Luego de las llamas sufridas en 2025, la Patagonia reavivó el urgente debate sobre las concesiones, permisos estatales y circuitos de venta en zonas de gran valor ambiental.
Los incendios forestales que durante los últimos años arrasaron miles de hectáreas en Mallín Ahogado, El Bolsón, Epuyén, Lago Puelo y El Hoyo reactivaron un viejo debate en el sur argentino. Organizaciones ambientales, vecinos y sectores rurales denuncian desde hace tiempo la existencia de un circuito de especulación territorial que combina tierras fiscales, permisos precarios de ocupación, desarrollos turísticos y desembarco de capitales nacionales y extranjeros en zonas de enorme valor ambiental. Ahora, tras los incendios de 2025 en la Comarca Andina, comenzaron a multiplicarse nuevamente las publicaciones de venta de terrenos y chacras en zonas afectadas o cercanas al fuego.
Este mecanismo no es nuevo y tampoco ocurre de manera improvisada. En distintos puntos de la Patagonia cordillerana se repite una secuencia de que vecinos y especialistas describen casi de memoria, donde primero aparecen permisos de pastoreo o cesiones precarias sobre tierras rurales. Luego llegan subdivisiones, aperturas de caminos y autorizaciones administrativas otorgadas por organismos provinciales o municipios luego de los incendios. Más tarde desembarcan intermediarios locales, sociedades anónimas o fideicomisos que adquieren las tierras a bajo precio. Finalmente, esas mismas hectáreas terminan revendidas a valores millonarios a empresarios, fondos de inversión o capitales extranjeros interesados en el negocio inmobiliario, turístico o energético.
El fuego y el negocio
Inmobiliarias como Actitud Inmobiliaria, Del Agua Inmobiliaria, Alcalde Inmobiliaria, Ricardo Rubio Inmobiliaria y Cristian Raggio Inversiones Inmobiliarias, entre otras, ofrecen desde lotes de 2.000 metros cuadrados hasta campos completos orientados a “desarrollos turísticos”, “proyectos sustentables” o “inversiones premium”.
En los portales inmobiliarios abundan las referencias al “alto potencial de valorización”, a la cercanía con centros turísticos y a las oportunidades de inversión en áreas de bosque nativo. Muchas publicaciones aparecen precisamente en sectores donde todavía son visibles las marcas del incendio.
En paralelo, crecen las sospechas sobre un fenómeno histórico en la Patagonia, la utilización de incendios forestales como aceleradores indirectos de procesos de especulación inmobiliaria. No existen causas judiciales que hayan probado de manera concluyente una relación directa entre los focos ígneos y operaciones de venta de tierras. Sin embargo, el debate se instala cada vez con más fuerza luego de que las zonas incendiadas comenzaran rápidamente a poblarse de loteos, emprendimientos y publicaciones inmobiliarias.
Los nombres detrás de la Patagonia privada
El caso más emblemático continúa siendo el del magnate británico Joe Lewis, dueño de Lago Escondido y símbolo del proceso de concentración territorial en el sur argentino. A través de Hidden Lake S.A. y distintos operadores locales, Lewis controla miles de hectáreas estratégicas en Río Negro, incluyendo accesos al agua y zonas de montaña.
Pero no es el único. En los últimos años comenzaron a aparecer otros actores vinculados al negocio inmobiliario y territorial patagónico. Entre ellos figuran Marcelo Mindlin, asociado históricamente al sector energético y dueño de importantes extensiones en la Patagonia; grupos ligados al turismo premium, y capitales provenientes de Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
Uno de los casos que más impacto generó recientemente fue el del ex polista Hugo Barabucci. Durante una investigación judicial donde el fiscal Francisco Arrien derivó actuaciones al juzgado federal de Bariloche para que se investiguen posibles delitos federales vinculados al ingreso de divisas extranjeras, compra de tierras en zona de frontera y eventuales violaciones a la Ley de Tierras Rurales, se conoció que Barabucci había adquirido cerca de 20 mil hectáreas en la Patagonia utilizando fondos provenientes de Emiratos Árabes Unidos. Parte de esas tierras estaban vinculadas previamente a operaciones de Mindlin y luego terminaron integradas a estructuras societarias relacionadas con inversores extranjeros.
