Alcanza un monto máximo de $1.500.000 y su tasa se establece por valores del mercado. Serían beneficiadas “15 millones de personas”.
Mes a mes, los índices de morosidad por deudas con tarjetas provocan un mayor impacto en los hogares nacionales. Con la pretensión de comenzar a debatir una agenda alternativa a la oficialista, que podría iniciar recién desde el 1° de marzo cuando se abran las sesiones ordinarias en el Congreso, un grupo de diputados opositores prepara la presentación del “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas”.
La propuesta implica una “línea de crédito directa del ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales” cuyo “objetivo es que cancelen sus deudas con tarjetas de crédito y otros operadores no financieros de crédito pero en condiciones menos desfavorables”. El monto máximo del crédito es de $1.500.000 y en “condiciones normales de mercado” dispuesta en torno a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales. A su vez se establece una “relación cuota/ingreso no superior a 30%, con plazo a definir según capacidad de pago”.
En cuanto a su aplicación, establece que “el trabajador, el jubilado o el monotributista pide online el crédito con ANSES e identifica a qué tarjeta o fintech le debe. ANSES cancela directo la deuda con la tarjeta o la fintech y luego le cobra en cuotas a la persona. Se sustituye una deuda con tasas muy altas, que ahoga financieramente a las familias argentinas, por otra pagable y respetando las tasas de mercado”.
Según se remarca en la presentación, la iniciativa “cuida lo fiscal” porque “ANSES presta a tasas de mercado y por encima del costo de fondeo de las entidades financieras”, lo que implicaría que “es una inversión rentable para el ANSES”. “Pero también se cuida el bolsillo de las familias argentinas. Cancelan una deuda impagable con un préstamo a tasas razonables de mercado”, agregan.
La iniciativa fue presentada por los legisladores nacionales Guillermo Michel, Emir Roberto Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí, Victoria Tolosa Paz, Carlos Cisneros, Marianela Marclay (Unión por la Patria); Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).
Deuda en las familias: cuál es la situación actual
El proyecto señala que serán beneficiadas “15 millones de personas”, considerando las familias del público objetivo: jubilados y pensionados (hasta 6 jubilaciones mínimas); beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por embarazo; trabajadores en relación de dependencia (hasta 6 SMVyM); personal de casas particulares; y monotributistas A, B, C y D.
La interpretación de los autores del proyecto señala que “la situación social y económica actual de ingresos bajos y gastos fijos altos llevaron a la gran mayoría de los argentinos a endeudarse para cubrir el pago de alimentos y servicios”. “Este sobreendeudamiento de los hogares se ha concentrado en tarjetas de crédito o proveedores no financieros de crédito (OPNFC)”, detallan, aclarando que los OPNFC “son fintechs, cooperativas y mutuales, cadenas comerciales y otros prestadores de servicios de crédito que operan en segmentos fuera del sistema bancario con tasas sensiblemente más altas y condiciones financieras, en general, muy desfavorables para los deudores”.
Según las estadísticas citadas por el informe anexo al proyecto, la cartera de crédito fintech creció de $724 mil millones (entre julio del 2024 pero a valores de julio 2025) a $2,58 billones en julio de 2025. En ese sentido, apuntan que “las tasas de interés cobradas por estos operados son de 130% TNA de las OPNFC y 92% en tarjetas (con inflación de 30%)”.
“Como consecuencia, estamos presenciando un deterioro acelerado de la calidad crediticia: la irregularidad del crédito personal en OPNFC alcanzó niveles cercanos al 20% hacia noviembre de 2025. Este ratio supera ampliamente al observado en el sistema financiero regulado, que también esta en picos históricos cercanos al 8% para los préstamos a los hogares”, precisan y concluyen que “el esquema actual no es sostenible ni para los deudores ni para los prestadores”.
Fuente: Ámbito