Con la anuncia de los gobiernos de Macri y Milei, los EE.UU impulsó un informe en el que alertaron sobre los riesgos de tráfico ilícito en la vía troncal del Paraná. Asimismo, apunta a desplegar un grupo operativo especial reclutado y financiado de forma directa por la agencia antinarcóticos estadounidense.
Silenciosamente, en enero de este año, se produjo un movimiento del que nadie se percató, excepto quienes forman parte de las fuerzas federales de seguridad: la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, corrió cualquier estorbo y quedó a cargo del control de una estructura clave para monitorear qué pasa en la Hidrovía del Río Paraná.
La pregunta es válida: si los acuerdos bilaterales entre Argentina y Estados Unidos impiden la intervención en territorio de los agentes de la DEA asignados al país, ¿Qué instrumento utiliza, entonces, la agencia estadounidense para llevar a cabo el control?
Respuesta: los Grupos Operativos Conjuntos (GOC), cuya conformación es inter fuerzas y fueron creados por Patricia Bullrich, con el respaldo explícito y monetario (de manera irregular) de la DEA mientras promediaba el gobierno de Mauricio Macri.
A comienzos de 2026, mediante la Resolución 4, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sucesora de la actual senadora nacional que ya comienza a mostrar su habitual lado díscolo cuando empieza a ingresar agua a raudales al barco, anunció la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario. Sin embargo, el principal párrafo del texto oficial era este:
”Que, a partir de marzo del año 2024, fue puesto en funcionamiento, en el marco de lo establecido por la Resolución N° 70/2024 del entonces MINISTERIO DE SEGURIDAD, el “GRUPO OPERATIVO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO – REGIÓN CENTRO” (GOC-CENTRO), que tiene como misión el abordaje regional de investigaciones contra el narcotráfico y sus delitos conexos, con foco en el desmantelamiento de organizaciones criminales y la desarticulación de redes delictivas con competencia territorial en la provincia de SANTA FE, entre otras”.
Desde su creación, los GOC tuvieron vida propia, al punto de que a pesar de que eran publicitados como la élite en inteligencia criminal contra el narcotráfico sus resultados eran menores, casi nulos.
En realidad, el interrogante se debe perfilar correctamente. Los resultados eran casi nulos para la Argentinas, no para la DEA que seleccionaba a su gusto sus integrantes y conducía su destino incluso ante la queja de sus fuerzas de origen, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura.
Tanto en aquel momento como ahora, hay un nombre clave que se repite: el del subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, que, al igual que en la primera gestión de Bullrich, funge como el coordinador en lo formal. En los hechos, es quien le garantiza a la DEA movimientos a discreción sin importar si son legales o no.
El ojo en la Hidrovía
Es por este motivo que el GOC, con la DEA detrás, tiene un pie en Rosario no con el narcotráfico de la ciudad como principal eje, sino con la agenda de la agencia estadounidense como prioridad. Y esta es la Hidrovía, que vive la última etapa de su licitación, y más allá de los grupos extranjeros que pujan por ganar, pares locales como el Grupo Neuss emergen con un interés directo.
Más allá hay un dato que no se soslaya: si Gustavo Elías se termina quedando con los trabajos de balizamiento en el Paraná y prospera su avanzada en el Puerto de Tierra del Fuego consolidará – con su imperio de Bahía Blanca – los principales tres enclaves con destino a Europa que están en la mira de la agencia antinarcóticos.
A la DEA, que en Argentina está liderada desde 2022 por el agente John Wallace, le interesa todo aquello que pueda afectar a Estados Unidos, por lo cual enfoca las fronteras y las principales vías fluviales. Su principal activo es la información.
El interés de Estados Unidos en la Hidrovía quedó, incluso, plasmado en el reciente informe, financiado por el Departamento de Estado de EEUU, de Global Organized Crime Index. En el capítulo sobre la Argentina, el trabajo al que accedió Ámbito, señala: “Rosario, con su puerto fluvial sobre el río Paraná, sigue siendo un importante centro de redistribución. El tráfico regional de cocaína está controlado en gran medida por grupos internacionales de tipo mafioso, mientras que las bandas locales rosarinas, como Los Monos y Alvarado, se encargan de la distribución interna”. A esta altura, sobra decir que a la DEA le interesa menos la distribución interna que los grupos internacionales que mueven los cargamentos.
