Revocaron el sobreseimiento de los jueces y asesores de menores que intervinieron en la adopción ilegal de Manuel Gonçalves Granada.
La Corte Suprema ordenó la reapertura de la investigación sobre el accionar de cuatro exfuncionarios judiciales que intervinieron en la apropiación de Manuel Goncalves Granada en la última dictadura cívico militar.
Hace casi dos décadas, Goncalves Granada, único sobreviviente del megaoperativo en el que su mamá fue acribillada y luego inhumada como NN y quien pudo conocer su verdadera identidad a mediados de la década de los 90, denunció a los exmagistrados Juan Carlos Marchetti y Juan Delfín Castro y los ex asesores de menores Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina por haber intervenido en su entrega en adopción exprés, en lugar de acercarlo a su familia biológica. Pero el expediente no avanzó, la corporación judicial los sobreseyó sin indagarlos.
La causa llegó ante la Corte, que consideró arbitraria la clausura en la investigación. “Es interesante que este fallo se convierta en el precedente para que se pueda investigar la complicidad de funcionarios judiciales en otros casos de apropiaciones”, reflexiona Manuel, quien celebra el fallo supremo en clave colectiva.
–¿Cuál es el impacto del fallo de la Corte sobre la denuncia que radicó hace 18 años?
–Hoy se abre la posibilidad de que se inicie una investigación judicial como corresponde sobre el accionar de estos funcionarios judiciales en mi apropiación. Como sucedería con cualquier otra persona cuya mala intervención en hechos delictivos está documentada. Ellos son los que llevaron adelante el procedimiento que estamos cuestionando: que me dieron en adopción cuando mi madre había sido asesinada en un operativo de las fuerzas conjuntas, sin averiguar mi identidad ni intentar en ese momento, ni después, mi localización y vinculación con mi familia biológica. Eso es lo que cuestionamos desde 2008, cuando presentamos la causa ante el fiscal de San Nicolás, Juan Murray. Hasta hoy, la investigación no fue posible porque el juez Carlos Villafuerte Ruzo dictó el sobreseimiento de los funcionarios a quienes debía investigar sin siquiera indagarlos. Es increíble que no solo una vez, sino dos, el juez se haya negado a citarlos. Consideró que no había elementos para pedirles explicaciones, cuando todo está documentado y el trámite de adopción es ilegal. No son opiniones, es lo que quedó registrado en el sistema de adopción.
Manuel remarca el mensaje del fallo de la Corte hacia el accionar del magistrado de San Nicolás, quien “se tomó su tiempo para cada sobreseimiento”, y por “lo insultante” de sus fundamentos. “Planteó que la sustitución de mi identidad fue culpa de mi madre por estar ella y yo con documentos falsos. Por supuesto que lo estábamos, si nos perseguía la dictadura. Cuando encontraron donde vivíamos destruyeron la casa, mataron a sus cinco habitantes, yo soy el único sobreviviente. Pero nada de eso contó en sus dictámenes”, se explayó. “Ahí también queda demostrada la brutalidad con lo que algunos funcionarios del Poder Judicial tratan estos crímenes”.
El caso
Goncalves Granada restituyó su identidad en 1997. En 2008, mientras las causas por los secuestros y asesinatos de su papá Gastón Roberto José Gonçalves -secuestrado, torturado y asesinado en Escobar en 1976; sus restos fueron identificados por el EAAF 20 años después– y de su mamá, Ana María Granada –asesinada en San Nicolás e inhumada en el cementerio local como NN; sus restos fueron identificados en 1995–, avanzaban en diferentes jurisdicciones judiciales, presentó junto a Abuelas de Plaza de Mayo ante el fiscal Juan Murray una denuncia por su adopción.
El 19 de noviembre de 1976, un megaoperativo de fuerzas conjuntas rodeó la casa de San Nicolás en la que sobrevivían un grupo de militantes de la JP huyendo de la dictadura. Entre ellos, Ana María y su bebé de pocos meses, Manuel. Cuando se vio rodeada, Ana María escondió a su hijo en el placard de una de las habitaciones. La alcanzaron las ráfagas de la metralla y sus restos fueron a parar primero al hospital San Felipe de ciudad y luego al cementerio local, sin ser identificados.
Manuel sobrevivió. Fue internado en el mismo hospital, donde permaneció tres meses por las secuelas respiratorias de la balacera, bajo la guarda del entonces juez de menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, con la intervención del asesor de menores, Juan Carlos Magni.
