Se trata de las agrupaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace que convocan a la ciudadanía a sumarse a una denuncia judicial para frenar la ejecución de la ley que acaba de ser aprobada.
Tras la aprobación a la reforma de la Ley de Glaciares organizaciones ambientalistas convocan a la “demanda colectiva más grande de la historia”. Se trata de las agrupaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace que convocan a la ciudadanía a sumarse a una denuncia judicial para frenar la ejecución de la ley que acaba de ser aprobada.
Tienen como antecedente la enorme participación conseguida para las audiencias públicas con casi 105.000 inscriptos. Buscan una adhesión semejante. Justamente la limitada cantidad de expositores que pudieron participar en las dos jornadas de audiencia es uno de los ejes de la acción colectiva. “Cientos de miles de personas se inscribieron para defender los glaciares y fueron ignoradas”, argumenta el conjunto ambientalista. Consideran que todo el debate consistió en “un proceso viciado y a espaldas de la sociedad, que ha ignorado a miles de personas que exigieron proteger el agua”, argumentan en la convocatoria.
Se suma a las distintas acciones que preparan los bloques del Congreso. “En lugar de hacer una acción judicial solo de las organizaciones queremos que la gente se involucre. Vamos a hacer la parte burocrática y legal para que sea la más grande de la historia. Buscamos incluso superar la participación de las audiencias”, cuenta a El Destape Agostina Rossi de Greenpeace. “La reforma es inconstitucional. Va en contra de cualquier criterio científico que se haya establecido. Si el Congreso dio luz verde vamos a ir a la justicia para que se revierta”, completa.
La inconstitucionalidad se sostiene a partir del artículo 41 de la Constitución. Sostiene que es competencia de Nación sentar los presupuestos mínimos para la protección de recursos naturales. Esta reforma invierte esa relación y le da la última palabra a cada provincia sin establecer un criterio uniforme. hace que en lugar que haya un criterio. La decisión y los criterios van a ser discrecionales.
Se advierte además por la creciente cantidad de conflictos interjurisdiccionales que acarrea. “Las provincias cordilleranas van a definir los recursos hídricos de otras provincias, van a generarse conflictos con las provincias que se abastecen del agua del glaciar. No va a traer seguridad jurídica a los proyectos mineros”, reafirman las organizaciones.
También se marca que la modificación va en contra de leyes ambientales como la ley general del ambiente que sostiene el principio de no regresión ambiental. Es decir, el piso de protección fijado hasta ahora no se puede reducir.
Las organizaciones advierten que, lejos de cerrar el conflicto, esta decisión abre una etapa de participación ciudadana en defensa del agua, para reafirmar la voluntad de la sociedad que ya expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares. Con estos argumentos basan la presentación que buscan tenga amplia adhesión ciudadana.
El Destape