En el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, Laura Martínez Cánepa, coordinadora provincial de Mumalá, advirtió sobre el impacto de los recortes en políticas de género, alertó por la disminución de denuncias y reclamó la declaración de la emergencia nacional para fortalecer la asistencia a víctimas.
En diálogo con CIUDAD TV, Laura Martínez Cánepa, coordinadora provincial del movimiento, recordó que el 3 de junio de 2015 representó un punto de inflexión social frente a la problemática de la violencia machista.
“Fue algo histórico en donde toda la sociedad salió a las calles y abrazó el reclamo del movimiento de mujeres, abrazó también la lucha feminista”, expresó.
Según explicó, a partir de aquella movilización comenzaron a visibilizarse con mayor fuerza las situaciones de violencia de género y se abrieron debates públicos sobre normativas y políticas de protección. En ese contexto también nació el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de Mumalá, dedicado al relevamiento de datos y elaboración de informes.
Martínez Cánepa presentó cifras relevadas por el observatorio entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026. Según detalló, en ese período se registraron 3096 feminicidios en el país y 115 en la provincia del Chaco.
“Estas cifras parecen duras, pero son las historias y las vidas de mujeres, de jóvenes, de personas que tenían sueños, proyectos y que fueron víctimas del abandono del Estado y de la violencia machista”, afirmó.
Además, señaló que 3011 niños y niñas quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes y advirtió sobre una caída en las denuncias previas realizadas por las víctimas.
“El 17% de las víctimas había denunciado y desde 2023 hasta ahora el porcentaje de denuncias bajó al 9%”, indicó. En ese sentido, cuestionó los discursos instalados sobre supuestas falsas denuncias y sostuvo que actualmente el problema es la falta de acceso a mecanismos de protección.
“Lo que está faltando justamente son denuncias”, afirmó, y vinculó esta situación al recorte de recursos y a la pérdida de jerarquía institucional de organismos vinculados a políticas de género.
Durante la entrevista, Martínez Cánepa reiteró el pedido de aprobación del proyecto de ley para declarar la emergencia nacional por violencia de género, iniciativa impulsada en dos oportunidades.
“Es necesario porque creemos que es urgente la situación que se vive”, sostuvo, y remarcó la necesidad de garantizar presupuesto y equipos interdisciplinarios para asistir a mujeres en situación de violencia en todo el país.
“Tiene que haber un presupuesto acorde, tiene que haber equipos interdisciplinarios y tiene que existir un sistema que acompañe a la mujer, que no la deje sola”, expresó.
La coordinadora provincial de Mumalá también cuestionó decisiones adoptadas por el Gobierno nacional y sostuvo que hubo una reducción de programas orientados al acompañamiento de víctimas de violencia de género.
Entre ellos mencionó la Línea 144, de atención y asistencia, y el programa Acompañar. “La agenda de la protección de las mujeres y la lucha contra la violencia de género no es parte de la agenda de este gobierno”, afirmó.
Respecto de la evolución social de la problemática, consideró que desde 2015 hubo avances en términos de conciencia colectiva, aunque advirtió señales de retroceso en los discursos públicos.
“Hubo un click en la sociedad”, expresó, aunque sostuvo que actualmente observan “un retroceso en lo discursivo” vinculado a expresiones que niegan la violencia machista y afectan los consensos alcanzados.
“Llamamos a la sociedad a ponerse firme y a no ceder derechos ya conquistados”, concluyó.