Un proyecto del diputado nacional Juan Fernando Brügge propone incorporar un agravante al Código Penal para aumentar las condenas en casos de agresiones a trabajadores de prensa, en el marco de un escenario de reiterados ataques durante coberturas.
El legislador Brügge presentó un proyecto de ley que busca reforzar la protección de periodistas mediante la incorporación de un nuevo agravante en el Código Penal. La iniciativa propone sumar el artículo 41 sexies, que establece un incremento de un tercio en el mínimo y el máximo de las penas cuando la víctima de un delito sea un trabajador de prensa atacado en el ejercicio de sus funciones.
La propuesta alcanza no solo a periodistas, sino también a integrantes técnicos y auxiliares de los equipos periodísticos, contemplando el rol integral que cumplen quienes participan de la producción informativa. Según el texto, el agravante se aplicará a cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal cuando el hecho esté vinculado con la actividad profesional de la víctima.
En los fundamentos, Brügge argumenta que el objetivo es resguardar la labor periodística frente a un contexto que considera de creciente vulnerabilidad, especialmente durante coberturas en la vía pública o en situaciones de conflictividad social. El legislador sostiene que las agresiones a periodistas constituyen, además de un delito contra la integridad física o moral de las personas, una forma indirecta de afectar la libertad de expresión.
El proyecto menciona múltiples episodios de agresiones registrados en los últimos años, que incluyen ataques físicos, amenazas y destrucción de equipos de trabajo durante movilizaciones y coberturas en la calle. También cita informes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que han advertido sobre un número significativo de incidentes contra trabajadores de prensa, muchos de ellos vinculados a hechos de violencia en manifestaciones.
Entre los argumentos, se destaca que la incorporación de este agravante apunta a desalentar este tipo de conductas y a enviar una señal clara respecto de la importancia de garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones seguras. En esa línea, el proyecto remite a estándares internacionales en materia de libertad de expresión, recordando que distintos instrumentos internacionales reconocen este derecho como fundamental y obligan a los Estados a protegerlo.
Asimismo, el texto hace referencia a pronunciamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han advertido sobre el impacto que tienen las agresiones a periodistas no solo sobre las víctimas directas, sino también sobre la sociedad en su conjunto, al generar un efecto intimidatorio que restringe la circulación de información.
Brügge retoma una iniciativa similar que ya había presentado en 2017 sin alcanzar tratamiento parlamentario, y plantea la necesidad de avanzar ahora con su aprobación ante la persistencia e incluso el incremento de hechos de violencia contra la prensa.
El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación Penal y de Libertad de Expresión para su análisis.
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