El documento surge como réplica a una intimación oficial que exigía a las universidades informar, en un plazo de apenas 48 horas, las medidas adoptadas para garantizar la continuidad pedagógica frente a los paros docentes y no docentes.
En un clima de creciente tensión entre el sistema educativo y el Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió una contundente respuesta dirigida al Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El documento surge como réplica a una intimación oficial que exigía a las universidades informar, en un plazo de apenas 48 horas, las medidas adoptadas para garantizar la continuidad pedagógica frente a los paros docentes y no docentes. Las autoridades académicas calificaron este requerimiento como una imposición irrazonable y carente de sustento normativo, advirtiendo que el tono de la solicitud excede las competencias ministeriales.
En su descargo, el CIN aseguró con firmeza que las casas de altos estudios permanecen abiertas y plenamente operativas, cumpliendo con su misión institucional de enseñanza, investigación y extensión. No obstante, aclararon que este esfuerzo se realiza en el marco de severas limitaciones materiales y presupuestarias. Para los rectores, cualquier afectación a la normalidad del sistema no puede atribuirse unilateralmente a las instituciones, sino que es una consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones legales por parte del Estado Nacional, específicamente en relación con la Ley de Financiamiento Universitario.
La nota profundiza en la gravedad institucional que representa ignorar una ley aprobada y ratificada por amplias mayorías parlamentarias. El Consejo advierte que este desfinanciamiento no es una mera controversia administrativa, sino una alteración del principio republicano de división de poderes que coloca a las universidades en una situación de precariedad extrema. Según el texto, el Poder Ejecutivo nacional ha vulnerado consensos democráticos fundamentales, impactando negativamente en las condiciones salariales y operativas necesarias para garantizar el derecho constitucional a enseñar y aprender.
Asimismo, las autoridades universitarias reivindicaron los principios de autonomía y autarquía consagrados por la Constitución Nacional, señalando que son los órganos de cogobierno universitario los competentes para gestionar calendarios y modalidades pedagógicas. El comunicado concluye ratificando la disposición al diálogo institucional, pero subraya que la defensa de la educación pública es inseparable del cumplimiento efectivo de las partidas presupuestarias. La misiva, firmada por el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente, Anselmo Torres, cierra con un llamado a respetar el orden normativo vigente frente a lo que consideran un escenario de presión gubernamental infundada.