En los últimos días se hizo público el malestar de empleados del Ministerio de la Producción por la quita del Fondo Estimulo Productivo, que desde el año 2015 por Ley 2398-I (antes Ley 7709) se creó como un incentivo para el trabajador de esta cartera de Gobierno. Quien suscribe como legislador, acompañó el proceso del proyecto de Ley.
Por Juan José Bergia*
En aquel momento se planteó que los recursos económicos recaudados por el Ministerio son ingresadas a las cuentas del organismo por distintos servicios públicos que presta el mismo y sus dependencias, como ser, permisos de bosques, aplicación de multas, aforos y corresponsabilidad gremial en la emisión de guías, marcas y señales, entre otros.
El argumento central, era la alta calificación técnica y profesional del trabajo público y su impacto el sector productivo, las grandes sumas de dinero recaudadas en beneficio del estado y de los productores, y la necesidad de que ese compromiso por la producción se mantenga en el tiempo.
El resultado final de la sanción de la Ley 2398-I fue acertado porque la recaudación del Ministerio no solo que se mantuvo, sino que aumentó y actualizó brindando servicios de mayor calidad al productor.
Para dar solo algunos ejemplos: la emisión de guías de granos y de productos forestales, se transformaron en herramientas digitales que un productor puede gestionar desde una computadora o un celular, y no depender de acudir a una dependencia pública. Certificaciones y trámites, que antes requerían presentarse en Casa de Gobierno, hoy se llevan adelante por sistemas de gestión electrónica. Ese avance, no fue producto del logro de ningún gobernante de turno, sino el empleado técnico o administrativo que, con su experiencia y profesionalismo, analizó la manera de brindar un mejor servicio y se concretó, siendo hoy una realidad.
En este sentido el art. 1 de La Ley 2398-I se estableció “…una asignación mensual especial denominada Fondo Estimulo Productivo, para el personal de planta permanente del Ministerio de Producción, sus dependencias y entes descentralizados que dependan funcionalmente de este, el cual será́ el reflejo del 80% de todos los recursos, que se recauden por cualquier concepto y naturaleza, entre otros: habilitaciones, multas, permisos e inspecciones, que competan a ese Ministerio o a sus dependencias y que a la fecha tengan una determinada asignación o finalidad especial”.
En la estructuración del Fondo se definió que se constituya por el “reflejo” de toda la recaudación del Ministerio, con el fin de no alterar los fines específicos que tenga asignada por cada ley especial cada rubro de recaudación, y pueda seguir sosteniéndose las actividades del organismo.
En este sentido, el sector forestal en aquel momento manifestó preocupación para que los recursos de recaudación de la Dirección de Bosques no sean afectados; es decir, se utilicen en financiar los gastos del organismo y que de esta manera no se afecten los servicios públicos que se brindan.
Es por ello, que se fijó en la Ley la “intangibilidad” de estos recursos para resguardar esa preocupación, y que la Dirección de Bosques disponga de la recursos para solventar el pago de contratos, viáticos, combustible, etc.; pero de ninguna manera se determinó que estos conceptos no formen parte de la base de cálculo del Fondo, como se pretende instalar. Al contrario de esta interpretación, se dejó por aclarado en el artículo primero de la Ley 2389-E, remarcando que el fondo estimulo productivo se debe constituir por los recursos recaudados “por cualquier concepto y naturaleza”.
El objetivo central del Fondo Estímulo es incentivar al empleado del Ministerio y en especial de la Dirección de Bosques a que se incremente la recaudación mejorando el sistema de aplicación de multas y de permisos, para que se brinde mejores herramientas al sector privado y al mismo tiempo sea un aliciente para el bolsillo del trabajador estatal.
Si afectamos estructuralmente al Fondo Estímulo o descontamos la recaudación de Bosques, no va ser ningún incentivo; al contrario, va ser un desaliento a que esta área del gobierno mantenga el servicio que presta y que se mejore en el tiempo, especialmente la Dirección de Bosques que tiene un despliegue territorial en todo el interior provincial.
Nos preocupan como se llevan adelante interpretaciones de la Ley en desmedro de los trabajadores, escondiendo realmente un problema presupuestario del Gobierno, que en este momento pone al Fondo Estímulo del Ministerio de Producción en escena, sin importar que detrás de cada persona perjudicada, hay una familia, una proyección de vida en base a su salario que durante años fue sostenido.
Es alarmante, porque al desconocer este tipo de leyes, mañana seguramente serán los recursos de otro Ministerio, o de algún instituto, o entidad autárquica, y porque no de otro poder, como el Legislativo o Judicial, que también perciben conceptos vinculado a la recaudación, y así en poco tiempo nos encontraremos con un caos administrativo y financiero dónde el principal perjudicado va ser el ciudadano común, que no es empleado del Estado, que necesitaría un servicio de calidad y se verá interrumpido.
El empleado también, porque ilegalmente se le afecta los ingresos que le corresponden; y por supuesto el Estado, que tendrá que pagar en el futuro actualizaciones, indemnizaciones y honorarios de los juicios que se lleven adelante.
Pedimos responsabilidad, seriedad y compromiso en ordenar el aparato estatal, pero en un marco de coherencia con el cumplimiento estricto de las leyes y analizando la situación de las personas.
(*) Diputado provincial (MC)