sentó posición sobre el actual debate por el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad que se intensificó tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. Al respecto, la Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado en donde critica que que este enfoque sea la “única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad”.
El debate público se incrementa a pocos días de que el Congreso debata – en sesiones extraordinarias – el proyecto de Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei. La estrategia del oficialismo legislativo apunta a presentar un nuevo proyecto respaldado en la redacción del texto que alcanzó dictamen el año pasado, pero con un cambio sustancial: la baja de la edad punible de 14 a 13 años.
La Iglesia llamó a tener un “abordaje integral” de la delincuencia juvenil
“Deseamos compartir algunas reflexiones ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad”, plantea en su inicio el documento difundido por la Iglesia.
El texto -firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro-, advierte que el foco casi exclusivo en el castigo penal desplaza del centro del debate a las herramientas que consideran verdaderamente eficaces. En ese sentido, sostienen que “centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano aquello realmente necesario: lo que previene, educa y acompaña”.
Desde la Conferencia Episcopal remarcan que reducir la discusión a la edad de imputabilidad implica desconocer la complejidad del problema. “Una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”, señalaron.
Más adelante, el comunicado retoma un posicionamiento previo expresado en marzo de 2025, cuando la Iglesia ya había cuestionado la iniciativa. Allí, los obispos vuelven a plantear interrogantes sobre las consecuencias prácticas de una eventual reforma: “Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”.
A partir de ese diagnóstico, el documento fija una de sus conclusiones centrales: “Es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.
En línea con la tradición salesiana y al recordar los 150 años de su presencia en el país, la Iglesia vuelve a enfatizar un enfoque alternativo. “A la luz de su legado y de los 150 años de presencia salesiana en la Argentina, desde la Iglesia insistimos en una propuesta positiva: educar, acompañar y prevenir”, subrayaron.
El texto también pone el acento en el rol de las políticas públicas y del entramado social. “El desafío es fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro, más que debates que profundizan divisiones”, indicaron.
En el cierre, el comunicado reafirma una visión integral del problema y de su abordaje: “Reafirmamos que la verdadera prevención nace del cuidado compartido: de familias acompañadas, de comunidades comprometidas, de un Estado presente y de una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes”.
El Gobierno se prepara para discutir el Régimen Penal Juvenil en extraordinarias
Tras el crimen de Bruno Bussanich en Rosario, ocurrido en marzo de 2024, el oficialismo reactivó en el Congreso la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad. La llamada bancada violeta impulsó entonces iniciativas que proponían reducirla de los 16 años vigentes a los 13. Sin embargo, el debate quedó trunco durante meses en el trabajo de comisiones.
El tema volvió a cobrar centralidad tras el asesinato de Kim Gómez en La Plata, en febrero de 2025. Ese hecho llevó al presidente Milei a reclamar explícitamente la aprobación del Régimen Penal Juvenil durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Para destrabar el expediente, el oficialismo aceptó un punto intermedio y en mayo logró dictamen con una edad punible fijada en 14 años. Desde entonces, el proyecto volvió a quedar en pausa, hasta que la muerte de Jeremías Gómez en Santa Fe volvió a sacudir la agenda política.
Con ese telón de fondo, el Gobierno decidió reabrir el frente legislativo y decretó que el Régimen Penal Juvenil se debatirá en las sesiones extraordinarias de febrero. Este viernes, incluso, la Casa Rosada profundizó la señal política al convocar a los familiares de Jeremías Monzón a una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ratificó la postura oficial con una definición contundente: “Va a ser ley”.
La hoja de ruta parlamentaria del oficialismo contempla presentar un nuevo proyecto basado en el texto que obtuvo dictamen el año pasado, aunque con una modificación clave: volver a bajar la edad de punibilidad de 14 a 13 años. El inicio formal del debate está previsto para la segunda semana de febrero en la Cámara de Diputados, en paralelo al arranque de la discusión de la reforma laboral en el Senado.
El tratamiento se dará en un plenario que incluirá dos comisiones ya conformadas —Legislación Penal y Presupuesto— y otras dos que aún deben constituirse: Familias y Justicia. Desde el bloque libertario aseguran que buscan una sanción rápida y sostienen que las instancias de consulta ya están agotadas. “Es cierto que fueron abogados, organismos de derechos humanos y neurocientíficos, pero todos estuvieron en contra del proyecto y ellos lo sostuvieron igual”, cuestionan desde Unión por la Patria.
En el oficialismo insisten en que los números están. “Estamos bien para la aprobación”, repiten, y apuntan contra la oposición: “Están en contra pero no proponen una alternativa”. Como respaldo político, citan pronunciamientos de los ministros de Seguridad de Mendoza, Santa Fe y Córdoba, que avalaron la baja de la edad de imputabilidad como una herramienta en materia de seguridad. En la vereda opuesta se ubicó el ministro bonaerense Javier Alonso, que rechazó la iniciativa.
Fuente: Ámbito