En su exposición en Davos, el presidente Javier Milei afirmó – con tono pedagógico y algo de ironía – que junto a su ministra Sandra Pettovello dejarán de “darte pescado” para “enseñarte a pescar” y, si es posible, a montar tu propia empresa pesquera.
Por el Ing. José Sesma
La frase, más allá de la anécdota, buscó reforzar una idea central de su discurso: que para que exista desarrollo y progreso deben prosperar las empresas, mientras que los políticos y el Estado deben limitarse a respetar la propiedad privada.
Sin embargo, ante esa afirmación surge una pregunta tan simple como fundamental: ¿de quién son los recursos naturales?
Para ahorrarle tiempo al Presidente en la búsqueda de respuestas, la contestación es clara: los recursos naturales pertenecen al pueblo y deben ser administrados por el Estado en su nombre. En consecuencia, los inversores no son dueños de esos recursos; son, en el mejor de los casos, concesionarios.
De allí se desprende una cuestión central que suele omitirse en los debates simplificados. El aprovechamiento de los recursos naturales requiere necesariamente de una sociedad equilibrada: el pueblo aporta el recurso, que es finito y estratégico, y los inversores aportan capital, tecnología, conocimiento y capacidad de gestión para agregar valor.
Sin inversiones, los recursos permanecen bajo tierra; sin recursos, por más capital que se movilice, no hay producto posible. Ambas partes son indispensables y una depende de la otra.
Por ello, el esquema lógico y justo es el de una asociación donde el beneficio sea compartido en proporciones razonables – por ejemplo, 50 y 50 – reconociendo y respetando el valor de cada aporte. El capital no puede apropiarse del recurso, como tampoco el recurso puede transformarse en riqueza sin capital.
En definitiva, respetar la propiedad privada no significa ignorar que los recursos naturales son propiedad colectiva del pueblo argentino. Significa entender que existen dos propiedades que deben convivir y respetarse mutuamente: la del capital que invierte y la del recurso que pertenece a la Nación.
Ese equilibrio, y no la subordinación de una parte a la otra, es la verdadera base del desarrollo sostenible y del progreso que el país necesita.