El FMI pausó la implementación del FAL, el mecanismo para financiar indemnizaciones, y advirtió que la seguridad social perdería un 0,15% del PBI este año, lo que comprometería el superávit fiscal. Hay cálculos que estiman mayor costo. De hecho, hasta ahora la reglamentación del FAL, prevista para el 1° de junio, viene demorada y no hubo publicación alguna en el Boletín Oficial sobre el asunto.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) logró lo que no pudieron las movilizaciones, la política ni la justicia: frenó una de las modificaciones centrales de la Reforma Laboral. Es que el organismo financiero le recomendó al Gobierno libertario postergar la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo que Toto Caputo incluyó en la reforma laboral para financiar despidos con recursos de la seguridad social, para cuidar el superávit fiscal.
De hecho, hasta ahora la reglamentación del FAL, prevista para el 1° de junio, viene demorada y no hubo publicación alguna en el Boletín Oficial sobre el asunto.
La paradoja es que el mismo informe del FMI celebra la aprobación de la reforma laboral como un avance estructural y la describe como landmark, un hito. Pero en la siguiente página pone el FAL en la columna de los recortes posibles para no comprometer la meta de superávit primario. La postergación, habilitada por una cláusula de la propia ley, deja al sistema sin reglamentación.
El planteo quedó explicitado en el Staff Report N° 26/105 de mayo de 2026, en el que el organismo proyectó para este año un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5%, una inflación anual del 25% y la obligación de mantener un superávit primario de caja equivalente al 1,5% del PBI.
En ese documento, el FMI advirtió que si la recaudación se deteriora o aumentan los pagos de intereses, el Gobierno deberá activar medidas adicionales para sostener el equilibrio fiscal. Entre esas alternativas mencionó “acelerar la reducción de subsidios al transporte y/o postergar la implementación de la Ley de Modernización Laboral”.
El principal problema que detecta el FMI es el efecto inmediato sobre la caja previsional. El esquema prevé que las empresas destinen parte de las contribuciones patronales al nuevo fondo laboral. Las grandes compañías aportarían el equivalente al 1% de la masa salarial y las pymes el 2,5%, recursos que dejarían de ingresar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Según estimaciones incluidas en el análisis fiscal del programa, la implementación de la reforma laboral tendría un costo equivalente al 0,15% del PBI. Con el actual nivel de exigencia fiscal, el desvío de fondos hacia el FAL complicaría las metas comprometidas con el organismo. Incluso hay estimaciones que calculan un costo fiscal aún más elevado.
La decisión de congelar el FAL refleja hasta qué punto el Gobierno subordinó la implementación de reformas estructurales al cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el FMI.
En el Staff Report, el organismo dejó en claro que el equilibrio fiscal es el principal ancla del programa económico ante la debilidad de las reservas y la falta de acceso al financiamiento internacional. En ese marco, cualquier medida que implique resignar ingresos para la ANSES o deteriorar la caja previsional quedó bajo revisión.
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