Nueve personas enfrentan acusaciones de intimidación pública, atentado contra la autoridad, delitos de incendio y daño agravado, entre otros. Ninguna está señalada por “terrorismo”, como en su momento denunció la ministra de Seguridad. En aquél momento, las fuerzas federales reprimieron ferozmente una protesta contra la votación de la ley Bases el 12 de junio de 2024.
“Es un juicio impresentable. Estando en la comisaría nos acusaban de terrorismo, que habíamos intentado generar un golpe de Estado, no sé… de manera telepática porque no nos conocíamos, pero de las 9 personas que llegamos a juicio ninguna tiene esa acusación”.
La que habla es Daniela Calarco, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que este martes deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 3, en Comodoro Py, por haberse manifestado en junio de 2024 contra la aprobación de la ley Bases.
Calarco protagonizó este lunes una conferencia de prensa en el Serpaj (Servicio Paz y Justicia de Argentina), la organización liderada por el Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Allí estuvo acompañada por distintas dirigentes de izquierda y de organizaciones de derechos humanos.
La mujer fue detenida el 12 de junio de 2024 a más de diez cuadras del Congreso, en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y Javier Milei, cuando ya estaba volviendo a su casa.
La acusación en su contra es por supuestamente haber quemado una bicicleta. Estuvo detenida 78 días en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Junto a ella serán juzgados David Omar Sica, Nicolás Antonecchia, Roberto María de la Cruz Gómez, Guillermo David Domínguez, Héctor David Mallea, Brian Ezequiel Ortiz, Walter Gabriel Quiroga y Cristian Fernando Valiente.
De la Cruz Gómez fue quien más tiempo estuvo detenido en Ezeiza: 84 días. A un mes de la represión, Camila Juárez, 33 años, una de las manifestantes detenidas, relató a elDiarioAR el maltrato que recibió del servicio penitenciario: le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía.
El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.
La feroz represión de aquella jornada dejó un saldo de 33 personas detenidas, que fueron imputadas por el fiscal federal Carlos Stornelli por una gran cantidad de delitos –desde instigación a cometer delitos hasta perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos–. No hubo expediente por supuesto “terrorismo”, la acusación que Bullrich, entonces ministra de Seguridad, lanzó mediáticamente. Pero pocos días después del 12 de junio la jueza federal María Servini liberó y dictó la falta de mérito para gran parte de los detenidos.
Solo Calarco y ocho personas más continuaron siendo investigados. Cuatro de ellos fueron procesados por los delitos de intimidación pública (que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión) y atentado contra la autoridad (un mes a un año de prisión). Calarco fue procesada por los delitos de incendio (3 a 15 años), daño agravado (3 meses a 4 años) e intimidación pública (2 a 6 años). A ninguno de los manifestantes procesados se los acusa por el incendio del móvil de Cadena 3, que quedó como una de las postales emblemáticas de aquella protesta y represión de junio de 2024.
El juicio revela una matriz de criminalización de la protesta social desde que asumió Javier Milei. En marzo otro proceso judicial condenó a cuatro manifestantes que participaban de una protesta contra la primera versión de la ley Bases, que se trató en el Congreso el 2 de febrero de 2024. Joaquín Arrua, Juan Carlos Denube, Pedro Esquivel y Astor Galán Vizgarra fueron sentenciados a seis meses de prisión en suspenso por tirar piedras y agredir a policías.
La sentencia de la jueza María Julia Correa, del juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N 28 de la Ciudad, se apoyó solamente en los testimonios de los agentes que aplicaron ese día el protocolo antipiquete de Bullrich.
Este lunes, además, se conoció que la fiscal Lorena San Marco, a cargo de la fiscalía especializada en violencia institucional, archivó una causa contra un policía que el 11 de junio de 2025 – durante una protesta por la universidad pública frente al Congreso – empujó deliberadamente a una manifestante causándole graves daños. Cintia Castellanos sufrió fracturas múltiples en su pie derecho y tuvo que ser operada.
El Diario Ar