Una reunión de la Junta Directiva de la UIA giró en torno de un diagnóstico lapidario. Para el principal asesor laboral de los industriales, la reglamentación de Sturzenegger sólo consiguió dinamitar una gestión eficaz de la tensión natural entre empresarios y gremios moldeada por décadas.
La reforma laboral sumó en los últimos meses más cuestionamientos en el empresariado que en el sindicalismo. Al malestar en las cámaras mercantiles por la reglamentación diseñada por Federico Sturzenegger, que puso al descubierto El Destape, se sumó el de la Unión Industrial Argentina (UIA): en un encuentro a puertas cerradas la entidad reconoció que la limitación a los aportes que los empleadores pueden hacer a los gremios y a las obras sociales sacó de escena una herramienta considerada clave para facilitar las negociaciones entre las partes.
Las quejas generalizadas anticipan una posible oleada de amparos contra la normativa, no ya de representantes obreros sino de dueños de empresas, en teoría los llamados a ser sus principales beneficiarios.
“Queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”. La frase pertenece al abogado Juan José Etala, presidente del Departamento de Política Social de la entidad fabril, y fue enunciada en medio de una reunión de la Junta Directiva de la organización, un mes atrás.
Asintió una mesa repleta de empresarios, asesores y letrados, en cuyos sectores la lectura era similar: la reglamentación que debía reformular las discusiones paritarias, inclinar la cancha a favor del lado patronal, atomizar las representaciones y debilitar el poderío sindical sólo consiguió paralizar las conversaciones y poner en guardia a una dirigencia gremial con la que su contraparte tenía una gimnasia de décadas virtuosa para todos.
Etala no es un mero asesor de la UIA. Representa un ala particularmente hostil hacia los sindicatos y goza del reconocimiento de toda la entidad fabril. Lleva adelante el estudio jurídico Salvat, Etala & Saraví y ocupó un rol central durante el gobierno de Mauricio Macri, a quien lo une haber sido compañeros de secundario en el colegio Cardenal Newman.
En esa administración cumplió funciones como abogado de la agencia oficial de noticias Télam, que resistió entonces un intento de vaciamiento y despidos masivos, pero más importante incluso fue que se lo señalara como operador senior del oficialismo ante la Justicia laboral.
Con esos antecedentes resulta más llamativa incluso su diatriba contra la reforma laboral. El abogado se refirió puntualmente al decreto 407/26, de mayo pasado, que reglamentó en un sentido restrictivo la norma acerca de los “aportes solidarios”, pagos extraordinarios y cuotas que gremios y patronales pueden pactar en cada negociación a favor de una u otra institución, con plena inspiración de Sturzenegger. Esa norma limitaba al 0,5% de la nómina salarial el valor a fijar de un aporte para una cámara empresaria, y de 2% para un sindicato u obra social.
Si bien la presión de la CGT permitió dos meses después la aparición de otro decreto, el 612, a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que suavizó la norma anterior, en las cámaras empresarias admitieron ser las mayores perjudicadas todavía.
Toda la exposición de Etala giró en torno de la idea de que por décadas funcionó en la Argentina un mecanismo paritario basado en conveniencias mutuas y la posibilidad de estímulos extrasalariales habilitantes de una administración más discrecional por parte de los dirigentes gremiales. Y que la salida de escena de esas herramientas, que Sturzenegger bautiza invariablemente como “curros” o “kioscos”, atenta contra una dinámica constructora de paz social.
Tal como adelantó El Destape en exclusiva, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) llegaron a la misma conclusión con el embate del ministro de Desregulación contra el Instituto de Capacitación (Inacap) que coadministran ambas instituciones y cuyo financiamiento pactan en cada paritaria con la Federación de Comercio (Faecys), de Armando Cavalieri.
Las Cámaras esperan la oportunidad para presentar un amparo contra la reforma laboral, a pesar de haber sido de los mayores promotores públicos de la norma, al menos en el caso de la CAC. El mismo sendero se aprestan a utilizar otras gremiales empresarias, entre otras las que escucharon a Etala en la Junta Directiva de la UIA.
El Destape