La Fiscalía boliviana acusó al consultor argentino por el ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller. En paralelo, la Justicia resolvió que la causa no sea declarada en reserva y continúe con acceso a la información del expediente.
La situación judicial de Fernando Cerimedo se agravó en Bolivia, luego de que la Fiscalía lo imputara por tentativa de femicidio en la causa que investiga el ataque a balazos contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller. El consultor político argentino se negó a declarar y continuará detenido mientras la Justicia avanza con la investigación.
Cerimedo está acusado de haber tenido participación como presunto autor intelectual del ataque ocurrido el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra. Beller recibió tres disparos cuando se encontraba en la puerta de un hotel, luego de ser abordada por personas que, según la información incorporada a la investigación, se hicieron pasar por repartidores.
El consultor fue detenido horas después del hecho y quedó bajo custodia de las autoridades bolivianas. Según informó la Fiscalía, la decisión de mantenerlo detenido está vinculada al riesgo de fuga, mientras continúa la investigación para identificar tanto a los autores materiales como a quienes podrían haber participado en la planificación del ataque.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, señaló además que la pesquisa no se limita a Cerimedo y que los investigadores buscan establecer si hubo otras personas involucradas como posibles autores intelectuales. La Justicia intenta reconstruir la secuencia del ataque y determinar la relación entre quienes lo ejecutaron y quienes eventualmente lo habrían planificado.
En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia resolvió que la causa no sea declarada en reserva. La decisión fue adoptada luego de un pedido público de Beller, quien reclamó poder acceder a toda la información del expediente y denunció un supuesto encubrimiento policial en favor de Cerimedo.
El presidente del Tribunal Supremo, Romer Saucedo, instruyó al juez que interviene en el caso que la investigación permanezca abierta y que se le brinden a la denunciante las garantías necesarias para acceder a la información. También pidió que se dé curso de manera diligente a los requerimientos que presente el Ministerio Público.
Beller, de 33 años, responsabilizó públicamente a Cerimedo por el ataque y sostuvo que fue él quien envió a los sicarios. Sus declaraciones forman parte del expediente y de las denuncias públicas realizadas tras el atentado, mientras la Fiscalía reúne pruebas para determinar las responsabilidades penales en el caso.
La abogada también había denunciado un supuesto encubrimiento de sectores de la Policía boliviana y expresó su temor de que la investigación quedara bajo reserva. Por eso, la decisión del Tribunal Supremo se convirtió en un nuevo elemento de relevancia en una causa que, en pocas horas, escaló desde la investigación inicial del ataque hasta la imputación formal contra Cerimedo.
Desde el Gobierno de Bolivia rechazaron que Cerimedo pueda recibir algún tipo de protección política. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que el consultor “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política” y aclaró que, aunque colaboró durante la campaña del presidente Rodrigo Paz y posteriormente en algunos temas de comunicación, no integraba formalmente la estructura estatal.
Cerimedo deberá ahora comparecer ante un juez cautelar, que deberá resolver su situación procesal. Mientras tanto, la investigación seguirá bajo control judicial y con la mirada puesta en la identificación de todos los responsables del ataque contra Beller, tanto quienes ejecutaron los disparos como quienes eventualmente pudieron haber participado en su planificación.
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