En su último reporte anual, revelado por Ámbito, la DEA había sostenido que “las 10 zonas francas de Argentina y un área aduanera especial en la provincia de Tierra del Fuego carecen de controles suficientes para prevenir el contrabando de grandes cantidades de efectivo y el tráfico de drogas”.
Informe crítico sobre Argentina
Por eso, no sorprende que Ocindex subrayase la importancia de las vías fluviales y la constante falta de control por parte del país: “Argentina se enfrenta a importantes retos relacionados con la seguridad fronteriza, el crimen organizado y las amenazas cibernéticas. Las extensas fronteras terrestres del país, en gran parte no reguladas, facilitan el contrabando y el tráfico de drogas, especialmente a lo largo de sus límites septentrionales con Bolivia, Paraguay y Brasil. La región de la triple frontera es un punto conflictivo para las actividades de contrabando y el Paraná y otros ríos sirven como rutas claves para el tráfico de drogas”.
En medio de este diagnóstico es que se produce el anuncio de Monteoliva de que, en otras palabras, ahora era la DEA la que, por medio del GOC, pasaba a tomar las riendas de la Hidrovía.
Información clasificada de Seguridad
Todo comenzó con el viaje que realizó Patricia Bullrich a las oficinas centrales de la DEA en Arlington, Virginia, en febrero de 2016. A su regreso, primero, presentó un proyecto de ley que validaba muchas de las técnicas que la DEA reclamaba, las cuales fueron aprobadas en noviembre de ese año. Pero lo más importante fue la conformación de los GOC en 2017.
Desde el momento cero de su creación, para financiar los GOC, la DEA le impuso a Bullrich dos condiciones: una figura en la resolución que los crea, la otra no. La primera: los aspirantes a formar parte debían pasar por la prueba del polígrafo. A pesar de los cuestionamientos internacionales, se trata de una técnica legitimada dentro las agencias estadounidenses, y se encuentra en expansión.
La segunda: la etapa de selección debía incluir una reunión a solas entre los agentes de la DEA y los efectivos argentinos. A solas significa sin la presencia de funcionarios locales. Para que resulte gráfico: se trata de oficiales argentinos, formados por instituciones del país para actuar en territorio nacional, pero elegidos y comandados en las sombras por una agencia extranjera.
Este medio accedió a información clasificada del Ministerio de Seguridad en la cual consta que las fuerzas federales de origen de los integrantes de los GOC se quejaron en varias oportunidades porque sus agentes no le respondían a ellos sino a los estadounidenses.
En ese trabajo de Evaluación Técnica y Gestión de la Información sobre Narcotráfico, de circulación restringida, se indicaba que la agencia estadounidense aportaba, “en negro”, entre 3 y 10 mil dólares para el pago de informantes. Los integrantes de los GOC exponían cómo la gastaban mediante un documento Excel que remitían a los agentes estadounidenses. Ante la pregunta sobre si eso había ocurrido sin autorización de jueces argentinos, respondieron afirmativamente.
Esa es la estructura a la que Monteoliva le delegó el control de Rosario y, por ende, de la Hidrovía, por donde circulan alrededor de 4500 buques al año y atraviesa los puertos de cinco países. Eso es así más allá de quien se quede con el control de la misma.
A los ojos de Estados Unidos, más allá del alineamiento cerrado del presidente Javier Milei, Argentina sigue siendo un país de tránsito de drogas, con enormes falencias para controlar los cargamentos de drogas que ingresan y circulan por el país.
En el último reporte internacional publicado por la DEA, que llamativamente ha retrasado la salida del informe 2026, la agencia deja un diagnóstico duro sobre la Argentina: “Los altos impuestos y los controles de capital incentivan la transferencia de riqueza al extranjero, lo que contribuye a la actividad del mercado cambiario informal y al aumento del uso de efectivo y criptomonedas. Los narcotraficantes y los lavadores de dinero se aprovechan de esta situación”.
Ámbito