A continuación, el documento completo:
“En primer lugar, este es un proceso de regularización laboral para quienes prestan un servicio laboral de manera permanente en el Estado. Estamos hablando de porteros de escuelas, trabajadores/as sociales en centros de desarrollo infantil o residencias de adultos mayores, enfermeras en centros de atención primaria, entre muchos otros.
Este proceso no nació de la noche a la mañana ni mucho menos es parte de algún “plan retirada” como le gusta denunciar a la oposición. Es un proceso que se construyó con todos los gremios estatales en el Convenio Colectivo de Trabajo y que no pone en riesgo de ninguna manera las cuentas del Estado, ni agranda la planta de trabajadores, sino todo lo contrario.
En segundo lugar, bajo cualquier convenio colectivo se trata de construir de manera colectiva las relaciones laborales entre el empleador (en este caso el Estado) y sus trabajadores. En ese sentido, todo lo dictado mediante decretos del gobernador, fue previamente acordado en paritarias libres. Por último, resulta cínico que quienes dejaron una provincia ingobernable por la cantidad de deuda que habían tomado hoy nos acusen de comprometer la gestión futura. Pero más allá de eso, lo que dicen no tiene nada que ver con la realidad.
El proceso iniciado este año tiene como fecha de finalización el año 2030, no porque queramos demorar el otorgamiento de derechos, sino justamente porque sabemos que tenemos que avanzar en ese sentido de una manera responsable en términos fiscales. Logramos acordar con todos los gremios que la regularización laboral sea cubierta solamente con las vacantes generadas año a año (bajas por jubilaciones, renuncias, fallecimientos, etc.).
Lo decretado por el gobernador deja claro que solo se puede cubrir año a año el 70% de las vacantes generadas. Es decir que todos los años el Estado tendrá cada vez menos empleados públicos, porque el 30% de los nuevos cargos vacantes cada año tendrán que eliminarse. Además, los decretos, ahora ratificados por ley, dejan claro que se trata de un proceso de regularización laboral. Es decir, de mejores condiciones de trabajo para personas que ya prestan servicios en el Estado frente alguna institución (escuela, centro de salud, residencias, etc.). Y, por último, no se permite que funcionarios o equipos de los funcionarios (contratos de gabinetes) participen de este proceso.
Como interbloque, podríamos haber aclarado todas las dudas a cualquier diputado de la oposición, que son quienes generan estas operaciones, pero su tendencia a salir en los medios de comunicación y no debatir en el espacio que corresponde: la Legislatura, lo impide. La costumbre de ser oposición (y una oposición verdaderamente destructiva, que jamás apoyó un solo proyecto en favor de la gente) ha llevado al radicalismo a alejarse demasiado de la realidad. Nos preocupa enormemente que inicien su gestión con esta postura del “miente, miente, miente que algo quedará”.
Interbloque Frente Chaqueño