Expendedores advierten que el costo financiero, calculado sobre el total del precio del combustible, impacta de lleno sobre márgenes y pone en jaque la sustentabilidad del sector. “Nuestro ingreso bruto real es la comisión que percibe la estación, no el precio final del combustible. Todo lo demás son impuestos y transferencias que no nos pertenecen”, señalan.
La problemática de las comisiones financieras volvió a instalarse con fuerza en la agenda del sector de expendio de combustibles. Esta vez, la advertencia llegó desde el norte del país, donde el presidente de la Cámara de Expendedores de Formosa, Ángel Bigatti, expuso con números concretos cómo el esquema actual de cobros de las tarjetas de crédito termina apropiándose de una porción significativa – y en algunos casos decisiva – de la rentabilidad de las Estaciones de Servicio.
Según explicó el dirigente, la comisión promedio que aplican las tarjetas de crédito es del 1,8 por ciento. En cualquier actividad comercial tradicional, ese porcentaje puede considerarse razonable. Sin embargo, en el negocio de los combustibles el impacto es completamente distinto.
“En una estación consignada, cuya comisión ronda el 8 por ciento sobre el precio del combustible, el 1,8 por ciento que se lleva la tarjeta representa el 22 por ciento del ingreso real de la operación. En esa venta, gana más la tarjeta que la estación”, afirmó Bigatti en diálogo con Surtidores.
Mientras la Justicia se toma su tiempo para resolver un reclamo clave sobre las condiciones impuestas por las empresas de tarjetas de crédito, los expendedores de combustibles lamentan que deben librar una batalla desigual con pocas herramientas.
El punto central del planteo es que, a diferencia de otros rubros, el ingreso genuino del expendedor no es el total que paga el cliente en el surtidor.
“Nuestro ingreso bruto real es la comisión que percibe la estación, no el precio final del combustible. Todo lo demás son impuestos y transferencias que no nos pertenecen”, remarcó. Bajo esa lógica, cualquier comisión financiera aplicada sobre el total de la operación tiene un efecto multiplicador negativo sobre márgenes que ya son extremadamente ajustados.
Bigatti contrastó este escenario con el de algunas billeteras virtuales que, según indicó, muestran un criterio más acorde a la realidad del sector. “Mercado Pago cobra alrededor del 0,8 por ciento. Ese porcentaje es razonable y demuestra respeto por los clientes y por la actividad. El problema no es el uso de medios electrónicos, sino el nivel de las comisiones que aplican ciertos actores del sistema financiero”, sostuvo.
El dirigente consideró que esta distorsión debería ser analizada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Es importante que esta información llegue a quien hoy tiene la tarea de revisar privilegios y desajustes. El sector financiero está claramente beneficiado en esta ecuación, mientras que las estaciones absorben un costo que no pueden trasladar”, señaló.
En ese sentido, Bigatti recordó que ya había elevado observaciones al presidente Javier Milei sobre el impacto de determinadas políticas financieras en la inflación. “Esa nota fue tenida en cuenta, lo que demuestra que este Gobierno escucha cuando los planteos son técnicos y fundados. Por eso creemos que también puede revisarse el tema de las comisiones”, indicó.
La preocupación del sector se profundiza al considerar el peso de la carga tributaria. Del precio final del combustible, cerca del 40 por ciento corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales. “Las tarjetas cobran su comisión sobre un monto que en gran parte son tributos. Es un sinsentido que el costo financiero recaiga sobre la estación cuando ese dinero no forma parte de su ingreso”, explicó Bigatti.
Incluso, el titular de la cámara formoseña fue más allá y planteó una alternativa provocadora: “Si las comisiones se calculan sobre el total del precio, entonces deberían cobrárselas al Estado, porque una parte sustancial del valor del combustible son impuestos”. Para el dirigente, seguir cargando ese costo sobre el expendedor implica profundizar el ahogo financiero de una actividad regulada, sin capacidad de fijar precios ni condiciones de cobro.
Bigatti también vinculó esta problemática con otras distorsiones históricas, como la aplicación de tasas municipales que toman como base imponible los ingresos brutos totales. “Costó años hacerles entender a provincias y municipios que estaban asfixiando a las estaciones. En algunos casos lo admitieron, pero elevaron alícuotas y el perjuicio continuó. Con las comisiones pasa algo similar: se minimiza su impacto porque no se entiende cómo funciona nuestro negocio”, afirmó.
Finalmente, el presidente de la Cámara de Expendedores de Formosa insistió en la necesidad de visibilizar el problema y darle un tratamiento específico. “No estamos pidiendo subsidios ni privilegios. Solo que se entienda que una comisión del 1,8 por ciento puede parecer baja, pero en nuestra actividad se lleva más de una quinta parte del ingreso real. Confiamos en que el ministro Sturzenegger pueda intervenir para ordenar esta inequidad y poner límites a un esquema que hoy favorece claramente al sector financiero”, concluyó.
Surtidores