La Unión Industrial de Salta advierte que la incertidumbre en el suministro energético de Gas Natural Licuado ya afecta a ingenios azucareros, plantas citrícolas y cerámicas. Una firma clave como La Moraleja podría reducir la cosecha de limón. Paralelamente, comerciantes denuncian que los embargos de ARCA agravan la situación.
Lo que hace un mes era una advertencia comenzó a convertirse en realidad. La incertidumbre sobre la disponibilidad de gas para los próximos meses ya está obligando a varias empresas de Salta a reducir su producción y, en algunos casos, a evaluar la paralización temporal de plantas y la suspensión de trabajadores.
El presidente de la Unión Industrial de Salta (UIS), Eduardo Gómez Naar, confirmó que el problema dejó de ser una hipótesis o una discusión técnica sobre el sistema energético. “Lo más complejo de gestionar es la incertidumbre”, sostuvo el dirigente, al tiempo que explicó que las empresas necesitan previsibilidad para planificar compras de insumos, turnos de trabajo, logística y compromisos comerciales. Sin certezas, algunas firmas comenzaron a analizar cierres programados de planta.
Los sectores más expuestos son los ingenios azucareros, la industria cerámica y el procesamiento de cítricos, todos ellos altamente dependientes del gas para sus procesos productivos. Desde la UIS remarcaron que las consecuencias de una eventual paralización exceden largamente el ámbito industrial, ya que afectarían a contratistas, transportistas, comercios y prestadores de servicios que dependen de la actividad fabril.
Uno de los casos más emblemáticos es el de La Moraleja, una de las principales empresas citrícolas de la provincia. Según fuentes empresarias, la firma podría verse obligada a reducir la cosecha de limón, disminuir contrataciones temporarias e incluso detener parte de sus operaciones industriales si no logra asegurar el abastecimiento energético necesario. La compañía no solo comercializa fruta fresca, sino que además produce aceite esencial de limón para mercados internacionales y mantiene contratos con grandes compañías globales, entre ellas Coca-Cola.
La preocupación actual tiene como antecedente directo la nota que la Unión Industrial presentó al gobernador Gustavo Sáenz a comienzos de mayo. En aquel documento, la entidad alertó que la aplicación de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación provocaría una reducción del 35% en la capacidad de transporte firme de gas destinada al Noroeste Argentino (NOA). Según el cálculo de los industriales, el suministro pasaría de 4,99 millones de metros cúbicos diarios provenientes del norte a solo 3,22 millones desde Neuquén.
La mencionada Resolución modifica los flujos históricos de transporte para adaptarlos al crecimiento de la producción no convencional de la Cuenca Neuquina de Vaca Muerta y a la declinación de la Cuenca Noroeste y las importaciones desde Bolivia
La UIS también advirtió sobre el elevado costo de las alternativas de abastecimiento mediante Gas Natural Licuado (GNL) regasificado, cuyo valor estimado superaría ampliamente el precio habitual que pagan las industrias. La problemática motivó incluso un fuerte reclamo público del gobernador Sáenz hacia el gobierno nacional.
Mientras la industria lucha por el gas, el comercio salteño enfrenta su propia emergencia. La Cámara de Comercio de Salta denunció que la situación fiscal de numerosos comercios atraviesa un momento crítico y cuestionó los embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en un contexto marcado por la caída del consumo y la dificultad para afrontar obligaciones económicas.
El presidente de la entidad, Gustavo Herrera, explicó en Radio Salta que el principal problema radica en los mecanismos de intimación y cobro que se activan incluso ante retrasos mínimos en los pagos. «Es un problema muy grave porque estaban mandando informes a través de un abogado por retrasos mínimos. Ese informe hay que pagarlo para después poder entrar en plan de pago y estaban haciendo embargos», sostuvo.
Herrera describió la presión financiera que enfrentan numerosos comerciantes salteños: “El problema es gravísimo en esta situación. Se prioriza entre pagar los empleados, pagar el alquiler, pagar los servicios y pagar a la ARCA”. Señaló además que muchas empresas ya arrastran entre seis y once planes de pago vigentes, lo que vuelve cada vez más complejo cumplir con los compromisos tributarios sin afectar otras obligaciones esenciales.
Con la industria amenazada por la falta de gas y el comercio asfixiado por la presión fiscal, Salta enfrenta un escenario económico que los propios actores califican como crítico. Las próximas semanas serán clave para determinar si el gobierno nacional atiende los reclamos energéticos y si ARCA modifica sus mecanismos de cobro, antes de que las plantas fabriles comiencen a parar y los despidos se conviertan en una realidad irreversible.
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