Es para reclamarle al gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiamiento. Algunos gremios piden paro por tiempo indeterminado.
La semana próximo comenzará un paro de 4 días en todas las universidades del país impulsado por la Conadu Histórica, que se realizará entre el 18 y el 22 de agosto en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamento. Días después del paro de 24 horas realizado el miércoles en todas las casas de altos estudios del país, convocado por el Frente Sindical, llegará la nueva medida, para alertar al Gobierno Nacional que debe cumplir con lo que dictó el Congreso y, luego, la Justicia.
Por otra parte, el sindicato porteño AGD-UBA reclamó ayer “retomar el plan de lucha” y llamó a ir “hacia el paro por tiempo indeterminado, hasta que el gobierno de Javier Milei pague toda la deuda, y una nueva marcha nacional”.
El paro del miércoles se concretó en medio del ninguneo del Poder Ejecutivo, que a través de la ministra Sandra Pettovello negó que hubiera motivos reales para la protesta y convocó a una reunión paritaria recién para el próximo mes.
“El gobierno mantiene la deuda, los trabajadores de las universidades nacionales el plan de lucha”, arengó ayer desde un comunicado la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA). “El miércoles 5, el congreso de la Conadu Histórica votó la continuidad del plan de lucha con paro nacional en la semana del 18 al 22 de agosto. La asamblea de AGD-UBA lo llevó como mandato pero entendido en la perspectiva hacia el paro por tiempo indeterminado, hasta que el gobierno de Milei pague toda la deuda, y una nueva marcha nacional”, recordó.
En un extenso diagnóstico sobre el presente de los trabajadores universitarios, el sindicato expresó que a partir del cobro del salario de julio “constatamos una vez más que el gobierno sigue incumpliendo con la Ley de Financiamiento Universitario”. Desde una postura crítica al acta que los rectores de las universidades y la mayoría de las federaciones docentes y no docentes firmaron el 10 de junio, y luego de conocer la inflación oficial de julio (2,1 por ciento), el sindicato calculó que “la recomposición salarial adeudada asciende a 31,2 por ciento sin sumar el retroactivo desde que la ley está vigente y que también seguimos reclamando”.
AGD-UBA expresó que el aumento posterior al acta y que impactó en el salario básico de mayo y en el aguinaldo “fue tan solo del 21,3 por ciento”, y que se rechazó en asamblea por entender que “era menos de la mitad de lo que nos adeudan, pero también porque le daba una herramienta al gobierno para seguir dilatando el cumplimiento de la ley y especialmente de la cautelar”. Añadió que ese mandato se impuso por mayoría en el congreso de Conadu Histórica pues “la bronca de la docencia recorría y recorre el país”.
Apuntó que la Casa Rosada aprovechó el acuerdo “para intentar dar de baja a la cautelar”, pero que “la Corte desestimó el recurso y la dejó firme”. Luego repasó el “laberinto jurídico (que) le da oxígeno al gobierno para seguir maniobrando y, por lo tanto, mantener la pérdida de nuestros salarios, muchos de los cuales están por debajo de la línea de pobreza”, y enfatizó que “muy a pesar del acta del 10 de junio que, con el argumento de la emergencia, firmó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aún no fueron girados los fondos para el funcionamiento de las universidades ni el aumento para las becas estudiantiles”.
El paro del miércoles pasado fue convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a los diferentes gremios del sector (Conadu, Fedun, Fagdut y Fatun, entre otros), y afectó de forma general a las universidades públicas de todo el país, mientras que trabajadores docentes y no docentes, junto a profesionales de ciencia y técnica, se concentraron en el Obelisco, por la tarde, para continuar con el reclamo.
Las instituciones más afectadas fueron la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), entre otras casas de altos estudios.
Para lograr que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, “tenemos que retomar el plan de lucha”, plantearon desde el sindicato porteño. “Sabemos que estamos viviendo una ofensiva como nunca antes habíamos sufrido por parte de un gobierno que viene a arrasar con la universidad, la ciencia y tecnología públicas; que no sólo aplica el vaciamiento y ahogo presupuestario, sino que pretende su privatización y mercantilización, y por eso nos llama terroristas disfrazados. Repudiamos de plano esas expresiones. Pero también sabemos que contamos con la fuerza de un movimiento que viene dando pelea desde hace más de dos años, y con el apoyo de toda la población. Por eso podemos enfrentarlo”.
“Desde AGD-UBA convocamos a realizar asambleas, reuniones, volanteadas, debates con nuestros estudiantes y compañeros no docentes, en todos los lugares de trabajo para organizar una férrea semana de paro desde el martes 18 al sábado 22, como primer paso de medidas que deben tener continuidad para que el gobierno pague lo que nos debe. Vayamos también por una nueva marcha en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología”, concluyeron desde el sindicato.
Página/12