Las revelaciones expusieron además la existencia de mecanismos utilizados para esquivar restricciones legales vinculadas a la Ley de Tierras y a las zonas de seguridad de frontera. Según distintas distintas fuentes locales de la zona, que por motivos de seguridad prefieren la reserva, las operaciones se habrían realizado mediante sociedades intermedias, fideicomisos y compradores locales que funcionaban como pantalla para capitales extranjeros.
En este escenario, las críticas también alcanzan a los gobiernos provinciales de Río Negro y Chubut. Organizaciones territoriales, asambleas ambientales y vecinos de la Comarca Andina cuestionan desde hace años la falta de controles efectivos sobre la transferencia de tierras rurales, las subdivisiones en áreas sensibles y el avance inmobiliario posterior a incendios forestales.
Sobre la administración del gobernador Alberto Weretilneck pesan cuestionamientos vinculados a la ausencia de una política firme para frenar la concentración de tierras y controlar operaciones inmobiliarias en zonas estratégicas de la cordillera rionegrina. Sectores ambientales denuncian que durante distintas gestiones provinciales se consolidó un esquema de habilitaciones, regularizaciones y omisiones estatales que permitió el crecimiento de emprendimientos privados sobre territorios de enorme valor ambiental y geopolítico.
Las críticas apuntan especialmente a la falta de fiscalización sobre permisos de ocupación, cesiones de tierras fiscales y desarrollos turísticos que luego terminan en manos de empresarios nacionales o extranjeros. También se cuestiona la escasa intervención provincial frente a conflictos históricos como el acceso a Lago Escondido y el avance de capitales privados sobre nacientes de agua y áreas protegidas.
En Chubut, el gobernador Ignacio Torres también enfrenta cuestionamientos de sectores sociales y ambientales por la continuidad de un modelo extractivo y de fuerte presión inmobiliaria sobre la cordillera. Vecinos de Epuyén, Lago Puelo y El Hoyo denuncian que, pese a los incendios y al impacto ambiental creciente, continúan avanzando subdivisiones rurales y operaciones inmobiliarias en zonas de alto riesgo ambiental.
Las críticas se centran además en la falta de auditorías públicas que habría sobre tierras fiscales, controles sobre compradores extranjeros y monitoreo estatal sobre sociedades utilizadas para operaciones inmobiliarias de gran escala. Organizaciones territoriales sostienen que existe una “pasividad deliberada” frente a mecanismos de concentración territorial que vienen funcionando desde hace años en la Patagonia.
En Río Negro y Chubut, gran parte de las denuncias apuntan a cómo se articulan las operaciones sobre tierras fiscales. El esquema suele comenzar con permisos precarios de pastoreo u ocupación entregados por organismos provinciales a pequeños productores o pobladores locales.
Con el tiempo aparecen subdivisiones, regularizaciones y mejoras que aumentan el valor de esas parcelas. Luego ingresan intermediarios, desarrolladores o sociedades privadas que compran esas tierras todavía a precios bajos para revenderlas posteriormente a valores multimillonarios.
El negocio se vuelve exponencial cuando los compradores finales son grupos empresarios o capitales extranjeros interesados en emprendimientos turísticos exclusivos, reservas privadas o proyectos inmobiliarios premium.
La disputa por la Ley de Tierras
El debate volvió a intensificarse luego de que el gobierno de Javier Milei avanzara con propuestas para flexibilizar o eliminar restricciones vinculadas a la Ley de Tierras. La norma, sancionada en 2011, establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y fija restricciones especiales en zonas de frontera o territorios que incluyan cuerpos de agua.
Para el oficialismo libertario y sectores empresariales, la ley representa una traba para las inversiones. Para organizaciones ambientales, comunidades rurales y especialistas en soberanía territorial, su eliminación abriría definitivamente la puerta a un proceso masivo de extranjerización de la Patagonia.
El problema, sostienen quienes siguen de cerca el fenómeno, es que incluso con la ley vigente el mecanismo continúa funcionando mediante sociedades cruzadas, testaferros, fideicomisos y empresas radicadas en Argentina pero financiadas desde el exterior.
Mientras tanto, la postal se repite una y otra vez en la Comarca Andina. Donde hace meses hubo incendios hoy aparecen carteles de venta. Donde antes había bosque nativo ahora se proyectan complejos turísticos. Y donde familias enteras todavía intentan reconstruir sus casas, otros ya calculan cuánto valdrá la hectárea después del fuego.
Página/12