La Secretaria General de UPCN, que se había movilizado junto a los demás gremios estatales hacia la Legislatura, explicó que “estamos llevando a cabo un proceso desde enero de este año de regularización laboral, que tiene un período 2023-2030 según los cupos de las jurisdicciones. Estamos al 70% de ese proceso”, y en tal sentido dijo que “ya hubo un trámite de antecedentes e inscripción, y ahora estamos en la última etapa, de oposición”.
Aclaró que “todavía no se efectivizaron decretos nombrando a agentes, sino que la oposición ha presentado un amparo por inconstitucionalidad, y eso ha generado incertidumbre, como que estábamos haciendo pases masivos o que el Gobierno estaba haciendo un operativo retirada”.
Asevera Portal que “no es así, porque desde el mes de enero hay un decreto donde llama a rendir concurso. En la provincia del Chaco desde el 2010 no hay un proceso de regularización laboral, por antecedentes y oposición, que es lo que marca la ley”, aceptando que “en el 2019 hubo un proceso no muy claro, del anterior gobernador, que no fue de pase a planta por concurso. Ahora generó tranquilidad en la provincia, que tiene alrededor de 20.000 precarizados, con personal que tienen 18, 15 ó 10 años de antigüedad”.
Dijo luego que, “molestan comentarios de quien va a ser gobernador de la provincia donde pide concientización y a su vez dice que es un operativo retirada. Me parece que se están mezclando muchísimas cosas políticas o sectoriales, y no se está viendo la necesidad de los trabajadores de la provincia, que están bajo el Convenio Colectivo de Trabajo”.
Más adelante, la referente de UPCN consultada si habían hablado con diputados de Juntos por el Cambio, hace saber que “en la segunda marcha a la Legislatura se pidió conversar con los distintos bloques, hemos hablado con ellos. Primero no nos querían recibir, luego aceptaron, y se les comentó y dijeron que iban a analizar porque no sabían la normativa del proceso de pase a planta”, e insiste que “no es un pase a planta de 17.000 trabajadores sino un proceso de 2023 a 2030, de acuerdo a los cupos que se generen durante los años”.
Se mostró extrañada porque “ellos observaron el primer proceso, de los casos de Servicios, de unos 3.000 compañeros que están hace 4 años, donde 1.460 corresponden a Salud Pública, todos profesionales cumpliendo una real prestación de servicios en la provincia. Y están desconociendo que no van a generar un caos o descontrol en la provincia porque ya tienen cupo hace 4 años, cuando cumpliendo un año de trabajo ya tienen la garantía de su pase a planta”, cuando se está trabajando por una ley del 2010 que se aprobó por unanimidad en la Cámara, y también han presentado 3 proyectos de pase a planta, y uno de ellos es de Salud Pública, “de compañeros que estaban trabajando en la pandemia”, concluyó Portal.