Valentina Olguín fue procesada el año pasado por el delito de contrabando por simulación debido a que utilizó los datos fiscales del mandatario tucumano Osvaldo Jaldo. Ahora, el Juzgado Federal N°2 de dicha jurisdicción la señaló como responsable también de una maniobra idéntica que involucra a los gobernadores de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
En el marco de la investigación penal seguida contra una influencer, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, resolvió ampliar su procesamiento sin prisión preventiva por el delito de contrabando por simulación. La medida alcanza unos 15 hechos, tras acreditarse que la imputada utilizó ilegalmente los datos personales y números de CUIT de tres gobernadores provinciales para realizar importaciones de lujo. Cabe recordar que, en mayo de 2025, Valentina Olguín fue procesada por una maniobra similar que involucraba al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo.
La resolución, que hace lugar a la acusación impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, establece que la cantante e influencer simuló operaciones ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de importación por Courier. Según consta en el expediente, la acusada utilizó las identidades de los mandatarios para recibir paquetes de indumentaria de la marca estadounidense “Revolve” en su domicilio particular.
Los hechos que sustentan esta ampliación incluyen operaciones realizadas a nombre del gobernador de La Pampa, Sergio Raúl Ziliotto; el mandatario de Buenos Aires, Axel Kicillof y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Estos hechos se suman a los otros por los cuales Olguin ya se encontraba procesada, cuando utilizó el CUIT y datos personales de Jaldo para realizar compras en el exterior en cinco ocasiones. Además, dada la gravedad y la reiterancia de estas maniobras, se dispuso ampliar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta cubrir la suma de 15 millones de pesos.
Cómo se llevó adelante la maniobra
La investigación desarrollada por la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán estableció que la imputada habría consignado información falsa ante el organismo recaudador ARCA con el propósito deliberado de obtener un beneficio económico indebido, evitando así utilizar su propio cupo aduanero anual para compras en el extranjero. A lo largo de la instrucción se reunieron diversos elementos probatorios que la vinculan con las maniobras investigadas, entre ellas análisis técnicos de comunicaciones, el examen de sus dispositivos electrónicos y la verificación de impactos de antenas telefónicas que coinciden temporal y geográficamente con la recepción de los paquetes en su domicilio al momento de las entregas.
A partir del seguimiento de envíos gestionados por la empresa FedEx, el Ministerio Público Fiscal pudo determinar que distintas compras internacionales de indumentaria eran remitidas al domicilio particular de la acusada en la ciudad de Buenos Aires. El análisis del circuito de los paquetes permitió reconstruir la dinámica de las operaciones y ubicar el punto de recepción final de la mercadería. En el marco de la investigación, se dispuso el allanamiento del domicilio particular de Olguín, donde se secuestraron facturas emitidas por FedEx a nombre de los mandatarios utilizados en las operaciones, distintos dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo y una importante cantidad de prendas de vestir que aún se encontraban en sus envoltorios originales.
El juzgado rechazó los planteos formulados por la defensa, que sostenían que los datos utilizados en la investigación habían surgido de una supuesta “búsqueda al azar” en internet. De esa forma, se consideró que la reiteración de las operaciones y el perfil de las personas involucradas permiten descartar la alegada falta de conocimiento acerca de la ilicitud de las maniobras. En la misma resolución también se confirmó la competencia de la Justicia Federal de Tucumán para continuar con la tramitación del expediente.
Por su parte, la fiscalía continúa con el análisis de la prueba pendiente y con la profundización de la instrucción bajo la calificación legal de contrabando simulado, figura prevista en la normativa penal aduanera y que contempla penas de entre 2 a 8 años de prisión.
El origen del caso
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el gobernador Jaldo, quien el 28 de octubre de 2024 informó que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior, las cuales fueron ingresadas al país mediante la empresa Fedex por el régimen courier y entregadas en un domicilio particular en el barrio porteño de Núñez. Así, fue posible saber que estas operaciones habían sido llevadas a cabo por Olguín en al menos cinco oportunidades entre septiembre y octubre de 2024.
Tras recibir la denuncia, se pidieron informes a Aduana Tucumán y a Fedex, junto con el pedido al Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal para que realice una investigación reservada en el domicilio donde habrían sido recibidos los envíos. Así, se supo que todas las compras habían sido realizadas en la tienda online de la marca de indumentaria femenina “Revolve” de Estados Unidos. Todos los paquetes habían sido enviados al domicilio de Olguín y recibidos por ella o por gente de su confianza que se encontraba en el lugar.
La competencia federal
Al momento de la denuncia que originó la causa, se pudo establecer que Olguín había utilizado los datos fiscales de otros cuatro gobernadores provinciales, y todos ellos negaron conocer a Olguín o haber autorizado dichas operaciones. A pedido del fiscal Chit, el juez declaró la incompetencia parcial en razón del territorio respecto de los hechos que involucran a los otros mandatarios provinciales.
“Entiendo que corresponde a la justicia federal con competencia en cada una de esas jurisdicciones investigar los hechos ilícitos perpetrados presuntamente en su contra”, señaló el fiscal en el respectivo dictamen. El juez compartió el criterio del representante del MPF y remitió las actuaciones a los juzgados federales de La Plata (por Kicillof), Paraná (por Frigerio), Santa Rosa (por Ziliotto) y San Juan (por Orrego).
Posteriormente, el Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata, el Juzgado Federal de Santa Rosa, provincia de La Pampa y el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, provincia de Entre Ríos, rechazaron la competencia de las respectivas jurisdicciones, por lo que se declaró la competencia del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán el 3 de julio de 2025.
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