El marido de la senadora libertaria Ivanna Arrascaeta está sospechado de sobrefacturar servicios de las clínicas de su familia. Ante las denuncias de la funcionaria a cargo del PAMI de San Luis, Lule Menem intentó evitar otro escándalo tipo Adorni.
El empresario Rodolfo Negri y su esposa, la senadora Arrascaeta, fueron denunciados por amenazar a la ex directora del PAMI de San Luis, Cecilia Morales, por oponerse a la convalidación de una sobrefacturación de cientos de millones de pesos en favor de la clínica Aconcagua (ex clínica de Fracturas), sus consultorios externos y un centro de rehabilitación en manos de Mauricio Negri, cuñado de la legisladora.
Según consta en la denuncia de Morales, Arrascaeta la abordó en el aeropuerto de San Luis el 1º de junio pasado, antes de un viaje a Buenos Aires, para exigirle que no le impidiera a uno de los hombres de confianza de su esposo la carga de las prestaciones por computadora, un mecanismo que usaba desde afuera del PAMI, aparentemente para simular servicios de las dos clínicas y el centro de día de la familia Negri.
“Voy a cortar cabezas, voy a cortar todas las cabezas”, habría dicho la senadora mientras tomaba del brazo a Morales, que hacía fila para abordar el avión.
Detrás suyo, Negri le reprochaba con tono amenazante pero en voz baja que hubiese instruido auditorías a las clínicas de su hermano, sin haberle avisado. “¿Cómo no me vas a avisar de la auditoría que mandan a realizar desde el MPF?”, se quejaba el empresario, en referencia a las investigaciones internas dispuestas ante las sospechas de corrupción.
El problema comenzó en septiembre de 2025, cuando Morales se hizo cargo de la conducción del organismo a pedido de Negri. El empresario, que se jacta de ser el dueño de la banca de Arrascaeta, tal como reveló LPO, pretendía que la flamante funcionaria y el personal del PAMI aceptaran sus órdenes a pie juntillas.
Sin embargo, Morales empezó a detectar las irregularidades. Empleados de la institución comentaron a LPO que “la familia Negri le facturaba al PAMI mensualmente más que toda la provincia de Mendoza y más que todo el municipio de La Matanza”.
Según las estimaciones de la repartición puntana del PAMI, en septiembre del año pasado los hermanos Negri habrían sacado prestaciones por el equivalente a 1091 millones de pesos, en octubre la suma fue de 825 millones, en noviembre superaron los 700 millones, al igual que en diciembre, y en enero y febrero de 2026 volvieron a trepar por encima de los 900 millones de pesos.
La resistencia de Morales no era ilógica. El último 15 de mayo la auxiliar fiscal Paula Bellotti, miembro de la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos cometidos en el PAMI, le mandó un escrito al gerente de Legal y Técnica del organismo, Claudio Bargas Modernell, para que remita copias digitales de las auditorías realizadas en la clínica de Mauricio Negri.
Bellotti explicó que temía la “posible defraudación contra la administración pública mediante la falsa transmisión de órdenes de prestación correspondientes al módulo Fisiatría”, en el centro de día de la familia Negri. Para corroborarlo, reclamó números de OP, horarios y fechas de emisión, diagnósticos, prescripción, acciones, documentación respaldatoria de las prestaciones realizadas y montos abonados al prestador, entre otros detalles.
Fuentes del PAMI explicaron a LPO que “no hay forma de que presenten eso porque metían miles de órdenes de prestación y no hay espacio de tiempo para atender esa cantidad de gente”.
Un empleado recordó la ocasión en que el apoderado legal de la clínica Aconcagua, Daniel Francisco Pino Adaro, tuvo que responder si “había informado de más una prestación”. Corría noviembre de 2025 y Pino Adaro comunicó a la sede puntana de PAMI que en realidad “la cirugía realizada no había sido cargada en el sistema, posiblemente por un error administrativo o un hackeo técnico”.
Como sea, el tema empezó a escalar con la radicación de una denuncia en el juzgado federal de San Luis contra Negri y la senadora, que preside la comisión de Salud en el Senado pero no se le conoce la voz en el recinto, que habría entrado en pánico. El empresario organizó entonces una reunión en la sucursal del PAMI en San Luis, con Morales y otros empleados jerárquicos que grabaron la conversación.
LPO accedió a ese audio y allí se escucha cómo Negri pretende que Morales suministre información para contestar contra el PAMI y poder despegarse de la investigación judicial.
“Yo lo que quiero es que me faciliten la torpeza de la gestión anterior para que yo me pueda defender sin discutir demasiado porque la realidad es que fue todo bizarro”, se lo escucha decir a Negri, y unos minutos después precisa: “yo necesito, con la mejor cara de buenos de ustedes, que digan ‘che, pará, este flaco sabe todo lo que pasó’, o sea, yo soy malo, ¿entendés? Me sé defender, el vago sabe de esto (…) para que no tenga yo ningún tipo de incumplimiento”.
Por eso, Lule Menem, que controla en los hechos numerosas delegaciones del PAMI, convocó a una reunión antes que empiece el Mundial para mitigar los daños, cuando todavía estaba el gobierno asediado por el escándalo de Manuel Adorni.
De ese mitin participaron, además del riojano, la ex directora Morales, la senadora Arrascaeta, el propio Negri y el ex subdirector ejecutivo del PAMI, Carlos Blas Zamparolo. Menem, que mantiene esquemas de ascendencia y administración similares en casi todos los distritos con el PAMI, tal como ocurre con el diputado Manuel Quintar en Jujuy, habría intentado que la confrontación terminara, pero uno de los presentes deslizó ante LPO que el dueño de las clínicas “amenazó con formar un monobloque” con la banca de su esposa y “quitar el apoyo y voto a las leyes de LLA, sabiendo que ellos estaban jugados con la cantidad senadores y querían evitar otro escándalo después de lo de Adorni”.
El llamado de atención de la Casa Rosada no detuvo a Negri, quien tampoco renunció a los hostigamientos contra el personal del PAMI. Por caso, el 25 de junio, una empleada envió un mail al equipo de orientación de la institución denunciando que el prestador recurría a llamados telefónicos para amedrentarla a ella y sus compañeros o enviaba al apoderado, Pino Adaro, y también amenazaba con despidos.
En su mensaje, la mujer narraba una escena de discusión, que incluyó “violencia” e “insultos”, y solicitaba “la urgente intervención del equipo” de orientación.
En el Congreso, comentaron a LPO que en efecto, esa delegación “tiene varias investigaciones abiertas por defraudación de este prestador”. De hecho, la ex directora Morales pedía que se revisaran más de 7 mil órdenes de prestación, desde el año 2024 hasta el 2026, tarea que no pudo terminarse por su intempestiva renuncia.
Los aprietes contra la funcionaria solían ocurrir en el bar “Lo de Filippo”, en la capital puntana, aunque sus compañeros reconocen que también se habrían presentado en su domicilio hombres que decían responder a Negri.
La Política Online