Jorge “Chaquito” Espinosa operaba con celulares desde la Unidad 7 de Resistencia. También fueron condenados su madre y un transportista. Traían marihuana de Paraguay.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a 13 años de prisión a un hombre que ya cumplía dos condenas por narcotráfico y que, desde una cárcel federal, lideraba una organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico ilícito y al contrabando de estupefacientes —principalmente marihuana— desde la República del Paraguay hacia la localidad correntina de Itatí y otros puntos del país.
El veredicto fue dado a conocer el viernes pasado y el principal condenado es Jorge Eduardo Espinosa (31), alias “Chaquito”, quien se encontraba cumpliendo una pena unificada de 10 años y 6 meses de prisión por delitos vinculados al narcotráfico en la Unidad N°7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Resistencia.
Además, el tribunal dispuso penas de 12 años de prisión para Rubén Ángel María Tabares (45), un chofer de aplicaciones, y de 8 años de prisión para la madre de Espinosa, Juana Torres (51).
Espinosa fue hallado culpable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas, en calidad de autor.
Por su parte, Tabares fue condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de personas, en concurso real con transporte de estupefacientes —el primer delito en calidad de partícipe necesario y el segundo como autor— y fue absuelto del delito de uso de documento público falso.
En tanto, Torres fue condenada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de más de tres personas, en calidad de partícipe necesaria.
En esta misma causa también fueron condenadas otras doce personas en el marco de juicios abreviados, con penas que van de los 3 a los 6 años de prisión.
El debate oral había comenzado el 9 de febrero pasado ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, con la intervención de los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, la auxiliar fiscal Nancy Vargas y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en el distrito Corrientes, Nicolás Marquevich.
La investigación había sido llevada adelante por el fiscal federal Flavio Ferrini y el fiscal coadyuvante coordinador de la Región Noreste de la PROCUNAR, Martín Uriona. Los fundamentos del veredicto se darán a conocer el próximo 20 de marzo.
La investigación
De acuerdo con lo acreditado en la causa, las 15 personas implicadas participaron en maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes —principalmente marihuana— en distintas etapas del circuito delictivo: introducción al país, acopio, transporte y distribución comercial.
También se les atribuyeron otras conductas vinculadas al sostenimiento de la estructura criminal y al manejo del dinero proveniente de la actividad ilícita.
La organización operó al menos entre mayo de 2021 y marzo de 2023, momento en que se realizaron los allanamientos y detenciones que permitieron desarticular la estructura. En esos procedimientos se secuestraron cargamentos de marihuana de 215,224 y 532,450 kilogramos, respectivamente.
En agosto de 2019, Espinoza había sido condenado por el TOF de Corrientes a 7 años de prisión por el delito de facilitador para el uso de estupefacientes. Luego, en agosto de 2021, el TOF N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo condenó a 8 años de prisión en el marco de la “causa Sapucay”, por lo que, por contar con una condena previa, se le dictó una pena única de 10 años y 6 meses de prisión.
El alegato de la fiscalía
Durante el alegato, la fiscal general Pourcel y la auxiliar fiscal Vargas sostuvieron que el objetivo de la organización era obtener estupefacientes —principalmente marihuana— provenientes de Paraguay para su distribución en distintas provincias del país.
Explicaron que los principales integrantes operaban en las ciudades correntinas de Itatí y Corrientes capital y en la ciudad chaqueña de Resistencia, mientras que los destinos finales de la droga eran las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén.
Las representantes del MPF señalaron que pese a estar detenido en la Unidad 7 del SPF cumpliendo condenas previas, Espinosa utilizaba un teléfono celular personal y el teléfono correspondiente a ese penal federal para comunicarse con su hermano Edgardo Ezequiel Espinosa, apodado “Viru”, con quien coordinaba los viajes hacia la ciudad de Corrientes para retirar dinero y mantener contacto con el resto de los integrantes de la organización.
Respecto de Tabares, indicaron que su función era facilitar vehículos para el transporte de los estupefacientes y su traslado hacia otras provincias.
También describieron que la organización contaba con múltiples integrantes con roles específicos: algunos coordinaban el traslado de la droga desde las costas del río Paraná y su acopio, mientras que otros oficiaban de “maleteros” y realizaban los traslados en vehículos.
Las fiscales también afirmaron que Espinosa contó con la connivencia y participación de funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal que prestaban servicios en la Unidad N°7 de Resistencia, donde se encontraba detenido.
En ese sentido, sostuvieron que la prueba reunida permitió establecer que la organización funcionaba como una estructura cohesionada: Espinosa dirigía las operaciones desde la cárcel, Torres administraba los fondos provenientes de la actividad ilícita y facilitaba la comunicación, mientras que Tabares aportaba la logística de transporte necesaria para trasladar los cargamentos hacia sus destinos. A ellos tres, los mencionaron en un esquema exhibido en la audiencia como “el triángulo de la impunidad”.
Los roles específicos
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Espinosa organizaba, dirigía y coordinaba las maniobras de tráfico de estupefacientes.
“Espinosa no fue un eslabón más de la cadena. Fue quien decidió, organizó y ordenó. Lo hizo incluso desde el interior de una unidad penitenciaria (…) Desde la cárcel coordinó el ingreso de la droga desde Paraguay, fijó destinos, impartió instrucciones, ordenó cobros y administró ganancias. (…) Espinosa sabía perfectamente qué hacía. Sabía que se trataba de marihuana, sabía que ingresaba desde el extranjero, sabía que era para su venta, y aun así siguió dirigiendo la organización. Nada fue improvisado. Todo fue planificado”, indicaron las representantes del MPF.
En relación con Torres, sostuvieron que tuvo un rol esencial en el circuito financiero del narcotráfico. “No se limitó a una conducta pasiva ni derivada del vínculo familiar, sino que actuó como receptora, administradora y canalizadora del dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes, recibiendo fondos en su cuenta personal y distribuyéndolos conforme las instrucciones impartidas por el jefe de la organización”, sostuvieron.
Agregaron que la intervención de la madre del cabecilla de la organización fue “necesaria”, ya que sin la administración del dinero ilícito —acreditada mediante transferencias, depósitos y comunicaciones— “la estructura criminal no habría podido sostenerse en el tiempo”.
Por su parte, respecto de Tabares, indicaron que fue un eslabón operativo dentro de la organización criminal, ya que “colaboró activamente en la logística del tráfico de estupefacientes”, mediante tareas de traslado, resguardo y facilitación de vehículos, con conocimiento del carácter ilícito de la actividad.
“No se trata de una participación casual ni inocente, sino de una intervención concreta que facilitó la consumación del delito principal”, sintetizaron.
Al momento de solicitar las penas, el MPF requirió 13 años de prisión para Espinosa y su declaración de reincidencia, 14 años para el transportista Tabares —por dos hechos en concurso real— y 8 años tanto para su madre Torres como para el transportista Tabares.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de queja debido a que el tribunal habilitó la exposición del alegato únicamente para dos de las fiscales que intervinieron en el debate.
Fiscales