El Círculo de Políticas Ambientales (CPA) publicó un informe que pone al descubierto el impacto ambiental y sanitario que trajo la desregulación comercial impulsada desde diciembre de 2023 con el DNU 70, mediante el cual Argentina está importando lo que se denomina “residuos encubiertos”.
Se trata de productos —ropa usada, pilas y baterías, neumáticos recauchutados, artefactos médicos de segunda mano, juguetes y cosméticos— que, por su baja calidad, estado de conservación o escasa vida útil, se convierten rápidamente en desechos. Los costos de su gestión, advierte el CPA, recaen sobre los municipios.
El informe identifica un cambio de paradigma en la política regulatoria: los controles preventivos fueron reemplazados por declaraciones juradas, auditorías posteriores al ingreso y reconocimiento automático de certificaciones extranjeras. El resultado, según el CPA, es que el Estado resignó su capacidad de frenar en frontera el ingreso de productos peligrosos o de baja calidad, trasladando el riesgo a la población y la carga económica a los gobiernos locales. Las modificaciones más sustantivas se concentraron en 2025 y 2026, muchas de ellas implementadas por decreto mediante facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
“La desregulación no solo modifica las condiciones del comercio, sino también la forma en que el Estado previene riesgos ambientales y sanitarios. Cuando se reducen los controles sobre productos que pueden convertirse rápidamente en residuos o contener sustancias peligrosas, es fundamental evaluar quién asume esos costos y cómo se protegen la salud de la población y el ambiente”, afirmó María Eugenia Testa, directora del CPA.
Si bien las medidas son presentadas oficialmente como una forma de reducir costos, agilizar el comercio y ampliar la oferta para los consumidores, el informe plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar estándares adecuados de seguridad, calidad y protección ambiental.
Uno de los principales riesgos señalados es el posible ingreso de “residuos encubiertos”: productos que, por su baja calidad, estado de conservación o escasa vida útil, se convierten rápidamente en desechos. “En un contexto donde la gestión de residuos ya enfrenta importantes desafíos, esto podría incrementar la presión sobre los sistemas municipales de recolección y disposición final, trasladando nuevos costos a los gobiernos locales”, señaló Testa.
El informe también advierte sobre los impactos sanitarios asociados a algunos de los bienes alcanzados por la flexibilización regulatoria. Entre ellos se mencionan la presencia de metales pesados en pilas y baterías, sustancias tóxicas en determinados plásticos, microplásticos en cosméticos e indumentaria y riesgos de seguridad en juguetes que no cumplan con estándares adecuados.
A su vez, el trabajo destaca que parte de estas modificaciones fue posible mediante el uso de facultades delegadas al Poder Ejecutivo para modificar regímenes legales vigentes por decreto, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de control y debate institucional en torno a cambios regulatorios de alto impacto.
“Se trata de un proceso de desregulación de baja visibilidad pública cuyos efectos más significativos probablemente se manifiesten de manera gradual en los próximos años, especialmente en materia de salud pública, gestión de residuos y protección ambiental”, concluyeron desde el CPA.
Fuente: Parlamentario