Declaró la exrepresentante del laboratorio AstraZeneca. La ofensiva para acusar de irregularidades a los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. La insólita imputación del fiscal Carlos Stornelli porque el gobierno argentino no compró las vacunas de Pfizer, que costaban cinco veces más.
La exrepresentante legal del laboratorio AstraZeneca Argentina, María de la Paz Reviriego, se presentó este martes en Comodoro Py para declarar por la venta de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia. “No se cometió delito alguno -sostuvo la profesional en su descargo-. Científicos de la Universidad de Oxford desarrollaron la vacuna y la cedieron a AstraZeneca bajo la condición de que no podía obtener ganancia alguna durante la pandemia. Por ello fue la vacuna de menor costo -4 dólares, comparados con los más de 10 dólares de Sputnik y casi 20 dólares de Sinopharm o Pfizer y más de 20, Moderna-, todo lo cual es incompatible con la imputación de que se favoreció o desfavoreció a otros laboratorios”. Reviriego argumentó que las vacunas fueron vendidas por AstraZeneca UK (United Kingdom), por lo cual AstraZeneca de Argentina no emitió una sola factura ni vendió ninguna vacuna a la Argentina. En la acusación formulada por el fiscal Carlos Stornelli se incluyó al científico Pedro Cahn y al dueño del laboratorio donde se fabricó parte de la vacuna, Hugo Sigman, pero ninguno de los dos vendió nunca una vacuna a la Argentina ni tenía poder de firma para decidir cuál vacuna se compraba. Cahn ya declaró y Sigman lo hará por Zoom en las próximas semanas.
La causa judicial tiene como tema central la supuesta demora en la compra de vacunas del laboratorio Pfizer, que según Stornelli ofreció 20 millones de dosis en 2020. Sugiere el fiscal que hubo algún tipo de coima para que no se le compre a Pfizer y se privilegie a otros, entre ellos, a AstraZeneca. La declaración clave ya la prestó en junio quien fuera ministra, Carla Vizzotti. La exfuncionaria explicó, en un escrito de 100 páginas, que el Congreso dictó la ley 27573, que fijó los criterios de compra de vacunas. En esa norma se establecieron los criterios de negligencia, en previsión de los juicios que podrían sobrevenir por efecto secundario de alguna dosis. Es evidente que se corrían riesgos de muertes y de enormes indemnizaciones posteriores. Vizzotti afirmó que los laboratorios que produjeron Sinopharm, Sputnik y AstraZeneca se avinieron a los términos de esa ley, mientras que Pfizer, por criterios adoptados internacionalmente, exigía cambios: “La ley sancionada no alcanzaba para satisfacer determinados requerimientos jurídicos que seguían formando parte de su política contractual global, circunstancia incluso que fue reconocida públicamente por representantes de la propia compañía en distintas oportunidades”, precisó la exministra. En el conflicto intervinieron todas las áreas del gobierno, incluyendo la Secretaría de Legal y Técnica. Pero lo asombroso fue que Stornelli, desesperado por hacer buena letra con el gobierno antivacunas de Milei, se lanzó a una acusación en la que incluyó a quienes no tenían ninguna facultad para comprar vacunas.
Como era obvio, el científico-médico Pedro Cahn, que estuvo en el comité asesor, también presentó un escrito explicativo de su papel, totalmente ad honorem, y es evidente que no tenía potestad alguna para firmar compras de vacunas. Cahn aceptó contestar preguntas, pero nada conmovió sus explicaciones. La declaración que falta es la de Sigman, quien pidió hacerlo por Zoom desde España, donde está radicado desde hace muchos años. El juez Ariel Lijo aceptó el pedido, pero Stornelli apeló la decisión y la Cámara Federal le dio la razón al juez, quien deberá fijar la audiencia (por Zoom) para las próximas semanas. Tampoco Sigman le vendió ninguna vacuna a la Argentina, sino que fue contratado por AstraZeneca UK para la producción del principio activo de la vacuna.
Reviriego declaró que “Mabxience (el laboratorio de Sigman) fue contratada por AstraZeneca en el marco de una estrategia global del laboratorio. AstraZeneca UK informó al equipo local en Argentina que se había contratado a Mabxience en Argentina para la elaboración del principio activo de la vacuna y que, finalizado ese proceso productivo, sería exportado a México para completar el llenado de los viales y el acondicionamiento del producto final a través del proveedor Liomont en México y, desde allí, realizar la exportación de las dosis a los países de Latinoamérica que hubieran adquirido la vacuna”. Dado que AstraZeneca no podía obtener ganancias por la vacuna, buscó quien pudiera hacer un aporte al financiamiento. Los fondos vinieron del multimillonario mexicano Carlos Slim, quien puso como condición que una empresa de su país participara del proceso. AstraZeneca eligió a Liomont. Ocurrió después de que el laboratorio mexicano no pudo cumplir con los estándares de calidad y eso retrasó todo el proceso de entregas de vacunas a los países de América Latina. Mabxience enviaba el principio activo, pero las dosis no se terminaban como correspondía. Al punto que finalmente AstraZeneca derivó la producción mexicana a Estados Unidos. En cualquier caso, Mabxience nunca le vendió ninguna vacuna a la Argentina, sino que era proveedor de AstraZeneca UK.
Para redondear, Reviriego aseguró que “jamás conoció o escuchó de ilícito alguno de parte de la compañía, en particular con relación a un supuesto favorecimiento del gobierno argentino a AstraZeneca por haber suscripto un contrato con Mabxience. Del total de la producción, 250 millones de dosis para América Latina, Argentina solo iba a recibir 22 millones. Solo algunos pocos proveedores en la región tenían la capacidad técnica y productiva para cumplir con los estándares de calidad exigidos. Es evidente que el gobierno argentino, comprando apenas el 9 por ciento, no tenía capacidad para imponer un proveedor, más teniendo en cuenta la urgencia y la necesidad que había”.
Finalmente, Reviriego reiteró que ya en 2021 se instruyó una causa similar y que el juez Julián Ercolini dictó el sobreseimiento.
Página/12