Les atribuyeron integrar una asociación ilícita que cometió al menos 12 hechos, entre enero y mayo de 2025, en el peaje ubicado a la altura de General Lagos, con un total de 1.144 kilogramos de hojas de coca. También se los acusa de haber recibido coimas y de encubrir hechos de contrabando, agravados por su condición de funcionarios públicos.
El Área Investigación y Litigio Casos Complejos-Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario formalizó la imputación contra once gendarmes del Escuadrón 46 Sección Seguridad Vial “Arroyo Seco” por integrar una asociación ilícita, entre otros delitos, para apropiarse de cargamentos de contrabando de hojas de coca a granel, que incautaban de forma ilegal en procedimientos realizados en el peaje General Lagos de la autopista Rosario-Buenos Aires, que luego comercializaban en el mercado minorista.
La formalización se dio en el marco de una extensa audiencia oral y pública ante el juez de garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, que se desdobló entre el viernes 10 de abril y el pasado viernes 24, donde la fiscalía expuso la teoría del caso y las evidencias que sustentaron la imputación, además de solicitar las medidas cautelares y de coerción patrimonial y personal para todos los involucrados.
Los fiscales coadyuvantes Franco Benetti y Matías Mené imputaron a los gendarmes los delitos de asociación ilícita en carácter de coautores, en concurso real con cohecho pasivo, y encubrimiento de contrabando por no haber denunciado los hechos estando obligados a ello, agravado por su carácter de funcionario público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los acusados integran el Escuadrón 46 Seguridad Vial de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, y fueron individualizados como Humberto R., Jorge B.; Andrés G.; Esteban B.M., Fabián P., Francisco V., Juan S., David B., Norberto C., Marcos Antonio B. y Enzo Gastón N.V, este último con un rol preponderante y quien estaba en situación de disponibilidad por realizar operativos falsos.
A todos les atribuyeron haber formado parte de una organización criminal destinada a cometer ilícitos, entre el 19 de enero de 2025 y el 5 de mayo de 2025, con el fin de apropiarse de cargamentos de contrabando de hojas de coca en estado natural a granel, a fin de venderlos y obtener un rédito económico.
A pedido de la fiscalía, el juez dispuso para todos los imputados las obligaciones de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, de presentarse periódicamente ante la Oficina Judicial o autoridad de sus lugares de residencia, y la prohibición de salir del país sin autorización previa.
Además, ordenó el embargo preventivo de vehículos y la inhibición general para cada uno, con montos de entre 8 millones y 293 millones de pesos, con la finalidad de asegurar el decomiso de bienes. En caso de resultar condenados por el delito de encubrimiento de contrabando podrían afrontar multas de entre 4 y 20 veces el valor de la mercadería objeto del delito.
Comunidad delictiva
Al exponer la complejidad del caso, el fiscal Mené dividió la imputación respecto de la figura de asociación Ilícita de los hechos concretos de cohecho y encubrimiento de contrabando que se atribuyó a todos los gendarmes, y por otro lado a una mujer oriunda de Rosario, también imputada, por comprar parte del cargamento.
La imputación se centró en una “comunidad delictiva” que implicó división de roles. De acuerdo con el MPF, nueve gendarmes se encargaban de obtener los cargamentos de hoja de coca de contrabando durante controles vehiculares y los entregaban a Enzo Gastón N.V., quien resultó detenido el 5 de mayo de 2025 mientras transportaba 180 kilos de hojas de coca. Este hecho marcó el inicio de la investigación.
Según expuso el fiscal, el gendarme detenido en esa oportunidad acordaba previamente el precio de los cargamentos, coordinaba la entrega con miembros del escuadrón y lo vendía a personas que lo comercializaban. En ese eslabón se ubicó a la mujer imputada como autora de siete hechos de encubrimiento de contrabando por adquisición de mercadería extranjera proveniente de ese delito.
En la pesquisa se corroboró que la mujer recibía y pagaba por los cargamentos que le vendía el gendarme N.V. El 28 de mayo de 2025 se incautaron ocho bolsones, cada uno con 22 kilos de hoja de coca, durante un allanamiento en su domicilio.
Maniobras sistemáticas
En relación a los gendarmes, los fiscales describieron doce hechos bajo la misma modalidad. Explicaron que el primero de ellos ocurrió el 19 de enero de 2025 cuando Francisco Javier V. incautó un cargamento de 80 kilogramos de hojas de coca introducidas al país en infracción al régimen aduanero y omitió denunciar esa circunstancia a la autoridad competente. Luego recibió $375.000 por parte de Enzo Gastón N.V para entregar el cargamento.