“A partir de ese momento se activó un engranaje de ocultamiento”, advirtieron desde Abuelas de Plaza de Mayo en el comunicado con el celebraron el fallo supremo.
El 15 de febrero de 1977 Marchetti entregó la guarda provisoria de Manuel a un matrimonio con “vínculos familiares”. En 1981, Luis Abelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez obtuvieron la adopción plena por disposición del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Delfín Castro y con la intervención del asesor de menores Francisco García Cortina.
La denuncia de Manuel recayó en el juzgado de Villafuerte Ruzo. Tras presentar numerosas pruebas, Goncalves Granada, Abuelas de Plaza de Mayo y la Fiscalía pidieron las indagatorias de Marchetti, Delfín Castro, Magni y García Cortina. El magistrado se negó sistemáticamente a concederlas. Dos años después dictó el sobreseimiento de los cuatro, sin siquiera citarlos.
La causa viajó a la Cámara Federal de Rosario –única instancia judicial que le dio la razón a las querellas y Fiscalía–, rebotó nuevamente en el juzgado de primera instancia y aterrizó en la Cámara de Casación.
Para entonces corría el año 2017; habían pasado 10 años del pedido para que la Justicia investigue a sus miembros por su complicidad y participación en la apropiación de niños y niñas durante la última dictadura. Las partes acusadoras fueron en queja a la Corte Suprema. Tuvieron que esperar casi otra década más. Mientras, los acusados siguen activos, algunos desde el ámbito privado. Marchetti, sin ir más lejos, fue abogado defensor de varios acusados en el reciente juicio ambiental por contaminación y fumigaciones con agroquímicos en Pergamino.
-¿Cuáles son los elementos que evidencian la necesidad de investigar a los funcionarios judiciales y por qué hechos?
-Lo que denuncio es que ellos no cumplieron con su función: velar por preservar mi identidad y devolverme a mi familia biológica. A mí ni mi mamá ni mi familia me abandonaron. Ellos, y las Abuelas de Plaza de Mayo, me buscaron durante 20 años así como buscaron a los otros bebés apropiados que encontramos y seguimos buscando a los que nos faltan. El principal cuestionamiento que le hacemos al juez Marchetti es que siempre supo de dónde venía yo. Mi mamá fue asesinada a pocas cuadras del Juzgado de menores que dirigía; la ciudad entera sabía lo que había ocurrido en la casa en donde fue asesinada mi mamá; por supuesto el juez también lo sabía. Intervino en mi guarda, supuestamente la Policía le dijo que no podía identificar a mi madre, asíque creyó suficiente esa información para no dictar ninguna de las medidas necesarias para devolverme a mi familia biológica y, en cambio, entregarme en adopción rápidamente a otra familia. No hizo nada él en ese momento ni lo hicieron el resto de los funcionarios después. Ni siquiera tras el regreso de la democracia. ¿Ni él, siendo juez de menores, ni ninguno de los otros acusados pudo plantear que yo podía ser uno de los bebés buscados? Por eso deben ser investigados.
-¿Hay otros casos de apropiaciones donde el accionar de funcionarios judiciales sea plausible de investigar?
-Sí. Y es un número importante al que se le debería prestar atención. De los 140 casos de bebés apropiados en la última dictadura que restituyeron su identidad, hay por lo menos 30 que tienen intervención del sistema de justicia o de funcionarios judiciales vinculados a juzgados de menores. No hubo nunca una real investigación sobre el accionar de funcionarios judiciales en el plan sistemático de robo de bebés. Muchos de esos funcionarios que activaron esos trámites de adopción ‘exprés’ siguen activos.
Cuando yo restitui mi identidad, María Silvia Villaverde, una de las juezas que intervino, dijo que “nunca y bajo ninguna circunstancia ninguna mujer que fue desaparecida por la dictadura había abandonado sus hijos”. La justicia se debería haber encargado de buscar a las familias biológicas de esas criaturas.
–¿Cree que el fallo de la Corte puede impulsar a esta línea de investigación?
–Ojalá que logre poner de una buena vez foco sobre esa participación civil en el terrorismo de Estado. Nunca entendí el proceso de justicia como una cuestión individual. Como querellante y como víctima directa, siempre entendí el proceso de justicia como parte de una construcción democrática colectiva para juzgar esos crímenes en la que aún falta mucho por hacer.
El fallo de la causa de Laguna Paiva se inscribe en este proceso que está tomando fuerza sobre el juzgamiento de los crímenes que se cometieron contra las infancias en tiempos de terrorismo de Estado, no solo como “hijos de desaparecidos”, sino como víctimas directas.
Página/12