La Federación de Acopiadores de Granos lanzó una fuerte advertencia pública frente a lo que considera una avanzada sin precedentes por parte de un grupo de empresas exportadoras multinacionales en el mercado de la soja. Según la entidad, estas compañías estarían imponiendo a acopios y cooperativas la obligación de entregar información “relevante y sensible” de todos sus productores clientes como condición ineludible para concretar operaciones comerciales.
La organización calificó la situación como “insólita y grave”. Y denunció que las exigencias no solo vulnerarían la normativa vigente en materia de protección de datos personales y lealtad comercial. Sino que además configurarían un intento de concentración abusiva del mercado granario. Ante la consulta de Mundo Gremial, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) respondieron: “No tenemos nada que decir. Es un tema entre particulares”.
De acuerdo con la Federación, las exportadoras estarían solicitando a los acopios y cooperativas datos detallados de cada productor que comercializa su soja a través de estos intermediarios. Entre la información requerida se incluirían las hectáreas de cada productor, el nombre de cada establecimiento, la localidad y provincia del campo.
Así como el Renspa (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) del productor. En paralelo, también se estaría exigiendo a los productores que venden directamente que brinden información considerada confidencial. Y que según los acopiadores, “nada tiene que ver con sus operaciones específicas”.
La Federación remarcó que se trata de un cambio sustancial en las reglas de juego que rigen históricamente la comercialización de granos en la Argentina. Un esquema que se basa en la competencia entre actores privados, la intermediación comercial y el resguardo del secreto profesional.
Acusación de posición dominante
Los acopiadores advirtieron que las empresas exportadoras involucradas ejercerían una posición “oligopólica y dominante” en el mercado. Lo que les permitiría avanzar con este tipo de requerimientos bajo presión comercial. “La exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para erigirse en comisario de los productores argentinos. Estamos ante un intento evidente de apropiación de datos comerciales sensibles. Que apunta a eliminar en el tiempo a los acopios y cooperativas para ejercer un dominio total del mercado granario”.
Para la entidad, el acceso a la cartera completa de clientes de los acopios implicaría otorgar a las exportadoras una ventaja estratégica. Que podría derivar, en el mediano plazo, en una desintermediación forzada. Es decir, en la posibilidad de operar directamente con los productores y desplazar a los acopios y cooperativas del circuito comercial.
La Federación calificó la maniobra como inviable, ofensiva, innecesaria e ilegal, y desarrolló cada uno de estos conceptos.
Finalmente, sostienen que la exigencia sería ilegal. Argumentan que violaría la Ley de Protección de Datos Personales 25.326 y disposiciones del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial. En particular, advierten que el comportamiento podría configurar una violación directa a los incisos d, e, j y k del artículo 10 de esa norma. Lo que habilitaría a los afectados a iniciar acciones judiciales para hacer cesar la práctica y reclamar daños y perjuicios.
Normativa y sistemas oficiales
Desde la Federación recuerdan que incluso los sistemas oficiales de registración, como SIO-Granos, preservan el secreto comercial de las operaciones. En consecuencia, sostienen que la pretensión exportadora excedería lo establecido por la normativa pública vigente. Y avanzaría así sobre un terreno que ni siquiera el Estado ocupa en términos de requerimientos de información.
El planteo adquiere relevancia en un contexto en el que el comercio exterior agroindustrial representa miles de millones de dólares en ingresos para el país. Y donde la soja continúa siendo uno de los principales complejos exportadores. En ese marco, cualquier modificación en las reglas de comercialización impacta no solo en los actores privados sino también en la dinámica general del mercado.
Frente a este escenario, la Federación de Acopiadores informó que está haciendo pública la advertencia ante las organizaciones representativas de productores y corredores de granos. Con el objetivo de coordinar un plan de acción conjunto que impida la implementación de estas exigencias. La entidad no descarta avanzar por la vía judicial en caso de que las prácticas denunciadas continúen o se formalicen contractualmente como condición para la compra de soja.
La disputa abre un nuevo frente de tensión dentro de la cadena agroindustrial. En momentos en que el sector enfrenta además desafíos vinculados a la competitividad y las exigencias ambientales internacionales. Y la necesidad de mantener el flujo exportador en un mercado global cada vez más regulado. El desenlace de este conflicto podría sentar un precedente relevante sobre los límites de la trazabilidad privada. Así como el uso de datos comerciales y el equilibrio de poder entre exportadores e intermediarios en uno de los complejos productivos más estratégicos del país.
Mundo Gremial