En uno de ellos se investiga si utilizó su investidura para obtener información reservada de una causa en la que está imputado. En el otro se analiza un posible direccionamiento indebido de expedientes previsionales hacia determinados estudios jurídicos.
El juez federal de garantías de Rosario, Román Lanzón, rechazó por “infundado e improcedente” el planteo de recusación presentado por la defensa de su colega el juez federal Gastón Salmain, quien es investigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El magistrado consideró que el planteo tuvo un carácter “dilatorio” y también desestimó otros pedidos formulados por la defensa, entre ellos la invalidación del allanamiento y la requisa realizados el 12 de noviembre de 2025 en el Juzgado Federal N°1 de Rosario, a cargo de Salmain. Además, rechazó la solicitud de no peritar y devolver los teléfonos y computadoras secuestrados durante esa medida.
Por último, Lanzón desestimó un recurso de revisión del levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil en otra investigación penal en la que se analiza un posible direccionamiento indebido de expedientes previsionales hacia determinados estudios jurídicos.
La audiencia
Las resoluciones fueron adoptadas tras una audiencia oral y pública realizada el lunes pasado en los tribunales federales de Rosario. La defensa del juez Salmain —ejercida por el propio magistrado y por el abogado particular Ignacio Carbone— solicitó la recusación de Lanzón al sostener que existían dudas sobre su imparcialidad.
El planteo se basó en que el juez de garantías había puesto en conocimiento del Consejo de la Magistratura el contenido de la audiencia de formalización de la investigación realizada el 16 de diciembre pasado. Asimismo, la defensa sostuvo que el magistrado no podía revisar sus propias decisiones luego de que se planteara la nulidad del allanamiento realizado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario.
Tomando como base la supuesta invalidez del allanamiento y del secuestro de los elementos, también pidió que se dispusiera una medida de no innovar para impedir el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados y que se ordenara su devolución. A su vez, cuestionó la intervención del Ministerio Público Fiscal en el trámite de recusación.
Por el MPF participaron el fiscal general Javier Arzubi Calvo, con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito Rosario y titular del Área Investigación y Litigio Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario; el fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina Litigio Oral Estratégico del Área Investigación y Litigio Casos Complejos; las fiscales coadyuvantes Soledad García y María Virginia Sosa y el fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro —todos ellos de la misma unidad fiscal—; y el auxiliar fiscal Esteban Venditti, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La postura de la fiscalía
El Ministerio Público Fiscal solicitó el rechazo de la recusación. Entre otros argumentos, sostuvo que el planteo era extemporáneo, dado que el plazo previsto por el Código Procesal Penal Federal (CPPF) para recusar al magistrado ya se encontraba vencido.
Asimismo, indicó que la solicitud de apartamiento carecía de fundamentos suficientes y no cumplía con los requisitos de seriedad y razonabilidad previstos por la normativa procesal, por lo que evidenciaba una intención dilatoria.
En relación con el pedido de no peritar los dispositivos electrónicos secuestrados, la fiscalía señaló que esas medidas ya se habían realizado con la debida notificación a la defensa.
La decisión del juez
Al resolver, Lanzón consideró que el planteo de recusación era “infundado e improcedente” y sostuvo que, conforme al sistema acusatorio vigente, la participación del Ministerio Público Fiscal en la audiencia resultaba necesaria.
También rechazó el pedido de nulidad del allanamiento y la requisa realizados el 12 de noviembre de 2025. El magistrado señaló que en esta instancia “no se rebatieron los argumentos ni se presentaron pruebas” que demostraran que la medida hubiera sido desproporcionada, ni acreditó perjuicios concretos derivados de su realización, requisito fundamental para la invalidación de los actos.
Del mismo modo, desestimó la solicitud de no innovar respecto del análisis pericial de los teléfonos y computadoras secuestrados.
Investigación por expedientes previsionales
Por otra parte, Lanzón rechazó un recurso de revisión presentado por la defensa en relación con la autorización judicial para levantar los secretos fiscal, bancario y bursátil del magistrado en una investigación sobre el desempeño de Salmain vinculada con la tramitación de expedientes previsionales.
Cabe recordar que en otra audiencia realizada el 27 de febrero pasado, a pedido del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del MPF, el juez había autorizado la apertura de la investigación por el plazo de 90 días y habilitado el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Salmain desde el 1° de abril de 2023 hasta la actualidad.
Ese legajo busca determinar la posible comisión de conductas que podrían encuadrarse en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la presunta existencia de un direccionamiento indebido de causas previsionales hacia determinados actores del sistema judicial.
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