El relevamiento del Comité contra la Tortura, avalado por el Superior Tribunal de Justicia, documentó el fallecimiento de una mujer de 38 años con ACV, diabetes y asma severa, tras perder turnos de rehabilitación y no ser trasladada a centros hospitalarios, además de registrar humedad, filtraciones, falta de iluminación y entrega recurrente de comida cruda o descompuesta en la esa repartición policial.
El Informe Anual 2025-2026 del Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes, recibido y respaldado por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, documentó una serie de situaciones relevadas durante las verificaciones realizadas en establecimientos de alojamiento de personas privadas de la libertad.
Entre los casos incluidos en el documento se encuentra la situación de la Comisaría 1ª de la Mujer y el Menor de la Capital, donde el organismo constató condiciones edilicias y de alimentación que, según lo consignado en el informe, afectan los derechos de las internas alojadas en esa dependencia. Las observaciones forman parte de la evaluación correspondiente al período analizado y fueron incorporadas al documento anual presentado por el Comité.
En la Comisaría 1ª de la Mujer y el Menor, las verificaciones realizadas por el Comité expusieron un cuadro de deterioro edilicio que el organismo calificó como sumamente grave. De acuerdo con lo consignado en el informe, las celdas no cuentan con aberturas adecuadas y se encuentran delimitadas únicamente por rejas, una condición que no permite garantizar privacidad ni protección frente a las condiciones climáticas.
Durante las inspecciones también se registraron elevados niveles de humedad, filtraciones de agua y una marcada falta de iluminación natural en los espacios destinados al alojamiento de las detenidas.
A las deficiencias edilicias relevadas se sumaron observaciones vinculadas con la alimentación proporcionada a las internas. El monitoreo efectuado por el Comité constató la entrega recurrente de viandas en condiciones inadecuadas para su consumo, incluyendo alimentos que fueron encontrados en estado crudo o descompuesto.
Fallecimiento de una mujer alojada
El documento también registra el fallecimiento de una mujer de 38 años que se encontraba alojada en la Comisaría 1ª de la Mujer durante el período evaluado.
Según el informe, la mujer presentaba patologías crónicas de alta complejidad, entre ellas secuelas derivadas de un accidente cerebrovascular, diabetes y asma severa. El caso fue incorporado al relevamiento del Comité en relación con las condiciones de atención sanitaria de las personas alojadas en dependencias policiales y con las obligaciones vinculadas a la continuidad de los tratamientos médicos requeridos por quienes permanecen bajo custodia.
De acuerdo con lo documentado, la mujer perdió de manera sistemática turnos correspondientes a tratamientos de rehabilitación y no fue trasladada a centros hospitalarios para recibir la atención que requería.
El informe atribuye esta situación a deficiencias en la custodia y señala que la interrupción de las prestaciones médicas indispensables tuvo consecuencias sobre su estado de salud. El caso fue presentado por el Comité como una situación en la que no se garantizaron las atenciones necesarias para una persona que padecía enfermedades crónicas y requería seguimiento médico y continuidad terapéutica.
El Comité sostuvo que la falta de los cuidados médicos indispensables constituyó una afectación del derecho a la salud y señaló su relación con el fallecimiento de la mujer.
El informe caracteriza el episodio como una privación ilegítima del derecho a la atención sanitaria y lo incorpora entre las situaciones relevadas durante el período.
La documentación destaca, en particular, la importancia de garantizar los tratamientos de rehabilitación, los controles médicos y los traslados hospitalarios cuando resulten necesarios para personas privadas de la libertad que presentan enfermedades crónicas o cuadros que requieren atención especializada.
Momarandu




