La filtración de un IPC del 3,4% para enero de 2026, superior al esperado oficial, genera alarma en los gremios y cuestiona los acuerdos salariales firmados, con posibles reaperturas en el horizonte.
La sorpresiva renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha desatado un fuerte desconcierto en el ámbito económico y sindical. Fuentes cercanas al organismo indican que el detonante fue el desacuerdo con el Gobierno de Javier Milei por la postergación indefinida de un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que actualizaría la canasta de bienes y servicios para reflejar mejor los consumos actuales.
Este nuevo índice arrojó una inflación del 3,4% para enero de 2026, un valor que el Ejecutivo decidió no difundir, optando por mantener el método antiguo, que estima un rango entre el 2,2% y el 2,5%.
La inflación ”escondida” y los acuerdos salariales
La Mesa Sindical, que agrupa a más de 50 organizaciones gremiales como ATE y CTERA, emitió un comunicado denunciando un ”sincericidio” gubernamental y exigiendo la implementación inmediata del nuevo índice, al que atribuyen una brecha del 23% con el actual, que se agrandará mensualmente.
Este escenario ha generado una alarma generalizada en el sector sindical, ya que los acuerdos paritarios firmados hasta la fecha se basaron en cifras oficiales ahora cuestionadas, resultando en una erosión del poder adquisitivo para los trabajadores.
Aunque en enero algunos incrementos marginalmente superan el 3,4% “escondido”, el rezago acumulado de meses previos – con inflación oficial del 2,3% en octubre de 2025, 2,5% en noviembre y 2,8% en diciembre – evidencia pérdidas salariales que se arrastran, agravadas por la falta de indexación automática en muchos convenios.
Inflación vs. paritarias: sindicatos en aprietos
Como casos testigos, los acuerdos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y el Sindicato del Seguro ilustran esta dinámica:
Camioneros: el acuerdo incluye un 4,7% remunerativo en enero de 2026 (que incorpora parte de una suma fija no remunerativa de $35.000 de diciembre de 2025) y un 1% en febrero, más un bono anual de $840.000 en cuotas. Si bien el 4,7% supera el 3,4%, el aumento neto fresco es menor (alrededor del 2-3%), y en meses previos como diciembre (inflación 2,8%), los ajustes modestos no compensaron plenamente, generando rezago.
UOM (Metalúrgicos): prevé un 4,2% remunerativo en enero más un bono no remunerativo de $15.000, y solo un bono de $25.000 en febrero sin porcentaje fijo. El 4,2% cubre por poco el 3,4%, pero en octubre-diciembre de 2025, con bonos fijos como $35.000 en octubre, no impactaron la base salarial futura, resultando en erosión ante la aceleración inflacionaria.
Sindicato del Seguro: acordó un 13% total en tramos, con 5,5% en diciembre de 2025, 3,5% en febrero de 2026 y 4% en abril, sin incremento en enero. Esto deja enero expuesto al 3,4% sin compensación, y aunque el tramo de diciembre cubrió el 2,8% oficial, el rezago de octubre-noviembre (2,3%-2,5%) diluyó el poder adquisitivo acumulado.
UPSRA (Seguridad Privada): el acuerdo establece incrementos escalonados de enero a junio de 2026, con un 4,03% en el salario básico en enero (de $833.600 a $867.200) y alrededor del 1% mensual en febrero-junio (llegando a $911.650 en junio, +9,36% total desde diciembre). El salario bruto conformado sube 1,61% en enero y 3,79% en meses posteriores (hasta $1.644.650 en junio, +10,23% total). Incluye sumas no remunerativas fraccionadas y adicionales por viáticos.
El 4,03% en básico supera marginalmente el 3,4%, pero los ajustes posteriores de 1% son insuficientes ante una inflación real sostenida, y el rezago de fin de 2025 erosiona el poder adquisitivo, con revisión prevista para mayo.
¿Habrá reapertura de paritarias?
Estos ejemplos destacan cómo las paritarias, negociadas en base a proyecciones conservadoras de inflación oficial, ahora resultan insuficientes frente al valor ”escondido”, potenciando reclamos por recomposiciones. La Mesa Sindical exige la devolución de un 23% adeudado por ”mala praxis gubernamental”, argumentando que aumentos en servicios públicos, alimentos y alquileres superan las cifras reportadas.
La incógnita ahora es si este escándalo impulsará reaperturas de negociaciones. Con el IPC oficial de enero pendiente a publicarse el 10 de febrero, y en un contexto de tensiones sectoriales por la reforma laboral, los gremios podrían escalar medidas de fuerza si no se transparentan los datos.
¿Se abrirán las paritarias para recuperar lo perdido, o persistirá la narrativa de desinflación a costa de la credibilidad estadística? El debate está abierto, y el impacto en el arco sindical podría definir el rumbo de las relaciones laborales en 2026.
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