los infractores los sancionamos, pero ¿qué pasa con el buen conductor?”, planteó.
Para Zerpa, reconocer las buenas prácticas podría contribuir a generar nuevos hábitos entre los conductores. “Tenemos que también apuntar a políticas para premiar al buen conductor y que sea un ejemplo que el otro siga”, afirmó.
El dirigente consideró que el Estado debe asumir un rol central en la construcción de una política de seguridad vial que contemple las particularidades de cada sector.
“Está en el Estado tomar las cartas en el asunto, que es quien tiene los recursos humanos y económicos para concientizar a la gente y cambiar la cultura vial, la cultura del motociclista”, sostuvo.
También remarcó que la actividad de los motomandados tiene características particulares, debido a que se trata de una modalidad de trabajo “a destajo”, y consideró que las políticas de seguridad vial deben contemplar específicamente las condiciones en las que desarrollan su tarea.
“Nosotros somos la cara visible de todo este sistema de reparto”
Zerpa sostuvo además que las capacitaciones destinadas a trabajadores jóvenes deben profundizarse y criticó el nivel de algunas de las propuestas realizadas desde organismos municipales y provinciales.
“Hemos participado en muchas capacitaciones organizadas a nivel nacional, provincial y municipal. Lamentablemente, las capacitaciones a nivel municipal y provincial no sirven. Son muy básicas”, expresó.
“Tenemos que empezar a no mirar la seguridad vial como un correo político, sino sentarnos todas las partes y construir una verdadera política de seguridad vial y que contemple a todos los factores, peatones, motociclistas y vehículos”, concluyó.