En el marco de los alegatos del juicio que se lleva adelante en los tribunales federales de Rosario, el Ministerio Público Fiscal pidió penas de hasta cuatro años y tres meses de prisión efectiva para productores rurales acusados de realizar fumigaciones ilegales con agrotóxicos en la zona rural de Pergamino. Además, solicitó que se mantenga la medida cautelar que restringe las pulverizaciones y el decomiso de los cinco campos donde se ejecutaron las prácticas de contaminación ambiental.
El proceso que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral Federal N º 2 de Rosario analiza hechos ocurridos entre 2011 y 2019 y tiene en el banquillo a productores y empleados rurales, un ingeniero agrónomo y dos exfuncionarios municipales de la ciudad de Pergamino acusados de delitos como contaminación ambiental, infracción a la Ley de Residuos Peligrosos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Durante la jornada de alegatos, el fiscal federal Federico Reynares Solari sostuvo que existió “un respaldo científico y testimonial” para acreditar que las aplicaciones de fitosanitarios se realizaron “de un modo peligroso para la salud”, incluso violando hasta la ordenanza municipal que desde 2014 fijaba una restricción mínima de 100 metros para fumigaciones terrestres.
La acusación también reclamó que quede firme como medida definitiva la cautelar vigente desde septiembre de 2019, dictada por el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, que prohíbe fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros de las zonas urbanas y periurbanas y aplicaciones aéreas a menos de 3.000 metros.
Los pedidos de pena de la fiscalía
El pedido de pena más alto recayó sobre Fernando Esteban Cortese, un productor rural para quien la fiscalía solicitó cuatro años y tres meses de prisión efectiva e inhabilitación por ocho años para ejercer actividades agropecuarias. Además del delito de contaminación ambiental previsto en la Ley de Residuos Peligrosos, se le atribuyó el delito de “amenazas Coactivas”.
Ese agravante remite a un episodio denunciado por vecinos, quienes declararon que el productor reaccionó violentamente tras los reclamos por las fumigaciones y efectuó disparos con una escopeta frente a una vivienda, matando al perro de la familia y efectuando otro disparo que dio contra una pared.
Para los productores Mario Reinero Roces y Víctor Tiribó, la fiscalía pidió cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial por ocho años para actividades agropecuarias.
En tanto, para los hermanos Carlos Daniel y Hugo Ariel Sabatini solicitó tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por seis años, al considerar que existió una menor reiteración de conductas.
Según la acusación, ambos participaron de una fumigación realizada en noviembre de 2019 en la localidad de Ayerza, dentro de la zona restringida por la cautelar judicial.
También se pidió una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación profesional por seis años para el ingeniero agrónomo José Luis Grattone, acusado de participar como coautor en fumigaciones realizadas cerca de viviendas y una escuela rural en la localidad de Juan Anchorena de la Peña.
Por último, el empleado rural Cristian Gabriel Taboada recibió un pedido de dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para realizar tareas rurales por su condición de partícipe secundario. Fiscalía consideró acreditado que operó maquinaria de aplicación, aunque remarcó que no era quien tomaba las decisiones sobre la actividad.
La complicidad de los funcionarios municipales
Los exfuncionarios municipales Guillermo Nicolás Naranjo, exdirector de Ambiente Rural, y Mario Daniel Tocalini, auditor del área, durante la gestión del intendente Javier Martínez (PRO) enfrentan pedidos de dos años de prisión condicional e inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Según la fiscalía, ambos formaron parte de una gestión municipal que “no participaba de una política activa respecto a la prevención de estos hechos” y que mantuvo una actitud permisiva frente a las denuncias vecinales.
Durante los alegatos también se mencionaron testimonios de vecinos que aseguraron haber presentado reiteradas denuncias en el municipio sin obtener respuestas y cuestionaron los controles ambientales realizados en aquellos años.
El foco en el daño ambiental y sanitario
En su exposición, Reynares Solari sostuvo que los acusados “eran plenamente conscientes” de los riesgos asociados a las fumigaciones y continuaron con las aplicaciones pese a los reclamos de vecinos y las restricciones vigentes.
“No cabe duda de la materialidad de los hechos”, afirmó el fiscal, quien remarcó que la causa cuenta con evidencia científica, estudios médicos y testimonios que describieron irritaciones, problemas respiratorios y presencia de glifosato en muestras biológicas.
La acusación también puso el foco en la cercanía entre los campos fumigados y las viviendas. “Las casas estaban pegadas al campo, solo separadas por una calle”, señaló el auxiliar fiscal Ignacio Falconi, quien repasó relatos sobre olores persistentes, erupciones cutáneas y fumigaciones nocturnas denunciadas por vecinos.
Fiscalía sostuvo además que los productores conocían las restricciones establecidas por la normativa local y aun así continuaron realizando aplicaciones incluso de noche. “Hicieron oídos sordos a los reclamos del barrio”, planteó Falconi durante el alegato.
El Ministerio Público Fiscal solicitó al TOF el decomiso de la máquina fumigadora y todo el instrumental con la que se cometieron los delitos. Pero, también reclamó el decomiso del campo de Cortese donde se ejecutaron las prácticas consideradas delictivas por la Fiscalía.
“Acá no estamos juzgando a las actividades agropecuarias, no estamos juzgando la utilización de agroquímicos de manera general, estamos juzgando de que aquí se realizaron de manera tal que generaron acciones típicas, antijurídicas y culpables”, fundamentó el fiscal.
“Entendemos que han sido cosas utilizadas para cometer el delito”, insistió.
El fiscal consideró que “no se ve esta medida como solamente una mera sanción patrimonial, sino una disposición de reconversión ambiental que garantice la restricción del uso y también como una medida de restauración y eco recuperación, porque se ha comprobado daño acumulativo e incumplimientos reiterados”, como parte del espíritu del espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional y de los principios que rigen al derecho ambiental precautorio, preventivo y la recomposición prioritaria: “una necesidad de neutralizar la fuente del peligro”.
Qué pidió la querella y cómo sigue el juicio
Los abogados querellantes habían solicitado, en la jornada del miércoles, penas más elevadas para algunos de los imputados. Para Cortese y Roces reclamaron cinco años de prisión efectiva e inhabilitación por diez años para ejercer actividades agrícolas, mientras que para Grattone pidieron la misma pena y restricción profesional.
Además, solicitaron mantener vigente la restricción judicial para las fumigaciones y ampliarla a escuelas rurales, pueblos y parajes del partido de Pergamino.
Tras los alegatos de la fiscalía y las querellas, el proceso continuará con las exposiciones de las defensas, que se encaminan a pedir la absolución de los imputados. El veredicto del Tribunal Oral Federal está previsto para mediados de junio.
Revista LITIGIO