UPCN cerró el acuerdo trimestral con un 6,6% acumulado y un bono de $50.000 para los estatales nacionales, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calificó la oferta como “insuficiente” y denunció un “empobrecimiento planificado” de los trabajadores públicos.
El Gobierno nacional logró un acuerdo parcial en la paritaria de la Administración Pública Nacional, luego de que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptara la oferta salarial para el período junio-agosto de 2026, que incluye un incremento trimestral del 6,64% acumulado y un bono remunerativo de $50.000. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó de manera contundente la propuesta.
La propuesta oficial establece un aumento escalonado: 2,4% a partir del 1° de junio, 2,2% desde el 1° de julio y 1,9% a partir del 1° de agosto, más el pago del bono, según informó UPCN.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó la oferta como ”insuficiente” y advirtió que «no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público». El dirigente sindical fue contundente: ”No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo”.
Aguiar denunció que el incremento acumulado del 6,6% para el trimestre contrasta con una inflación superior al 8,3% en el mismo período, lo que profundiza la pérdida del poder de compra. ”Este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales. Este es un ofrecimiento que nos coloca cada vez más lejos de lograr un entendimiento y acelera la conflictividad en el Estado”, afirmó.
El dirigente también cuestionó al gremio mayoritario que rubricó el entendimiento: desde ATE sostienen que los salarios del sector público ya se ubican 43% por debajo de la inflación desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023.
ATE exige un salario mínimo que supere los $2.200.000 para cubrir las prestaciones básicas contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ante el rechazo, el gremio anticipó que convocará a asambleas y definirá medidas de acción para presionar al Gobierno.
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