El paro de prácticos cumple cuatro días y mantiene 185 buques varados en los puertos argentinos, con costos que oscilan entre USD 50.000 y USD 100.000 diarios por cada embarcación. La protesta paralizó exportaciones de granos, interrumpió operaciones energéticas y abrió un riesgo para el suministro de combustibles hacia la Patagonia sur. La Prefectura intimó a 536 prácticos, mientras el sector reclama una mesa de diálogo urgente.
El Gobierno intimó a 536 trabajadores para que retomen sus tareas y anticipó sanciones disciplinarias y denuncias penales. La medida de fuerza comenzó el sábado 1° de agosto, después de la publicación del Decreto 690/2026, que modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje vigente desde 1991.
Solo este martes, más de 45 barcos se sumaron a la espera en el polo exportador del Gran Rosario. Estos navíos se añadieron a los 140 registrados el lunes. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió que el sistema podría incorporar otros 30 buques por día si el conflicto continúa.
Cuánto cuesta mantener un buque detenido
Las demoras obligan a afrontar cargos por fletes, penalizaciones por incumplimientos comerciales y cambios en las ventanas de carga pactadas. También alteran la logística terrestre que abastece las terminales.
“Cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50.000 y 100.000 dólares por día”, graficó Idígoras.
Si cada una de las 185 embarcaciones afrontara ese rango de costos durante una jornada completa, la pérdida conjunta podría ubicarse entre USD 9,25 millones y USD 18,5 millones. La cifra no contempla multas contractuales, ventas frustradas, reprogramaciones ni gastos adicionales para camiones y terminales.
El dirigente aclaró que las cerealeras no forman parte de la disputa contractual. Los prácticos prestan el servicio a las agencias marítimas y el reclamo no responde a una discusión salarial con el complejo agroexportador.
La industria respaldó el objetivo de reducir los costos logísticos, pero cuestionó la falta de una negociación previa.
El temor de que Argentina pierda mercados frente a Brasil
El conflicto también amenaza la reputación comercial del país. Las empresas advirtieron que las demoras pueden afectar contratos de exportación y llevar a compradores internacionales hacia terminales competidoras.
“Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación”, alertó el titular de CIARA-CEC.
Esa categoría dañaría la confianza en la capacidad del país para respetar fechas de entrega y condiciones contractuales. Brasil aparece como uno de los principales beneficiados ante un eventual desvío de cargamentos.
El Centro de Navegación también advirtió que la protesta afecta la confiabilidad de toda la actividad marítima y portuaria. La entidad afirmó que el freno “atenta contra la seguridad de la navegación y de las personas, poniendo en riesgo pasajeros, tripulaciones y activos de los armadores de buques y propietarios de las cargas”.
El ingreso de granos todavía funciona con normalidad en las terminales del Gran Rosario. Sin embargo, la continuidad del paro podría saturar la capacidad de almacenamiento. Si los barcos no cargan, los silos acumulan mercadería, las empresas cancelan cupos para camiones y la parálisis se extiende hacia el transporte terrestre.
El Gobierno anticipó sanciones y defendió la desregulación
El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que la reforma busca “bajar el costo argentino” mediante una mayor competencia. Según explicó, la apertura permitirá incorporar nuevos prestadores, reducir las tarifas del practicaje y trasladar el ahorro hacia las empresas y los consumidores.
Ravier calificó la actividad como un “servicio esencial” y sostuvo que los actuales operadores tienen la obligación de garantizarla. También anticipó que “habrá castigos” para los responsables de la medida, aunque reconoció que el Ejecutivo todavía no cuenta con una estimación oficial de las pérdidas.
Hasta el momento, el Gobierno no convocó a una negociación entre las partes. La Secretaría de Desregulación analiza una medida cautelar para destrabar el conflicto por vía judicial.
CIARA-CEC pidió que la Prefectura reúna a los sectores involucrados. “La Prefectura, como autoridad competente, tendría que convocarlos a una mesa de trabajo hoy mismo para encontrar una hoja de ruta que permita implementar el decreto y que todos vuelvan a trabajar”, reclamó Idígoras.
Bae Noticias