El exmédico de la Policía bonaerense murió condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Participó en torturas y partos clandestinos, mientras aún persiste el reclamo por los desaparecidos y los bebés apropiados.
Jorge Antonio Bergés, exmédico de la Policía bonaerense y uno de los represores más emblemáticos del terrorismo de Estado, murió en las últimas horas. Estaba condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Su fallecimiento se produjo con una deuda histórica aún abierta: el destino de miles de desaparecidos y de niños y niñas apropiados ilegalmente sigue sin conocerse.
Bergés había jurado ejercer la medicina para preservar la vida, pero utilizó ese rol para participar activamente del aparato represivo. Sobrevivientes lo señalaron como responsable directo de torturas y de partos clandestinos en centros ilegales de detención, donde bebés nacidos en cautiverio fueron luego apropiados.
Un médico al servicio del terrorismo de Estado
Nacido en Avellaneda en 1942, Bergés integró la estructura represiva de la Policía bonaerense durante los años más crudos del terrorismo de Estado. Su nombre aparece asociado al Pozo de Banfield y a otros centros clandestinos, donde no solo asistía partos de mujeres secuestradas sino que también supervisaba sesiones de tormento.
Entre los testimonios más contundentes figura el de la física y profesora universitaria Adriana Calvo, quien lo reconoció como el médico que la obligó dar a luz en un auto en movimiento, le arrancó la placenta de un tirón y la obligó a limpiar la escena del parto. Calvo también relató otros nacimientos clandestinos ocurridos en condiciones inhumanas, cuyos bebés continúan desaparecidos.
Bergés fue señalado, además, por su participación directa en torturas a detenidos políticos, entre ellos el periodista Jacobo Timerman, y por su rol en la apropiación sistemática de hijos e hijas de personas desaparecidas.
En 2004 fue condenado junto al excomisario Miguel Etchecolatz por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, una hija de desaparecidos nacida en cautiverio. En ese juicio se sentó un precedente histórico: por primera vez se condenó a represores que no habían sido apropiadores directos, pero sí engranajes clave del plan criminal.
A lo largo de los años, Bergés acumuló múltiples imputaciones por privación ilegal de la libertad, tormentos y delitos vinculados al robo de bebés. Con la reapertura de las causas tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, volvió a prisión y finalmente recibió una condena a prisión perpetua.
Un final sin verdad ni reparación completa
Aunque murió condenado, el fallecimiento de Bergés vuelve a poner en evidencia una herida abierta. Mientras su familia pudo despedirlo, miles de familias continúan sin saber qué ocurrió con sus seres queridos desaparecidos ni dónde están los niños y niñas apropiados durante la dictadura.
Su muerte no clausura la responsabilidad histórica ni judicial del terrorismo de Estado. Por el contrario, refuerza el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia frente a un pasado que aún exige respuestas.
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