El diputado nacional Carlos Castagneto (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley destinado a fortalecer el desarrollo del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico en todo el país mediante la creación de un régimen específico de promoción y financiamiento.
La iniciativa establece la creación de un Sistema de Promoción y Financiamiento del Deporte Adaptado, Inclusivo y Paralímpico, concebido para apoyar actividades de alto rendimiento, profesionales o profesionalizantes vinculadas a personas con discapacidad. El proyecto define el deporte adaptado como aquel que incorpora modificaciones a disciplinas convencionales para posibilitar la participación de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial; el deporte inclusivo como aquel practicado conjuntamente por personas con y sin discapacidad; y el deporte paralímpico como las disciplinas reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional.
La propuesta cuenta además con las firmas de sus compañeros de bloque Jorge Chica, Jorge Mukdise, Jorge Neri Araujo Hernández, Sergio Dolce, Fernanda Díaz, Natalia Zaracho y Agustín Rossi.
Entre los beneficiarios del régimen se encuentran asociaciones civiles, clubes, entidades deportivas y sociedades de fomento que desarrollen de manera sostenida actividades de estas características y cuenten con una participación activa de personas con discapacidad.
Uno de los puntos centrales del proyecto dispone que las empresas que desarrollen programas de Responsabilidad Social Empresaria deberán destinar al menos el 20% de los recursos anuales asignados a esas acciones al financiamiento de iniciativas vinculadas al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Los fondos podrán aplicarse a capacitación, infraestructura, accesibilidad, equipamiento, becas deportivas y otras acciones orientadas a promover la participación de personas con discapacidad en el ámbito deportivo.
La propuesta prevé además que las compañías lleven un registro verificable de los aportes realizados y los incorporen en sus balances sociales o informes equivalentes, mientras que la Subsecretaría de Deportes de la Nación actuaría como autoridad de aplicación y control del régimen.
En los fundamentos, los autores sostienen que el objetivo es reducir desigualdades en el acceso al deporte y generar mecanismos que permitan fortalecer el desarrollo de deportistas con discapacidad desde edades tempranas hasta el alto rendimiento. También remarcan que el proyecto no implica nuevas erogaciones presupuestarias para el Estado ni obligaciones económicas adicionales para las empresas, sino que busca orientar y sistematizar recursos ya destinados a programas de responsabilidad social.
Asimismo, argumentan que la iniciativa se apoya en principios consagrados por la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación de protección integral de niños, niñas y adolescentes, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a actividades deportivas, recreativas y de competencia para las personas con discapacidad.
Finalmente, el proyecto invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al régimen, con el objetivo de ampliar su alcance territorial y consolidar una red de apoyo al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico en todo el país.
Parlamentario