El presidente del Consejo de Abogados de Resistencia aseguró que la nueva normativa “mejora ingresos históricamente bajos” para los profesionales y afirmó que el fallo de la Cámara Civil “no tumbó la ley”. También habló sobre el caso del policía acusado de parricidio y femicidio, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y los controles sobre magistrados.
En una extensa entrevista con CIUDAD TV, el presidente del Consejo de Abogados de Resistencia y director del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, se refirió a la polémica generada tras un fallo judicial que declaró la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la nueva ley de honorarios profesionales de abogados en la provincia.
Urturi cuestionó las interpretaciones que indicaban que la normativa había quedado sin efecto y aclaró que “la ley sigue plenamente vigente”. Explicó que la resolución corresponde a “un caso concreto” tratado por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia y que únicamente cuestiona el artículo 13, referido a la aplicación inmediata de la norma.
“El fallo no tumbó la ley ni declaró inconstitucional toda la normativa. Lo que hizo fue cuestionar un artículo en un expediente puntual”, remarcó.
El abogado sostuvo que la nueva legislación vino a corregir “mínimos muy bajos” y criterios que perjudicaban a los profesionales. “Los honorarios tienen carácter alimentario. Esto es el sueldo del abogado, lo que necesita para pagar su estudio, empleados, impuestos y sostener su actividad”, afirmó.
Además, apuntó contra algunos magistrados que resisten la aplicación de la nueva normativa. “Hay jueces que parecen molestarse porque los abogados ganen un poco más. Pero la gran mayoría la está aplicando y el Superior Tribunal de Justicia también lo viene haciendo”, señaló.
Urturi consideró que el fallo debería ser revisado mediante un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia y adelantó que el Consejo de Abogados podría acompañar la presentación como “amicus curiae”.
El caso del policía acusado de parricidio y femicidio
Durante la entrevista, Urturi también habló sobre la investigación administrativa abierta contra el efectivo policial acusado de asesinar a su padre y a su expareja en un hecho ocurrido en Puerto Vilelas.
Indicó que el agente permanece internado en un sanatorio privado y que, aunque todavía no pudo ser notificado formalmente, ya se dispuso su suspensión preventiva con retención de haberes.
Según explicó, desde el OCI ya se avanzó con la toma de testimonios y la recolección de pruebas, mientras se aguardan los resultados de pericias toxicológicas y las autopsias realizadas por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses.
También recordó que la legislación provincial prevé el retiro preventivo del arma reglamentaria cuando existen denuncias por violencia de género y explicó que, antes de restituirla, deben realizarse informes psicotécnicos obligatorios.
Controles psicológicos y consumos problemáticos
Consultado sobre los controles a integrantes de la fuerza policial, Urturi detalló que los aspirantes deben atravesar evaluaciones psicológicas y médicas antes de ingresar a la Escuela de Policía y que luego continúan bajo monitoreo durante el período de formación y servicio.
Asimismo, señaló que en los últimos años se reforzaron los controles aleatorios vinculados a consumos problemáticos dentro de la fuerza. “La policía no está exenta de los problemas que atraviesa la sociedad”, sostuvo.
Nuevo presidente del Consejo de la Magistratura
Por otra parte, Urturi se refirió a su reciente elección por unanimidad como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura del Chaco, mientras que la secretaria de Coordinación de Gabinete del Chaco, Carolina Meiriño ocupará la vicepresidencia.
Aseguró que la prioridad será agilizar concursos y resolver expedientes pendientes. “No estamos para perder tiempo en actos protocolares, sino para trabajar y dar respuestas a la sociedad”, expresó.
También destacó el sistema chaqueño de control sobre magistrados y recordó que cualquier ciudadano puede denunciar a jueces, fiscales o defensores con el patrocinio de un abogado.