Rubén Sinat, de Desarrollos Inmobiliarios RSI, respaldó la iniciativa nacional para agilizar los desalojos, aunque admitió que en la provincia existen “muy pocos casos” y que la mayoría de los conflictos no están vinculados con el atraso en los alquileres. También planteó la necesidad de generar crédito hipotecario y facilitar el acceso a la tierra para enfrentar el déficit habitacional.
En medio del debate por los proyectos que buscan acelerar los procesos de desalojo, un dato aportado desde el propio sector inmobiliario relativizó el impacto que tendría la medida en la problemática de los alquileres en Chaco. Rubén Sinat, empresario del rubro y referente de Desarrollos Inmobiliarios RSI, reconoció que en la provincia existen pocos casos de desalojo y que la morosidad en el pago de alquileres es baja.
En declaraciones a CIUDAD TV, Sinat consideró positivo el proyecto de desalojos exprés que obtuvo media sanción a nivel nacional y que también tiene su correlato en una iniciativa que se prepara en la Legislatura chaqueña. Según explicó, la medida permitiría acortar los tiempos de recuperación de un inmueble cuando existe un atraso prolongado o una ocupación que impide al propietario disponer de su bien.
“Este es un proyecto que ya tiene unos cuantos años y fue impulsado también por diferentes cámaras, entre ellas la Cámara de Propiedad Horizontal de Buenos Aires. A mí me parece que es algo positivo en el sentido de la recuperación del inmueble cuando hay por ahí un atraso excesivo”, sostuvo.
El empresario señaló que los procesos ordinarios de desalojo pueden extenderse durante largos períodos y que esa situación genera incertidumbre para quienes invierten en propiedades con el objetivo de alquilarlas.
“Un juicio ordinario por desalojo lleva muchísimo tiempo y esto va a traer una tranquilidad para aquel que invierte en inmuebles para alquilar”, afirmó.
Sin embargo, al ser consultado específicamente por la situación del mercado inmobiliario chaqueño, Sinat reconoció que los casos de morosidad son escasos. Incluso, explicó que algunos de los conflictos que llegan a producirse no están relacionados con el incumplimiento de los alquileres, sino con otro tipo de situaciones dentro de los edificios. Como ejemplo, mencionó casos de personas que incumplen reglamentos de convivencia.
“Hay poca morosidad en el pago de los alquileres”, remarcó, y agregó que existe “un respeto mutuo entre la oferta y la demanda entre el propietario e inquilino”.
En ese sentido, atribuyó parte de esa situación al trabajo realizado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco para establecer reglas y actuar como intermediario entre propietarios e inquilinos.
“Esto va a traer un manto de seguridad jurídica”
Sinat también se refirió a la problemática de las usurpaciones de terrenos, que consideró un perjuicio importante para quienes realizan inversiones inmobiliarias.
“Es un problema muy grave para el propietario del terreno que por ahí recibió una herencia o por ahí compró, decidió hacer una inversión inmobiliaria en la ciudad y resulta que después se encuentra con que tiene 20 familias metidas ahí adentro y con muy poca respuesta o muy poca cosa que pueda hacer para recobrar su inmueble rápidamente”, sostuvo.
Para el empresario, la aceleración de los mecanismos de restitución permitiría establecer reglas más claras para los propietarios. “Como sociedad tenemos que tender al orden”, afirmó, y consideró que una reforma de estas características podría generar “un manto de seguridad jurídica”.
Desde su propia experiencia empresarial, Sinat reconoció que las ocupaciones pueden representar un perjuicio significativo para quienes proyectan desarrollos inmobiliarios.
“Es un grave perjuicio para las empresas que por ahí tienen pensado hacer un desarrollo o algo por el estilo. Y bueno, hay que gastar en abogados, perder tiempo en trámite”, explicó.
De todos modos, planteó que la búsqueda de mayor seguridad para los propietarios debería complementarse con políticas destinadas a atender a quienes atraviesan dificultades económicas.
“No quiere decir que no haya desde el Estado buscarle soluciones a la gente que realmente tiene problemas”, señaló.
