¿Qué ocurre cuando una misma cultura profesional y red de relaciones pasan de las mesas financieras a decidir la política económica?
Por Pablo Tigani*
Hay una frase que resume mejor que cualquier discurso económico el problema político de la Argentina financiera de 2023-2026. Cuando le preguntaron dónde estaban los aproximadamente cuatro billones de pesos que no aparecían en la cuenta del Tesoro en el Banco Central después de una licitación de deuda, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, respondió: “Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están”.
En otro país, una respuesta semejante provocaría una explicación inmediata, una reconstrucción contable, una investigación parlamentaria o, como mínimo, una exigencia pública de transparencia. En la Argentina de la financiarización permanente puede convertirse en una frase casi graciosa. No lo es.
Es algo mucho más grave, es una radiografía de la impunidad con la que el poder financiero puede administrar el Estado cuando deja de sentirse obligado a explicar lo que hace con el dinero público.
Porque el problema no es que los cuatro billones hayan desaparecido físicamente. Nadie sostiene eso. El problema es otro, y resulta bastante más inquietante; durante un período determinado, esos fondos no podían ser reconstruidos públicamente con la claridad que debería exigirse respecto de recursos administrados por el Estado. Mientras los pesos cambiaban de lugar entre el Tesoro, el Banco Central y eventualmente entidades financieras, la explicación institucional quedaba suspendida en una frase que parece salida de una sobremesa y no de la presidencia de la autoridad monetaria de un país: en algún lado están.
Y ese “algún lado” es precisamente el problema.
Porque en las finanzas contemporáneas saber dónde está el dinero, quién lo administra, cuándo se mueve, bajo qué instrumento, con qué contraparte y con qué finalidad no constituye un detalle técnico. Es poder. Quien dispone de esa información antes que los demás posee una ventaja económica. Quien puede decidir el movimiento de fondos públicos y simultáneamente conoce cómo reaccionarán los mercados posee una ventaja todavía mayor. Y cuando quienes ocupan los puestos decisivos del Estado provienen precisamente de los mercados financieros que esas instituciones deben regular, administrar o abastecer de activos, la cuestión deja de ser solamente económica.
Se convierte en una cuestión de poder.
Este artículo parte de una hipótesis deliberadamente embarazosa: durante el gobierno de Javier Milei se consolidó en la Argentina una modalidad de ejercicio del poder económico en la cual la racionalidad del trader dejó de operar solamente dentro del mercado y comenzó a organizar decisiones tomadas desde el propio Estado.
Luis Caputo no llegó al Ministerio de Economía desde una carrera política convencional; Santiago Bausili llegó al Banco Central después de una trayectoria estrechamente vinculada con las finanzas internacionales; Pablo Quirno, Vladimir Werning, José Luis Daza, Demian Reidel y otros integrantes del dispositivo económico comparten trayectorias profesionales conectadas con bancos de inversión, mercados internacionales, fondos y organismos financieros.
La cuestión, por lo tanto, no es demonizar a quienes trabajaron en Wall Street, ni sostener que todo exbanquero que ocupa un cargo público necesariamente delinque. Esa sería una acusación intelectualmente pobre. La cuestión verdaderamente relevante es mucho más seria: ¿qué ocurre cuando una misma cultura profesional, una misma red de relaciones y una misma forma de interpretar el riesgo, la información, el dinero y el Estado pasan desde las mesas de operaciones hacia los lugares donde se decide la política económica?
Mi respuesta es que allí aparece una forma específica de poder que en trabajos anteriores he denominado Estado Trader.
El concepto no describe simplemente un gobierno integrado por economistas o ejecutivos financieros. Describe una transformación más profunda, el desplazamiento de la racionalidad del operador financiero hacia el interior de las instituciones que producen y administran las condiciones del mercado. El Estado ya no aparece solamente como árbitro, regulador o garante de la economía de mercado. Puede convertirse en un jugador que interviene sobre liquidez, deuda, reservas, tipo de cambio, tasas, instrumentos financieros y expectativas, mientras sus propios funcionarios conocen desde dentro los mecanismos mediante los cuales esos mercados funcionan.
La Argentina ofrece un laboratorio particularmente revelador para observar esta transformación.
No porque sus protagonistas oculten necesariamente que son financieros. Al contrario, sus trayectorias son conocidas. Lo que resulta extraordinario es que una sociedad pueda aceptar como normal que quienes durante décadas aprendieron a operar en mercados financieros pasen a administrar las variables que determinan el rendimiento de esos mismos mercados y que, frente a interrogantes elementales sobre el destino de fondos públicos, la respuesta institucional pueda reducirse a que el dinero “en algún lado” debe estar.
El episodio de los cuatro billones no apareció aislado. Debe existir material documental que reconstruya los movimientos abruptos en las cuentas del Tesoro, variaciones en depósitos en dólares y pesos y operaciones cuya explicación pública no permitió establecer inmediatamente el origen y destino de todos los fondos. En un caso se registró incluso un salto de aproximadamente USD 780 millones en las tenencias del Tesoro cuya composición no podía determinarse con la información pública disponible.
Y luego reapareció otra pregunta todavía más sensible: ¿qué ocurrió con el oro del Banco Central?
(*) Doctor en Ciencia Política y Máster en Política Económica Internacional