La reforma del Código Penal es otro de los proyectos claves para el presidente Javier Milei, que habilitó suspender su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias con la idea de profundizar la escritura del proyecto y dedicarle el tiempo de debate necesario para su aprobación en el año legislativo. Aún en plena redacción, y con varios focos de incendios en la Patagonia, la mesa que define el articulado prevé elevar las penas para delitos vinculados a incendios intencionales, en especial contra bosques y, aunque se resiste, debate internamente la incorporación de la figura de “ecocidio”.
Ante la demanda que levanta la Unión Cívica Radical (UCR), pero también el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a raíz de la quema de 30.000 hectáreas en toda la provincia producto de un incendio forestal, la administración libertaria promete un incremento en las condenas de aquellos delitos que tengan impacto ambiental, aunque se cuidan de aclarar que las modificaciones “no están enfocadas en delitos ambientales”.
“Está previsto incorporar nuevos delitos para quienes provoquen intencionalmente incendios, lo que incluye a los bosques. También para los que trafiquen bienes culturales y exploten de manera ilegal la minería”, detalló ante Infobae una importante fuente involucrada en la redacción del proyecto.
Si bien la determinación parece estar tomada, aún resta definir la escala de años que se asignarán a quienes cometieran delitos con impacto ambiental que, anticipan, estará por encima de los tres años para evitar que sean excarcelables. “No queremos anticipar las penas, pero van a ser altas”, prometieron a este medio.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, hizo mención al tema a través de sus redes y reveló las incorporaciones al proyecto a través de su cuenta de X. “Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó.
La figura de “ecocidio” supone un debate interno entre los miembros de la mesa que, si bien coinciden en el endurecimiento de las penas, centran su resistencia al término utilizado. “Es muy hippie”, contrapuso una importante voz con acceso al despacho presidencial ante la consulta de este medio.
“No vamos a hablar de ambiente sano y esas formulaciones. No somos ambientalistas, vamos a castigar a todos los que incendien sin discriminación. No solo bosques. Provocas un incendio y vas preso”, aclaró en sintonía otro de los involucrados en el proyecto. Incluso hubo quienes intentaron explicar el sentido del mensaje hecho público por la funcionaria para evitar quedar encasillados dentro de la temática vinculada a la Agenda 2030. “Para todo aumentamos las penas. Incendias algo vas preso. No va a ser solo para bosques”, se escudaron.
Pese a los cuestionamientos, los integrantes del equipo plantearon que la tipificación de la figura es materia de debate y que la posibilidad no está cerrada. Actualmente, existen disposiciones penales en leyes ambientales especiales contempladas en ciertas partes del Código, sin embargo, el ecocidio no se encuentra tipificado como delito en el código.
“La figura está contemplada en el Código Penal, pero no está tipificada. Se debate si se incluye en el nuevo, pero sí hay aumento de penas para todos los incendios, sustancialmente de bosques”, reveló ante este medio una fuente calificada, y aclaró: “Lo que estudiamos es si se deja la figura o si queda abierto para debatir con la oposición su incorporación. Originalmente estaba, quedó subyacente en agravamiento de delitos de daños para bosques vamos a castigar a quienes incendien cosas con penas muy altas”.
Lo cierto es que el proyecto se encuentra en la etapa final, con algunos detalles por ultimar, y bajo la promesa de culminación para la primera quincena de febrero. En su redacción trabajan el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y su mano derecha, la abogada Macarena Alifraco; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el abogado penalista Fernando Soto, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.
La mesa legal, que tiene exento al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien se encuentra de licencia desde los últimos días de diciembre, se reúne cada jueves para avanzar en el proyecto que se tratará durante el período legislativo regular.
El nuevo Código Penal incluirá más de 900 artículos y persigue la idea de intensificar la política criminal y evitar “arbitrariedades” de los magistrados a la hora de evaluar cada causa. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que las hace las paga”, supo sintetizar Bullrich al respecto.
La tarea implicó la revisión del articulado actual para endurecer las penas de delitos que revisten gravedad, por lo que, pese a haber sido oficializado como parte del temario de las sesiones extraordinarias en diciembre, el mandatario resolvió que se tratara durante el período ordinario “para que se trabaje bien”. En su lógica, Milei consideró que la lista de proyectos enviada para la prórroga de las sesiones de febrero era extensa de por sí, por lo que evitó sumar un nuevo objetivo. “Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, se sinceraron ante este medio.
Infobae