Según la teoría del caso expuesta por la fiscalía, la relación comercial entre esos dos gendarmes comenzó cuando Marcos Antonio B. los presentó y puso en contacto. Ese funcionario fue el encargado de buscar el cargamento de hojas de coca en Arroyo Seco y se lo entregó a N.V.
El 30 de enero de 2025 se desplegó una acción calcada en la que participaron Jorge Luis B., Juan Héctor S. y Fabián P., cuando en un operativo vehicular obtuvieron 131 kilogramos de hojas de coca. Ese día, Enzo Gastón N.V. pagó $3.596.000 a sus colegas mediante diversas transferencias bancarias y en efectivo.
El 3 de febrero del año pasado repitieron la maniobra. Jorge B. obtuvo un cargamento de 67 kilogramos de hojas y Enzo Gastón N.V. le pagó $1.957.500 mediante transferencias y en efectivo. Dos semanas después, el 17 de febrero, el mismo gendarme se apropió de un cargamento de 22 kilogramos de hojas de coca, y recibió $607.500 que le transfirió Enzo Gastón N.V a cambio de la mercadería.
El 30 de marzo, en tanto, se reiteró la operatoria con 132 kilogramos de hojas de coca, a cambio de los cuales N.V pagó $4.300.000 en efectivo, y el 5 de abril de 2025 obtuvo un nuevo cargamento de 20 kilogramos por $600.000 en efectivo. El mismo día José Luis B. y Andrés G. obtuvieron otro cargamento de 130 kilogramos.
Los fiscales atribuyeron a esos dos gendarmes la aceptación y recepción de dinero por parte de N.V como contraprestación por omitir la denuncia del hecho y entregar el cargamento, por lo cual recibieron $4.324.000 mediante transferencias de $300.000, $20.000 y $200.000, y el pago en efectivo de $3.804.000.
En tanto, los fiscales atribuyeron a David B. la obtención de un cargamento de 103 kilogramos de hojas de coca el 14 de abril de 2025, mientras cumplía funciones de patrullaje, por el cual recibió $3.023.000 en efectivo de N.V.
También indicaron que el 16 de abril de 2025, el mismo acusado junto a Esteba B.M. y Fabián P., obtuvieron un cargamento de 118 kilogramos de coca en otro control de rutina por el que N.V. les pagó aproximadamente $3.450.000 en efectivo, además de transferencias por $250.000 y $300.000.
Los fiscales también relataron que el 17 de abril del año pasado Jorge Luis B. y Andrés René G. se apropiaron de otro cargamento de 121 kilogramos de hojas de coca, a cambio del cual N.V. les realizó transferencias por $200.000, $600.000, $560.000 y $200.000. A aquellos dos gendarmes se les atribuyó la obtención de otro cargamento de 40 kilogramos de hojas de coca de contrabando el 4 de mayo de 2025.
De acuerdo a la exposición de los representantes del MPF, aquella forma de operar tuvo correlato con siete hechos que le atribuyeron a la mujer imputada y a Enzo N.V., ocurridos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 28 de mayo de 2025. Al gendarme se le imputó haberle vendido cargas de hojas de coca por un total de 527 kilogramos, por las cuales la imputada pagó y recibió en su domicilio, donde comercializaba al menudeo.
Evidencias
Los fiscales exhibieron evidencias comunes relativas a los hechos concretos de cohecho y encubrimiento de contrabando respecto a los integrantes de la patrulla, como los informes elaborados por personal de Asuntos Internos de la Gendarmería, donde se detalla la conformación de las patrullas los días de los hechos y el análisis de los peritajes telefónicos de los celulares incautados en el marco de la investigación.
Además, precisaron que la Gendarmería informó que Enzo N.V contaba con un antecedente disciplinario por realizar controles de ruta mientras estaba franco de servicio el 13 de febrero de 2024, razón por la cual había sido sancionado y pasado a situación de disponibilidad.
Por otro lado, los fiscales también mencionaron los informes de las prestatarias de telefonía en los cuales constan los datos de titularidad de los abonados utilizados por los imputados. Explicaron que se obtuvieron extracciones de chats y conversaciones que confirman la maniobras, como la coordinación de compra y venta, lugares de entrega de la mercadería, detalles de movimientos de dinero y depósitos en billeteras virtuales, coincidentes con los días que se concretaron las maniobras.
También tuvieron en cuenta el detalle informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que da cuenta que el valor estimado del kilo de hojas de coca es de 50 dólares por kilo, y las actas de allanamientos donde consta el secuestro de la mercadería.
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