Un informe reciente de Unicef Argentina advirtió que el financiamiento dirigido a las infancias podría registrar una nueva caída real este año, afectando áreas sensibles como educación, alimentación, primera infancia y protección de derechos.
La advertencia adquiere relevancia en un país donde la pobreza infantil continúa siendo una de las problemáticas sociales más profundas y donde la inversión pública constituye una herramienta central para garantizar derechos básicos y reducir desigualdades.
El documento, elaborado a partir de información oficial disponible hasta el 13 de mayo de este año, analiza la evolución reciente de los recursos nacionales destinados a la niñez y la adolescencia, y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para sostener políticas esenciales en un contexto de restricciones presupuestarias.
Durante 2025, el presupuesto nacional orientado a las infancias alcanzó los $13,6 billones y registró una mejora real del 4% respecto de 2024. También aumentó su participación dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional, pasando del 10,2% al 11,1%.
Sin embargo, la recuperación estuvo lejos de ser homogénea. Según el informe, cerca del 88% de los recursos destinados a la niñez se concentró en programas de protección de ingresos, especialmente aquellos que cuentan con mecanismos automáticos de actualización.
Entre las partidas que registraron incrementos se destacaron la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que crecieron 17% en términos reales durante 2025. También sobresalió el aumento del 38% en el complemento nutricional del Plan 1000 Días.
No ocurrió lo mismo con otras políticas. La Prestación Alimentar, que no cuenta con actualización automática, sufrió una reducción real del 19% durante ese mismo período.
Los sectores que quedaron relegados
Mientras las transferencias monetarias sostuvieron el crecimiento general del presupuesto, distintas áreas vinculadas con el desarrollo integral de niños y adolescentes mostraron retrocesos.
El gasto en salud infantil registró una caída real del 13% en 2025. Entre los factores que explicaron ese descenso aparecieron menores transferencias al Hospital Garrahan y una reducción en la compra y distribución de vacunas.
Las políticas de nutrición y seguridad alimentaria también experimentaron un deterioro significativo. El informe señaló una contracción real del 25%, vinculada principalmente a la disminución de recursos para comedores escolares y otros programas alimentarios.
Algo similar ocurrió con los programas de promoción y protección de derechos, que registraron una reducción del 22% respecto de 2024. Las iniciativas destinadas al acompañamiento de familias, la articulación federal y la asistencia a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad fueron algunas de las más afectadas.
La situación también impactó en varias políticas orientadas a la primera infancia. Si bien el presupuesto total del sector aumentó 31% durante 2025, la mejora se concentró principalmente en transferencias monetarias y programas de salud materno-infantil, mientras disminuyeron los fondos destinados a infraestructura, espacios de cuidado y acompañamiento territorial.
Un 2026 con menos recursos
Las proyecciones para el presente año muestran un escenario más complejo. Durante los primeros cuatro meses y medio de 2026, la ejecución presupuestaria destinada a la niñez fue 6% inferior en términos reales a la registrada en igual período del año anterior.
La disminución estuvo asociada tanto a la evolución de las políticas de ingresos como a recortes en educación, alimentación, protección de derechos y programas de primera infancia.
La única excepción fue el área de salud, donde se observó un aumento impulsado por mayores compras de vacunas, medicamentos e insumos sanitarios.
De acuerdo con las estimaciones de Unicef, si los créditos presupuestarios vigentes no son ampliados, el financiamiento nacional destinado a la niñez y la adolescencia podría terminar 2026 con una caída real del 16% respecto de los niveles ejecutados en 2025.
Esa reducción equivaldría a una baja de 0,29 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y provocaría una disminución de la participación del presupuesto de infancia dentro del gasto nacional, que pasaría del 11,1% al 10,5%.
La inversión pública frente a la pobreza infantil
El análisis de Unicef remarca que la discusión presupuestaria no puede separarse de las condiciones de vida que atraviesan millones de chicos y chicas en Argentina.
La inversión pública destinada a la niñez cumple un papel estratégico porque financia desde transferencias de ingresos para hogares vulnerables hasta programas educativos, sanitarios, alimentarios y de protección integral de derechos.
Según el organismo, Argentina cuenta con herramientas que permiten monitorear y evaluar estos recursos con el objetivo de orientar las políticas públicas hacia la reducción de desigualdades y la garantía efectiva de derechos.
El desafío aparece cuando las restricciones fiscales afectan justamente aquellas áreas que buscan compensar las brechas sociales más profundas.
En ese sentido, el informe concluyó que la recuperación observada durante 2025 estuvo sostenida casi exclusivamente por las transferencias monetarias, mientras numerosas políticas sectoriales continuaron perdiendo financiamiento.
Para 2026, las tendencias observadas en la ejecución presupuestaria y en los créditos vigentes muestran un panorama especialmente complejo para la educación, la alimentación, la protección de derechos y la primera infancia.
En un contexto donde la pobreza infantil sigue condicionando el presente y el futuro de millones de chicos y chicas, la evolución de estos recursos aparece como uno de los indicadores más sensibles para medir el alcance real de las políticas públicas destinadas a la niñez.
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