En diálogo con CIUDAD TV, el intendente de la localidad, Rafael Frías, dijo que se apela al diálogo para tratar de resolver el conflicto generado por el cumplimiento de la acción de amparo que ordenó otorgar el título de propiedad comunitaria del Lote 88 a una organización indígena. En ese contexto, consideró que el desalojo de las 600 familias criollas es “de imposible cumplimiento”.
El intendente de Miraflores, Rafael Frías, expuso con crudeza el estado del conflicto que rodea al lote 88 del ejido municipal: una disputa que enfrenta a cerca de 600 familias con la comunidad originaria, cuyo derecho sobre el terreno fue reconocido por la Justicia hace varios años. La situación, heredada de gestiones anteriores, coloca al municipio en una posición prácticamente irresoluble desde el punto de vista legal.
“Decirlo de la manera más transparente posible, es una situación muy difícil porque hay una sentencia judicial, porque hay una decisión de la justicia que data de hace rato, de hace varios años atrás, donde ese lote que era parte del ejido municipal se le tiene que transferir a una asociación comunitaria de la comunidad originaria”, explicó Frías. En ese marco, todas las familias que residen en el lugar se encuentran imposibilitadas de obtener siquiera una constancia de trámite de su tierra.
El jefe comunal explicó que el municipio se encuentra en una paradoja: presta servicios de iluminación y recolección de residuos en esa zona, pero no puede cobrar impuestos ni emitir documentación alguna sobre las parcelas. “Tenemos que brindar los servicios de iluminación, de recolección de basura, entre otros, pero no podemos dar ni siquiera una constancia de tierra”, lamentó Frías, quien precisó que esta problemática se originó cuando el municipio, en gestiones anteriores, no se presentó ante la Justicia cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.
Para comprender el origen del conflicto, Frías remontó la historia al período en que un gobernador de la provincia del Chaco determinó, alrededor de la década de 1980, que cien lotes de la zona constituyen una reserva de la comunidad originaria. Miraflores fue creada como municipio en 1994 dentro de esos cien lotes, ocupando específicamente los lotes 87, 88, 93 y 94. El lote 88, sin embargo, fue tratado en los hechos como si no perteneciera al ejido municipal, lo que derivó en su posterior judicialización y en la sentencia favorable a la comunidad originaria.
Frías señaló que la mayoría de las familias que hoy habitan el lote compraron sus parcelas de buena fe directamente a la comunidad originaria, con contratos de compraventa que no pudieron ser regularizados ante el municipio. “La buena fe estuvo presente de parte de las familias que fueron a comprar para instalarse, vivir ahí, pero después, con la sentencia de la jueza que da para la comunidad originaria, como son tierras reservas de la comunidad, no puede ser a nombre de una persona, son tierras comunitarias”, explicó el intendente.
Ante la pregunta de qué ocurrirá con las 600 familias, el intendente fue contundente: “Nosotros sabemos que es de imposible cumplimiento un desalojo, porque trasladar 600 familias es garantizarle una vivienda digna y garantizarle un terreno, garantizarle otras acciones más, y eso es de imposible cumplimiento”. En ese sentido, Frías manifestó que la única salida posible es el diálogo entre las partes, y que desde el municipio trabajan activamente en esa dirección.
El intendente dio cuenta de los avances en la negociación. Reveló que participó de una reunión con el gobernador, el secretario de Asuntos Estratégicos, el subsecretario de Municipios y el ministro de Gobierno, Julio Ferro, en la que se analizaron distintas alternativas orientadas a preservar la paz social. “Lo que analizamos son alternativas, diferentes alternativas, considerando la paz social ante todo. Hay diferentes opciones que pueda haber de consenso entre las partes, y hoy seguimos trabajando en ello”, indicó. Al momento de la entrevista, Frías se disponía a recibir a referentes del lote 88 y al ministro de Gobierno en el despacho municipal.
Consultado sobre el clima social en la zona, el jefe comunal reconoció que el día anterior hubo una movilización de vecinos en la ruta, aunque sin cortes de tránsito. “Entiendo la desesperación de muchos de los vecinos, entiendo la situación, que es bastante compleja, pero también quiero que entiendan que nosotros desde el municipio no podemos hacer mucho, sino solamente apostar al diálogo para lograr un consenso”, expresó Frías, quien reconoció que las facultades del Ejecutivo municipal se encuentran acotadas por la sentencia firme de la Justicia.