En un fallo histórico, la Justicia Federal de San Martín responsabilizó al Estado argentino por la planificación y ejecución de los fusilamientos de 1956, ordenando un amplio programa de reparación y memoria para las víctimas. Este juicio, que tomó impulso tras el antecedente de la Masacre de Napalpí desarrollado en el Chaco, marca un hito en la búsqueda de verdad y justicia por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto que derrocó a Perón.
A 70 años de aquella noche trágica en los basurales de José León Suárez, la Justicia argentina emitió un veredicto histórico que condena moralmente los fusilamientos de civiles ordenados por la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”. En el marco del “juicio por la verdad”, la jueza federal Alicia Vence declaró como crímenes de lesa humanidad los hechos ocurridos el 9 de junio de 1956, que fueron inmortalizados por el periodista Rodolfo Walsh en su obra pionera, “Operación Masacre”.
La sentencia, leída en el marco del expediente 41.041, establece como hechos probados que en la madrugada del 10 de junio, por orden del entonces Presidente de facto, General Pedro Eugenio Aramburu, y del Almirante Isaac Francisco Rojas, personal policial allanó ilegalmente un domicilio en la localidad de Florida. Doce personas que se encontraban en el lugar fueron detenidas, trasladadas a la comisaría de San Martín y luego fusiladas en un descampado. Como resultado de la masacre, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo y Mario Obrión perdieron la vida, mientras que siete lograron sobrevivir, entre ellos Juan Carlos Libraga, quien con 96 años y desde su exilio en Estados Unidos, brindó un testimonio clave durante el juicio.
En su resolución, leída pasado el mediodía de este lunes, la magistrada calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. El fallo no solo señala a los máximos responsables de la dictadura, como Aramburu y Rojas, sino también a los jefes policiales que ejecutaron el operativo, como el Teniente Coronel Desiderio Fernández Suárez y el Inspector Rodolfo Rodríguez Moreno, aunque todos ellos se encuentran fallecidos, estableciendo su responsabilidad penal con la pena que les hubiera correspondido de prisión perpetua.
“Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal”, señaló la jueza Vence en su veredicto, subrayando la importancia del proceso para la sociedad. Este juicio, que tomó impulso tras el antecedente de la Masacre de Napalpí, marca un hito en la búsqueda de verdad y justicia por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto que derrocó a Juan Domingo Perón.
Además de la declaración histórica, la sentencia dispone un extenso programa de medidas reparatorias para las víctimas y sus familias. Entre ellas se destacan:
-Rehabilitación del buen nombre y honor de los doce fusilados y sobrevivientes.
-Publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, y en las páginas web de las Subsecretarías de Derechos Humanos.
-Inclusión de los hechos probados en los diseños curriculares de los sistemas educativos nacional y bonaerense.
-Instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos, la detención y los fusilamientos.
-Creación de un “sitio de la memoria” en el predio de los históricos basurales de José León Suárez, donde hoy se erige un monumento, para preservar la memoria y dignificar a las víctimas.
-Incorporación de los nombres de todas las víctimas en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.
El juicio, que se desarrolló en tres jornadas en el Auditorio Hugo del Carril, contó con los testimonios de familiares de las víctimas, muchos de ellos de avanzada edad, que vieron finalmente reconocido su reclamo de justicia. “Quiero que se haga justicia. Que, a pesar de que no estén los asesinos, esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad”, expresó Berta Carranza, hija de uno de los fusilados, reflejando el sentir de los querellantes.
La sentencia, cuyos fundamentos completos se darán a conocer el próximo 16 de julio, no solo cierra un capítulo oscuro de la historia argentina, sino que sienta un precedente fundamental para el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, reafirmando que la memoria, la verdad y la justicia son pilares ineludibles de la democracia.