La iniciativa incluida en la Reforma Laboral propone canalizar aportes que hoy integran el sistema previsional hacia un fondo privado, en principio, para financiar indemnizaciones por despido y para subsidiar empleadores en forma indirecta. Administrado por bancos, aseguradoras y otros actores privados del mercado de capitales, el FAL despierta críticas por su impacto sobre la ANSeS.
Según el proyecto, estos millonarios fondos de origen público podrían ser invertidos en distintos activos financieros y el propio Caputo reconoció que la reforma laboral busca “recomponer el mercado de capitales”. La comparación con el cuestionado modelo chileno.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno incorpora un mecanismo que llamaron Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que permitiría canalizar miles de millones de pesos provenientes del sistema previsional hacia el mercado de capitales, bajo la administración de un grupo reducido de grandes jugadores privados.
El FAL fue concebido como un fondo de contingencia destinado a financiar las indemnizaciones por despido. Para ello, las empresas aportarían, en principio, hasta un 3% de las remuneraciones de sus empleados, porcentaje que se descontaría de las contribuciones que hoy se destinan al sistema previsional, al PAMI y a las asignaciones familiares.
Ese punto ya genera fuertes críticas: según estimaciones privadas, implicaría una merma cercana a 0,5 puntos del PBI en la “caja de los jubilados” y funcionaría, en los hechos, como un subsidio indirecto a los empleadores.
Sin embargo, el aspecto más sensible del proyecto no se limita al origen de los fondos, sino a su destino. El Gobierno prevé que los recursos del FAL sean instrumentados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que podrán invertirlos en distintos activos financieros.
Bancos, administradoras de Fondos Comunes de Inversión (FCI), fideicomisos financieros, fintech, billeteras virtuales y sociedades de bolsa aparecen entre los potenciales administradores, y tampoco se descarta la incorporación de compañías de seguros. Es decir, los fondos públicos a disposición de la famosa ”timba financiera”.
El antecedente inmediato es el fallido Fondo de Cese Laboral, aprobado en la Ley Bases el año pasado pero rechazado en la práctica tanto por empresas como por sindicatos. Aun así, el Ejecutivo insiste con un esquema similar, aunque con ajustes.
“El FAL es un fondo de contingencia para financiar indemnizaciones; se crearán empresas a tal fin, dependientes de bancos o aseguradoras, y los fondos tendrán como destino un menú de inversiones”, explicó a Clarín una fuente oficial involucrada en la negociación.
Mientras continúan los tironeos con las provincias y persisten las dudas de algunos gobernadores sobre el destino del 3% de las contribuciones, el Gobierno acelera el tratamiento de la reforma laboral con la intención de aprobarla en febrero en el Senado. En ese marco, la CNV deberá definir qué entidades estarán habilitadas para operar el FAL y bajo qué condiciones, incluyendo la exigencia de patrimonios separados.
El negocio estaría en el cobro de comisiones por la administración de los fondos. Hoy, 59 sociedades gerente administran cerca de $78 billones en Fondos Comunes de Inversión. El ranking lo lideran Banco Galicia, Santander y Mercado Pago, seguidos por otras grandes entidades financieras locales e internacionales. La eventual entrada del FAL podría reforzar aún más la concentración del sistema.
Desde el Ministerio de Economía no ocultan el objetivo. El propio Luis Caputo reconoció que la reforma laboral busca “recomponer el mercado de capitales” y estimó que el FAL podría aportar unos 4.000 millones de dólares anuales al sistema financiero. En despachos oficiales incluso comparan el esquema con el modelo chileno de AFP, donde los aportes se invierten en fondos mixtos con resultados desiguales y comisiones elevadas, un sistema ampliamente cuestionado por la sociedad chilena.
Así, bajo la promesa de modernizar el mercado laboral, el Fondo de Asistencia Laboral abre la puerta a un nuevo negocio financiero, con recursos que hoy forman parte del sistema previsional y cuyo impacto final todavía genera más interrogantes que certezas.
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