La empresa textil correntina que cerró sus plantas en Goya y Villa Angela, Chaco, rechazó los planteos de los trabajadores despedidos y ratificó la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los cesanteados siguen con las movilizaciones y todo indica que el conflicto se trasladará al ámbito judicial.
El conflicto laboral en la histórica firma textil Emilio Alal S.A.C.I.F.I se profundiza cada vez más. La empresa comenzó a responder las cartas documento enviadas por los trabajadores despedidos y mantiene firme la postura de abonar solo la mitad de las indemnizaciones a los 240 empleados cesanteados tras el cierre de la textil en la ciudad de Goya. Hace pocos días, las autoridades comunicaron que la compañía había ingresado en Concurso Preventivo de Crisis.
El pasado 25 de enero, la hilandería -que presenta más de un siglo de trayectoria en la industria argentina- confirmó el cierre definitivo de sus dos plantas productivas, una decisión que afectó a 460 trabajadores: del total, 260 empleados que se desempeñaban en la localidad correntina quedaron en la calle. En tanto, otros 200 empleados fueron despedidos en Villa Ángela, Chaco.
Tras la confirmación de los despidos, los empleados comenzaron a realizar múltiples protestas para reclamar el pago total de las indemnizaciones y visibilizar la problemática con cortes de rutas.
Los empleados habían impugnado la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), norma que habilita al empleador a abonar el 50% de la indemnización cuando el despido se produce por falta o disminución de trabajo no imputable a la empresa o por fuerza mayor debidamente acreditada. En sus presentaciones, rechazaron esa causal y reclamaron el pago completo de la indemnización.
En la contestación remitida a través de su apoderado, la firma negó y rechazó “en todos sus términos” los planteos formulados por los despedidos, calificándolos como “falsos” e “improcedentes”. Asimismo, ratificó que las desvinculaciones obedecen a causas “reales, válidas y comprobables”, vinculadas a la situación económica y financiera que atraviesa la compañía.
Según detallo el medio Diario Época, la empresa negó el cierre del establecimiento y también niega que se trate de un despido masivo, rechazando los reclamos basados en los artículos 232, 233 y 245 de la LCT. Al mismo tiempo, niega que corresponda efectuar un pago adicional alguno y afirma que no existiría derecho a iniciar reclamo contra la firma.
Ante la firme postura de ambas partes, todo indica que el conflicto se trasladará al ámbito judicial mediante demandas laborales individuales, donde deberá determinarse si corresponde la aplicación del artículo 247 o si los trabajadores tienen derecho a percibir la indemnización completa.
Crisis textil en Corrientes: “Nos está destruyendo”
En octubre del año pasado, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), Isaac Solís, había advertido sobre el deterioro estructural de la industria textil en territorio correntino. En ese momento, el dirigente denunció que la apertura indiscriminada de importaciones estaba golpeando de lleno a las empresas del sector. “Nos está destruyendo la industria, tanto a nivel provincial como nacional”, señaló meses atrás.
En diálogo con Radionord, Solís explicó que mientras algunas plantas siguen produciendo con relativa normalidad – como IT Londeria, Textil Liberada de Laguna Brava y Olla – otras atraviesan una situación crítica. El caso más delicado es el de la localidad de Bellavista, donde se aplica un régimen laboral 4×3, con cuatro días de trabajo y tres de suspensión, combinado con retiros voluntarios. “Eso para nosotros es un despido indirecto”, afirmó Solís, al remarcar que muchos operarios aceptan esos acuerdos ante la falta de alternativas reales de empleo.
Otro de los ejes centrales de la crisis textil en Corrientes es el deterioro del poder adquisitivo. Solís cuestionó duramente la última paritaria del sector, que estableció aumentos del 2% mensual entre diciembre y marzo. “El salario está aplastado por la inflación disfrazada”, sostuvo el dirigente sindical.
El Destape