El déficit habitacional y el rol del sector privado
La entrevista también abrió el debate sobre la crisis habitacional y el papel que podrían desempeñar el Estado y las empresas privadas. En ese punto, Sinat sostuvo que cualquier política de vivienda debería contemplar necesariamente la participación del sector privado.
“Sin el privado no se puede pensar en ningún tipo de desarrollo”, afirmó, y estimó que en Argentina hacen falta alrededor de cuatro millones de viviendas. A esa cifra, agregó, deberían sumarse aquellas viviendas existentes que requieren reparaciones para volver a ser habitables.
Para el empresario, el Estado debería concentrarse en generar las condiciones que permitan ampliar la construcción privada, principalmente a través del crédito.
“Yo creo que el Estado debería preocuparse en generar las condiciones para que los privados puedan desarrollar. Por ejemplo, tasas razonables para créditos hipotecarios, créditos hipotecarios para construcción, acelerar la aprobación de planos, acelerar la ejecución de obras de infraestructura para la ciudad”, planteó.
También propuso facilitar el acceso a terrenos con servicios y avanzar hacia una mayor densificación urbana en lugar de continuar expandiendo sin planificación la mancha urbana.
“Más que metros cuadrados, yo diría que, por ejemplo, una buena salida sería crear lotes con servicio y extender los servicios con cloaca, con agua, con la electricidad necesaria para poder hacer nuevos desarrollos”, explicó.
Según su visión, Resistencia debería crecer de manera más compacta y con infraestructura adecuada. “Hay que densificar en los pisos que permitan los códigos”, sostuvo.
Viviendas modulares: una alternativa que busca ganar terreno
Durante la entrevista, Sinat también presentó la propuesta de RSI vinculada con la construcción modular y el sistema steel frame, una alternativa que, según explicó, busca reducir los tiempos y hacer más previsibles los costos de construcción.
El empresario señaló que los módulos habitacionales pueden ser utilizados tanto como viviendas como para quinchos, cabañas y desarrollos turísticos, y destacó que pueden ampliarse mediante la incorporación de nuevas unidades.
Como ejemplo, mencionó el módulo que la empresa presentó durante la Bienal de Resistencia, equipado con baño, cocina y espacio de estar, además de instalaciones para agua, cloaca y energía.
Según indicó, el valor de referencia de uno de estos módulos ronda los 25 mil dólares y puede financiarse mediante un esquema propio de la empresa, mientras trabajan además en acuerdos con entidades bancarias para ampliar las alternativas de financiación.
En cuanto a los tiempos de ejecución, afirmó que el plazo promedio ronda los 90 días desde el encargo hasta la entrega, aunque aclaró que depende de las características solicitadas por cada cliente.
Sinat destacó además las ventajas del sistema constructivo en materia de eficiencia térmica, acústica y sustentabilidad. Explicó que el steel frame utiliza estructuras de acero y que la empresa trabaja bajo normas IRAM.
Uno de los principales atractivos del sistema, según remarcó, es la velocidad de montaje. “Con la tecnología que hay disponible hoy, es eso lo que podemos hacer”, sostuvo.
Para el empresario, la construcción modular puede convertirse no solo en una alternativa para quienes buscan ampliar o mejorar sus viviendas, sino también en una herramienta frente al déficit habitacional. “Son soluciones habitacionales, pero también sociales”, afirmó durante la entrevista.
El debate por los desalojos exprés queda así atravesado por dos realidades que conviven en el mercado inmobiliario: la necesidad de los propietarios de contar con mecanismos rápidos para recuperar sus inmuebles y, al mismo tiempo, la existencia de una crisis habitacional que exige políticas capaces de ampliar el acceso a la vivienda.
En ese escenario, el propio sector inmobiliario reconoce que, al menos en Chaco, la morosidad de los alquileres no representa hoy un fenómeno extendido. La discusión, por lo tanto, excede los casos de incumplimiento y vuelve a poner sobre la mesa una cuestión más amplia: cómo garantizar el derecho de propiedad sin desatender la necesidad de acceso a una vivienda digna.