Un análisis privado revela las profundas diferencias que existen entre distritos y advierte que la recuperación económica todavía no logra traducirse en generación sostenida de puestos de trabajo registrados.
El mercado laboral argentino esconde grandes diferencias entre provincias: algunas sostienen una estructura productiva con fuerte presencia del sector privado formal, mientras que otras dependen de manera significativa del empleo estatal. Un análisis del Ieral (Fundación Mediterránea) permite conocer esas asimetrías con precisión.
El promedio nacional de empleo público provincial es de 50 trabajadores cada 1.000 habitantes. Sin embargo, ese número oculta una distribución muy desigual. Solo cuatro provincias se ubican por debajo de ese umbral: Córdoba, con 33 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes, es la jurisdicción con menor peso relativo del Estado en el empleo. Le siguen Buenos Aires (38), Santa Fe (41) y Mendoza (45).
En el otro extremo, Tierra del Fuego encabeza el ranking con 141 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes, más que cuadruplicando el registro de Córdoba. La siguen La Rioja y Neuquén, con 111 cada una, y Santa Cruz, con 109. Catamarca registra 100, Jujuy 83 y Chubut 79. Dentro del pelotón intermedio que supera el promedio nacional se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (64) y el Chaco (68).
La economista Laura Caullo, de Fundación Mediterránea, señala que “en buena parte del país, el empleo estatal continúa teniendo un peso central dentro de la estructura ocupacional provincial, especialmente en jurisdicciones con menor densidad de empleo privado formal”.
Este panorama se da en un contexto de achicamiento del Estado a nivel nacional. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, más de 66.000 personas dejaron de trabajar para el Estado y las empresas estatales, contando desde municipios hasta el Gobierno nacional.
Fundación Mediterránea plantea que las diferencias entre provincias “no son sólo estadísticas: reflejan distintos niveles de productividad, desarrollo empresarial, inserción exportadora y capacidad de generar empleo formal”. En ese sentido, el peso del empleo público en ciertas jurisdicciones responde, en parte, a la ausencia de un sector privado capaz de absorber la oferta laboral disponible.
El contrapeso: el empleo privado formal
Al observar el empleo asalariado privado registrado, el mapa se invierte casi en espejo. El promedio nacional es de 144 trabajadores privados formales cada 1.000 habitantes, y las brechas entre provincias son aún más pronunciadas que en el sector público.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera el ranking, con 519 empleados privados formales cada 1.000 habitantes, aunque ese número tiene una particularidad que el propio informe de Caullo aclara: “una parte importante (alrededor de medio millón de trabajadores) residen en Partidos del Gran Buenos Aires y se trasladan a la ciudad”, lo que infla el indicador de CABA respecto al resto. Detrás se ubican Neuquén (219) y Tierra del Fuego (198), impulsadas por la actividad energética y el régimen de promoción industrial.
En el extremo opuesto, Formosa aparece con apenas 37 empleados privados formales cada 1.000 habitantes, seguida por Santiago del Estero (52) y Chaco (64). Las mismas provincias que concentran mayor dependencia del empleo público son, en general, las que menor densidad de empleo privado formal exhiben. “Mientras algunas provincias logran sostener altos niveles de empleo privado formal, otras dependen mucho más del empleo público”, señalaron desde Fundación Mediterránea.
Una recuperación que no llega a todos por igual
Más allá del mapa estático, el informe de Caullo advierte que la recuperación económica que transita Argentina en 2026 no se traduce todavía en generación sostenida de empleo privado formal. “Durante el último año, cerca de 100 mil trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras crecieron modalidades laborales más frágiles, como monotributistas (con más de 90 mil nuevos registros) y empleo no registrado”, señala la economista.
La reactivación, según el análisis, tiene un sesgo sectorial que limita su alcance en términos de empleo: los sectores que muestran mejor desempeño —energía, minería, agroindustria y exportaciones— representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado. Fundación Mediterránea advierte que “esos sectores, aunque dinámicos en inversión y exportaciones, no tienen capacidad suficiente para absorber empleo masivo”.
Caullo subraya que “el empleo privado formal concentra mayores niveles de productividad, estabilidad e ingresos, además de aportar al financiamiento previsional”, y alerta que cuando el empleo crece en segmentos de baja productividad, “la recuperación económica y social pierde solidez”.
Diferentes puntos de partida
Las asimetrías provinciales no son un dato nuevo, pero el análisis de Fundación Mediterránea pone en perspectiva cuán distintas son las condiciones de partida de cada jurisdicción para enfrentar la etapa que viene. Aquellas con estructuras productivas más diversificadas y mayor densidad de empleo privado formal “probablemente tengan mejores condiciones para captar inversiones, sostener salarios y adaptarse a una economía más competitiva y abierta”, concluye Caullo.
La estabilidad macroeconómica, en ese esquema, es descripta como condición necesaria pero no suficiente. El desafío que plantea el informe apunta más allá: que esa estabilidad “se traduzca en más empleo privado formal, mejores ingresos y un dinamismo productivo real”.
Fuente: Infobae